Conmemoramos 40 años de la puesta en marcha de la Operación Cóndor y su trágico resultado para las aspiraciones de justicia social que habían acumulados los pueblos latinoamericanos. Hoy traemos a la memoria a la red represiva más compleja que conociera el cono sur, aquella que reunió, coordinó y concertó a los servicios de inteligencia militar de toda América Latina, con el fin de perseguir y asesinar a los demócratas, luchadores sociales y líderes latinoamericanos, considerados amenazas reales o potenciales de resistencia activa a las dictaduras de los años 70 que dominaban a nuestros pueblos. Estamos conmemorando este hito, en esta casa de Londres 38, Espacio de Memorias, desde donde más de 40 personas que estuvieron secuestradas en este lugar, fueron desaparecidas en virtud de ese Plan.
La Operación Cóndor diluyó las fronteras de los países antes que el avance de las tecnologías o los tratados de libre comercio que trafican hoy con las mercancías del capital financiero que nos reducen a la condición de consumidores. La Operación Cóndor dejó atrás los nacionalismos y la defensa de los espacios limítrofes, no importaron las banderas ni todos aquellos supuestos símbolos patrios con los que antaño, y quizás todavía ahora, los poderosos colocan a los pueblos unos frentes a otros en las guerras. De los 12 estados que conforman la América del Sur, un total de 8 de ellos formaron parte de ésta red especializada en contrainsurgencia y adiestrada en la doctrina de la seguridad nacional, expresión latina de la guerra fría diseñada por los Estados Unidos. Eran los denominados conflictos de baja intensidad, donde las fuerzas armadas locales de cada país se proponían eliminar a sus propios conciudadanos. Una nueva forma de guerra, la guerra irregular, en las que no hay líneas estables, sino frentes en toda la población. Y la Operación Cóndor alineó los recursos militares de los Estados al servicio de la información de inteligencia, de la contra información y de desinformación de la población. Derivó en la construcción de una base de datos de personas llamadas “subversivos”, lo que les permitió la eliminación selectiva de luchadores sociales y militantes de izquierda en todos los países, además de la consolidación del Terrorismo de Estado como política de sometimiento. Permitió además el montaje de operaciones conjuntas contra líderes opositores y más aún, realizar acciones fuera de la zona de control de la Operación Cóndor, como aquellas realizadas por miembros del ejército chileno en Estados Unidos e Italia. Esta red significó que cerca de un 70% de los países del cono sur tuviesen a sus respectivas poblaciones completamente controladas y sometida por sus ejércitos, policías y demás grupos de paramilitares. La Operación Cóndor dio vida a uno o varios escuadrones de la muerte plurinacionales en los que muchas veces participaban altos oficiales de inteligencia militar y policial, asignados a las agregadurías consulares y a otras unidades de representación diplomática y económica de los países.
Los Estados y Gobiernos de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador fueron activos en proporcionar toda la logística necesaria para transitar con seres humanos en calidad de prisioneros, torturados, unos vivos, otros muertos, quizás otros llevados a su destino final, sin registro en las fronteras, sin obstáculos para cruzar los espacios aéreos y terrestres y tal vez también el marítimo. El robo de bebés, los niños y niñas apropiadas a las personas desaparecidas, eran entregados en adopción en otros países con el único propósito de impedir que fuesen encontrados. Sólo en Argentina se habla de más de 500 niños y niñas robadas de las cuales cerca de 150 solamente han sido recuperados y entregados a sus familias. En Chile, del total de detenidos políticos, se calcula que un 10% de ellos fueron asesinados; en Argentina, el 80% de las personas prisioneras fueron asesinadas.
Todos estos países al término de las dictaduras han realizado procesos de transición política, bajo el control de los militares, resultando así completamente restringidas las aspiraciones de verdad, justicia y de reparación integral, en relación a los crímenes cometidos y al daño causado. Todos esos países antes del término de las dictaduras promulgaron leyes de amnistía, aún vigentes. El terrorismo de Estado que sembró el miedo como factor de control de la población, mantiene aún sus efectos porque la impunidad a pesar del tiempo transcurrido, no ha retrocedido lo suficiente y en algunos países más que en otros, ha sido gracias al arduo esfuerzo de los sobrevivientes y de los familiares, que han obligado a algunos Estados a ceder, a juzgar y a encarcelar a los violadores de derechos humanos. Es que la Operación Cóndor, la Operación Colombo -y otras operaciones que terminaron con el asesinato de Letelier en Estados Unidos, el atentado a Leighton y su esposa en Italia, el asesinato del General Prats y su esposa en Argentina, el asesinato de Frei Montalva, entre otros y cuyos nombres desconocemos-, han sido protegidas por el secreto y el silencio, no sólo de las fuerzas armadas y sus servicios de inteligencia, sino también de los pactos realizados por los civiles en las transiciones controladas. Cada paso para llegar a la detención de un violador de derechos humanos, al menos en el caso chileno, ha sido obra y gracia de la persistencia de abogados, sobrevivientes y familiares y, más recientemente, de la declaración de un militar, de un testigo, tal como lo hemos vimos en el caso de Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana que fueron quemados vivos por miembros del ejército, ahora identificados. Muchos de esto agentes perpetradores están en funciones y contratados en los cuarteles o dictando cátedras en Universidades, entregando formación de las nuevas generaciones. En el caso de Carmen Gloria que sobrevivió al ataque de la patrulla militar, la democracia y los tribunales de justicia no fueron capaces de identificar a los culpables en casi 30 años de acontecido los hechos.
