Cada 25 de noviembre conmemoramos la partida de las hermanas Mirabal quienes fueron asesinadas por el régimen autoritario de Trujillo en República Dominicana en 1960. El movimiento feminista latinoamericano en el primer encuentro de mujeres de Latinoamérica y del Caribe de 1981, en Bogotá, tomaron la fecha para recordar a estas mujeres asesinadas declarándola como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer. Recién en 1999 la Asamblea general de la ONU reconoce esta fecha a nivel mundial.
En nuestro país hemos tenido amplios debates, tensiones y avances en materia de protección de los derechos de las mujeres víctimas del flagelo que implican las violencias. La orientación de la primera legislación que creara Chile en 1994 – sobre la violencia intrafamiliar- se ha mantenido en la legislación que fuese reformada en 2005 en el contexto de reformas a la justicia familiar y penal. El énfasis ha estado puesto en la protección de las familias en tanto que unidad fundamental de la sociedad, en que estas son violencias de la esfera íntima y sobre todo producto de conflictos de pareja. Con todo la realidad social nos muestra que las violencias contra las mujeres no solo tiene distintas formas: psicológica, física, sexual, económica, vicaria, sino que también los espacios en las que ellas se ejercen son diversos: el trabajo, en la educación, en instituciones de salud, en la calle. Por lo demás no siempre provienen de una relación conyugal-sentimental, sino que lamentablemente se dan en una sociedad donde ser mujer o no seguir la heteronorma tiene un precio: invisibilización o desvalorización de nuestro trabajo, violencia por expresión de género, no permitirnos tomar decisiones de forma autónoma, entre otras.
Chile posee una gran deuda respecto al reconocimiento, prevención y modos de tratar las violencias. Un avance importante que se ha podido consolidar en los últimos años es la promulgación de una ley sobre femicidio en 2010, y que fuera reformada el año 2020, con la conocida Ley Gabriela, la cual encuentra su origen el asesinato de una joven por parte de su ex pareja (pololo). Estas legislaciones son las primeras que logran en lo formal establecer que las mujeres estamos en una situación de especial vulnerabilidad y que estos asesinatos responden a desigualdades de poder que se dan al interior de una sociedad patriarcal. Estas desigualdades y situaciones de violencia y discriminación deben ser prevenidas por parte el Estado. Si nos centramos fundamentalmente en el castigo el Estado llegará siempre tarde: debemos enfocarnos en una educación no sexista y de calidad, en tener educación sexual integral para evitar así la violencia sexual y poder tomar decisiones de forma autónoma, en la redistribución de los cuidados y un rol activo por parte del Estado en estos, en acompañar durante el proceso a quienes son víctimas de violencia, en involucrar a la comunidad, entre tantas otras cosas.
Creemos asimismo que es fundamental poder educar y capacitar a operadores de justicia para no revictimizar y poder mejorar el acceso a la justicia. En este sentido, debemos recordar que el enfoque de género es un concepto que, de acuerdo a tratados internacionales suscritos por Chile, está llamado a ser integrado por las y los actores de la justicia, pero que aún es difícil de instalar por algunas lógicas tecno-operativas y prejuicios del Poder Judicial que hemos podido observar durante los diez últimos años en nuestras investigaciones.
El 25 de noviembre es en un día en el cual podemos observar cada paso que hemos avanzado, los cuales sin duda han implicado años de lucha tanto para mujeres como para sus familias y personas cercanas. Hoy por hoy se reclama que Chile debe avanzar hacia una ley de violencia integral que busque erradicar el maltrato, fomentar la prevención, y generar mejores condiciones de protección para las mujeres. Sin embargo, el miedo siempre está presente, no seríamos el primer país de la región en poseer una ley integral de violencias, algunos como es el caso de Argentina, México, Uruguay, incluso recientemente la República Dominicana. No obstante, ¿la violencia se erradica solamente a partir de legislaciones? Por supuesto que no, apoyan, ayudan y comprometen al sistema político. Pero lo que queremos es que el derecho deje de ser letra muerta, que existan incentivos y un trabajo real para reconocer, proteger y garantizar el derecho humano de las niñas, mujeres y disidencias a vivir una vida libre de violencias.
Fabiola Miranda Pérez, Doctora en Ciencia Política, Integrante Red de Politólogas
Lieta Vivaldi Macho, Académica Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado
