El 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario. Es, sobre todo, una oportunidad para que las universidades- y particularmente para las del Estado- nos hagamos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿estamos siendo realmente coherentes entre los principios que declaramos y las acciones que implementamos en materia de equidad de género?
En efecto, las universidades estatales no somos un servicio más en el mercado. Somos instituciones proveedoras de bienes públicos en su sentido más pleno: producimos conocimiento de excelencia que pertenece a la sociedad y, al mismo tiempo, que tendríamos el deber de comprometernos con la disminución de la brecha de género y con toda otra forma de desigualdad.
Las cifras no mienten, y es hora de nombrarlas con precisión. Según el Informe de la Mesa +Mujeres en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación (2025), en Chile sólo el 7,5% de las empresas de base científico-tecnológica está liderada exclusivamente por mujeres. Entre 2017 y 2023, los proyectos de investigación e innovación liderados por mujeres recibieron, en promedio, menores montos de financiamiento público que los liderados por hombres, diferencia que persiste incluso en los años más recientes. Cerca del 40% de esas empresas no cuenta con participación femenina en roles estratégicos.
No ocurre por falta de talento. Ocurre porque las condiciones estructurales no son equitativas. Y las universidades del Estado también somos parte de esas condiciones desiguales.
El informe Tendencias de Brechas de Género del CUECH (2022), registra que en el sistema universitario chileno las mujeres seguimos siendo minoría en los cargos de decisión, en las jerarquías académicas más altas y en los fondos de investigación de mayor envergadura. Es decir, la brecha salarial de género persiste, más aún si las variables de segmentación son la jerarquía académica y el área del conocimiento.
El trabajo doméstico y de cuidado, mayoritariamente ejercido por mujeres, continúa siendo invisibilizado o careciendo de medidas de apoyo concretas en las políticas de bienestar y calidad de vida. Esto no es un problema privado de las académicas y funcionarias, sino un problema estructural que las universidades del Estado tienen la obligación de abordar.
A nivel global, los marcos más avanzados de educación superior, han incorporado lo que se conoce como responsabilidad institucional con la equidad de género: el compromiso explícito de que la institución no solo no discrimina, sino que actúa activamente para desmantelar las condiciones que perpetúan la desigualdad. Esto supone trascender la mera retórica denunciativa -que puede haber sido muy necesaria en un primer momento-, e implementar políticas, infraestructuras y procedimientos concretos que permiten la corresponsabilidad efectiva en los cuidados, posibilitando condiciones de trabajo flexibles y evaluaciones de desempeño que no penalicen las interrupciones de carrera asociadas a la maternidad o al cuidado de personas dependientes.
En la Universidad de Santiago de Chile, Usach, creemos que el cuidado es un asunto de justicia social, no de beneficencia. Y que la universidad es parte de ese “co” de la corresponsabilidad con las generaciones futuras, uno que muchas veces no se resuelve en la vida privada ni con las estructuras familiares tradicionales de madre y padre.
Una universidad que cuida a quienes la hacen posible, es decir, a su estudiantado, mundo académico y funcionariado, es una universidad más productiva y coherente con su misión pública. No se trata de "ayudar a las mujeres", sino de reconocer que el bienestar es una condición de posibilidad para el desarrollo pleno de los talentos, de la creatividad, del conocimiento, de la ciencia de frontera y de la convivencia democrática.
Las universidades del Estado, comprometidas con la inclusión, la diversidad y la cohesión social, debemos mirar estas realidades con instrumentos más finos, con políticas que perfeccionen el entendimiento de la equidad como una práctica cotidiana para “nivelar la cancha”, lo que requiere, en un primer momento, no tratar a todas y todos por igual, sino que entregar a cada persona lo necesario para que estemos, en lo material e interaccional, en igualdad de condiciones.
Las mujeres que ocupamos cargos de responsabilidad en las Universidades estatales, hemos asumido un compromiso genuino, no desde la excepcionalidad de ser mujeres, sino desde la convicción de que el liderazgo institucional debe ser un ejercicio de responsabilidad con lo colectivo y que aportamos una mirada diferente. Esa responsabilidad, en una universidad del Estado en el siglo XXI, incluye, sin negociación posible, construir una institución donde el género no sea una variable de desventaja.
En este 8M debemos insistir en que las brechas persisten y recordar que las prácticas no cambian por decreto. Los derechos sociales se construyen y se perfeccionan, asumiendo compromisos reales. Las universidades, sobre todo las estatales, tenemos la obligación y la capacidad de estar a la altura de este desafío: pasar del discurso a la acción.
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Andrea Mahn Osses, Vicedecana de Investigación y Postgrado, Facultad de Ingeniería y Consejera Universitaria de la Usach.