Los agentes estatales violadores de los derechos humanos que han sido procesados y condenados en Chile, en su gran mayoría fueron entrenados en la Escuela de las Américas o se graduaron en centros de entrenamiento de las fuerzas armadas de los Estados. Estos centros desde los años 50 y 60 hasta la fecha han entrenado a más de 64 mil soldados de 18 países del continente americano. Ellos, como se señala en Voces en Solidaridad del SOA WATCH, “proporcionan apoyo a la política exterior de Estados Unidos, protegen los intereses económicos de las grandes corporaciones instaladas en los países de América, sobre explotan a sus poblaciones y a los recursos naturales en todos los países latinoamericanos”. En Argentina también estuvo presente desde principio de los sesenta la escuela de formación de los franceses, con instructores que participaron de la represión en Argelia, experimentados en el funcionamiento de los escuadrones de la muerte.
Durante la Operación Cóndor, funcionaron además, los campos de entrenamiento clandestinos en Buenos Aires, en Brasil, en el Centro de Entrenamiento de Manaos. Hoy las estrategias de entrenamiento consideran bases militares norteamericanas al interior de los países, como Fuerte Aguayo en Con Con, pero las hay también en Argentina, en Paraguay, Colombia y Brasil. Las operaciones militares conjuntas hoy se realizan entre países y en los límites de sus fronteras especialmente, so pretexto de la droga y la inmigración ilegal. En estos momentos Chile y Perú están haciendo maniobras militares en la frontera cercana a Bolivia país que decidió no enviar más soldados a la Escuela de las Américas. La red militar y de inteligencia de los ejércitos latinoamericanos hoy ya no está sólo en manos de los ejércitos locales, sino que pauteados por las redes coordinadas desde la DEA, la Interpol, la CIA y quizás otros organismos que desconocemos.
La refundación de nuestro país consagrada con la Constitución política que nos rige, entrega la soberanía y la capacidad de decisión sobre temas relevantes que nos conciernen a todos y todas, a las instituciones guardianas del sistema político y económico heredado de la dictadura: Tribunal Constitucional, Consejo de Defensa del Estado, ramas de la defensa nacional, federaciones y confederaciones empresariales, el quorum calificado en el parlamento para cambiar aquellas leyes que aseguran la reproducción del sistema de expoliación. En fin, la dictadura nos despojó del derecho a la autodeterminación como pueblo. Todas las leyes de excepción siguen presentes. Todas las normas que permitieron formar la casta empresarial criolla de hoy, siguen vigentes o en su defecto la transición post dictadura las ha perfeccionado. De este modo la explotación forestal, la extracción minera, el aseguramiento de las fuentes de energía para garantizar el funcionamiento de las grandes explotaciones extranjeras, la privatización extrema de todos los bienes y recursos que nos dio la naturaleza como el agua, el mar y sus frutos, entre otros, ya no pertenecen a todos las personas que habitamos Chile.
La destrucción cotidiana de nuestro entorno, el deterioro creciente de la calidad de vida que aspiramos, el impedimento del goce de los derechos que nos asisten por nuestra condición humana, son las miserias construidas desde que en Chile y otros países de América Latina, funcionó la Operación Cóndor. Porque su diseño y ejecución posibilitó la instauración del sistema económico actual, del extractivismo a ultranza que nos depreda y destruye todos los bienes que nos son comunes.
Desde hace ya varios años, asistimos al renacer de nuevos movimientos sociales en Chile que comparten en común ser abiertamente anti neo liberales. El primero de ellos y el más tenaz ha sido el movimiento y lucha del pueblo mapuche porque éste, al igual que otros pueblos originarios que sobreviven en Chile, tiene una cosmovisión religiosa, cultural, social y económica que colisiona frontalmente con el sistema neoliberal. Pero también hemos asistido asonadas territoriales como en Aysén, Magallanes, Caimanes, Salamanca, Pelequén, Putaendo, Petorca, y otros lugares, donde los pobladores, convocados en asambleas cívicas se han organizado para protestar y sacar de sus territorios a empresas contaminantes del medio ambiente, destructoras de la biodiversidad, contaminadoras y apropiadoras del agua para el consumo humano y el regadío. A esto se suma el movimiento generado por los estudiantes secundarios y universitarios que desde el 2006 y el 2011 con más fuerza se tomaron las calles para reclamar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, colocando de manifiesto el lucro empresarial frente al ineludible derecho a la educación, como un deber del Estado.
