Cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nos invita a reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de equidad de género, pero también sobre las brechas y desafíos que persisten en la sociedad chilena. Es un día de lucha, de resistencia y de reivindicación de los derechos que aún nos son negados en un sistema patriarcal y neoliberal que perpetúa las desigualdades.
El avance de las extremas derechas en Chile y en el mundo ha puesto en jaque derechos que dábamos por conquistados. El feminismo no solo enfrenta la resistencia del patriarcado tradicional, sino también un retroceso sociopolítico impulsado por sectores reaccionarios que buscan deslegitimar nuestras luchas. El discurso de odio hacia las mujeres y las disidencias sexuales se ha intensificado, desde la negación de la violencia de género hasta la criminalización de las demandas feministas. En este contexto, resistir no es solo una opción, sino una necesidad urgente para evitar que las conquistas de décadas sean arrebatadas por quienes buscan mantener el statu quo.
Cada año repetimos las mismas demandas, las mismas consignas, los mismos gritos de justicia. Y aunque ha habido avances, estos son lentos, insuficientes y, muchas veces, simbólicos. Nos cansa la indiferencia, el oportunismo político que se viste de feminismo en marzo y se olvida el resto del año. Nos cansa que la igualdad se nos prometa en discursos, pero no en políticas reales que cambien nuestra vida cotidiana. Nos cansa ver cómo una y otra vez la historia se repite, y cómo seguimos exigiendo derechos que deberían ser básicos e incuestionables.
A pesar de los importantes progresos en las últimas décadas, las mujeres en Chile siguen enfrentando profundas desigualdades en diversos ámbitos. En el mundo laboral, la brecha salarial de género es una de las más evidentes, con mujeres ganando en promedio un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, la participación laboral femenina sigue siendo inferior, en parte debido a la carga desproporcionada de tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, que recae mayoritariamente en las mujeres. De hecho, las labores de cuidado, tanto de niños como de adultos mayores y personas con discapacidad, son ejercidas en su mayoría por mujeres, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho al cuidado digno y corresponsable siguen siendo insuficientes, reflejando la indiferencia de un modelo económico que prioriza la ganancia sobre el bienestar social.
Otro desafío fundamental es la violencia de género, un problema estructural que afecta a miles de mujeres en el país. A pesar de las campañas de concientización y las reformas legales, las cifras de femicidios y agresiones siguen siendo alarmantes. Garantizar una vida libre de violencia requiere no solo un fortalecimiento de las leyes, sino también cambios culturales profundos, una mayor protección institucional y un Estado comprometido con erradicar la impunidad. La precarización de la vida de las mujeres, especialmente de aquellas en situación de pobreza, migrantes, disidencias sexuales y trabajadoras informales, las expone aún más a situaciones de violencia y vulnerabilidad.
En el ámbito político y de toma de decisiones, si bien se han implementado medidas como la paridad de género en cargos de elección popular, la representación femenina en espacios de poder aún es insuficiente. Las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a cargos de liderazgo en el sector público y privado, lo que limita la diversidad y equidad en la toma de decisiones. Es fundamental avanzar hacia una democracia verdaderamente feminista, donde la participación política de las mujeres no solo sea garantizada, sino que también transforme las estructuras del poder patriarcal.
El acceso a la salud y a la educación también presenta retos importantes. A pesar de los avances en materia de acceso, persisten desigualdades en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, así como en la garantía de una educación libre de estereotipos de género. La despenalización del aborto, la educación sexual integral y el acceso a servicios de salud de calidad siguen siendo demandas urgentes de los movimientos feministas y de derechos humanos.
A lo largo de la historia, muchas mujeres chilenas han abierto camino en la lucha por la igualdad y han dejado una huella imborrable en diversos ámbitos. Desde Gabriela Mistral, la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, hasta Elena Caffarena, pionera en la conquista del derecho a voto femenino, estas figuras han inspirado a generaciones. También destacan Violeta Parra, cuya música y arte visibilizaron la realidad social del país, y Gladys Marín, incansable luchadora por la democracia y los derechos humanos. Su legado nos recuerda que el avance en derechos es producto del esfuerzo colectivo y de la valentía de quienes han desafiado las estructuras de poder. Hoy, las nuevas generaciones de feministas continúan esta lucha en las calles, en las universidades, en los sindicatos y en cada espacio donde se exige justicia e igualdad.
Este 8 de marzo, es imprescindible reafirmar el compromiso con una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y discriminación. La equidad de género no es solo una demanda feminista, sino una necesidad para el desarrollo pleno y sostenible de Chile. No basta con reformas superficiales; se necesita una transformación radical de la sociedad, donde el feminismo sea el motor del cambio hacia un país más digno, inclusivo y emancipador.
Rossana Carrasco Meza, Cientista Política PUC, Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y local U. de Chile