Sin duda todos estos movimientos sociales, comparten un elemento en común: todos ellos se han planteado el término de un aspecto estratégico del Estado dictatorial heredado, todos ellos apuntan al cuestionamiento profundo de las bases de refundación social hecho por la dictadura. Por ello, la represión no ha sido pasiva frente a los movimientos sociales, ha actuado en contra de ellos con una violencia que raya en la barbarie: se repiten las torturas, las detenciones arbitrarias, los secuestros, los montajes, los asesinatos y por cierto, la impunidad. La desinformación de la población, las estrategias y actos criminales contra quienes protestan, la búsqueda de rechazo de quienes son pasivos, para colocarlos contra los que se manifiestan; las falsas acusaciones, los testigos sin rostro, cuyos testimonios permite encarcelar y condenar a altas penas de prisión a los opositores al sistema, especialmente si son mapuche, estudiantes y jóvenes denominados por las fuerzas policiales como anarquistas, anti sistémicos, veganos, ocupas.
Desde la Comisión Ética contra la Tortura venimos alertando de estas y otras situaciones que vienen aconteciendo y en nuestro reciente informe 2015, al que titulamos Chile: Derechos Humanos o Barbarie, estimamos se gráfica y documenta lo que está aconteciendo ante nuestros ojos. A nuestro juicio la represión transita peligrosamente desde la criminalización de la protesta social, a una política de velada contrainsurgencia, donde las a acciones criminales quedan impunes, dando paso a la barbarie, especialmente en zona mapuche. En el último mes, dos ingredientes avalan nuestro planteamiento:
Primer elemento: el miedo. En relación a la zona de La Araucanía, desde hace unos meses, los medios de comunicación actúan concertadamente al igual que los empresarios cuando nos roban. Se busca justificar el miedo y la rabia de una población que según sus publicaciones, se encuentra indefensa, nos hablan del miedo en el que viven los colonos, se hacen grandes reportajes y entrevistas a las víctimas de las acciones de las comunidades mapuche en conflicto. Todos fuimos testigos de la protesta organizada por los camioneros; dicen que tienen miedo a que los mapuche les quiten sus tierras que por años han trabajado; miedo a que los ataquen; que les quemen sus maquinarias, sus campos, sus camiones, etc, etc,. Acusan ineficiencia gubernamental y judicial, piden mano dura, estigmatizan y generan reacción adversa contra el pueblo mapuche, para impedir y bloquear todo atisbo de solidaridad con las comunidades de parte del pueblo chileno y de paso, hacen llamados a tomarse la justicia por su propia mano, legitimando la acción de grupos para militares como el Trizano y otros que han actuado en concomitancia con la policía uniformada y los equipos tácticos antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (ERTA) contra luchadores mapuches y sus comunidades.
Segundo elemento: La primera semana de octubre del año 2015, visitó Chile invitado por El Mercurio y estuvo dando conferencias, David Petraeus, ex director de la CIA, experto militar que dirigió las operaciones estadounidenses en Irak, “hasta estabilizarla” según relata la Revista Qué Pasa “hizo girar la situación iraquí en 180 grados y transformar, en apenas 19 meses, una derrota segura en una victoria”; este general de cuatro estrellas también combatió en, Bosnia, Afganistán, Kuwait, llegando a ser jefe de la CIA, en el gobierno de Obama.
Petraeus vino a dar una charla sobre liderazgo en situaciones de crisis, él se hizo experto en crisis, crisis donde actuaba militarmente con grupos especializados de asalto. Señala que los escenarios hoy son tan cambiantes que se requiere formar líderes adaptativos y flexibles que puedan timonear las diferentes y cambiantes situaciones financieras y de negocios en la economía actual. Estrecha relación hace Juan Ignacio Brito, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes, entre represión y sistema económico neoliberal, al escribir esta nota en la Revista Qué Pasa del 9 de octubre.
Este decano columnista de la revista Qué Pasa, dice que Petraeus poco conoce de lo que acontece en La Araucanía, pero que ciertamente dada su experiencia, él bien podría tener algo que decir ante la crisis que se ha producido por la ineficiente acción gubernamental, o por el avance que han tenido las comunidades organizadas; señala “quizás tendría mucho que aportar para resolver el problema en La Araucanía. Porque, aunque está muy lejos de ser una guerra irregular, como las que el general enfrentó en Irak, el conflicto en el sur de Chile reúne varias de las características que hacen recomendable aplicar allí algunas de las recetas del Manual de Contrainsurgencia que Petraeus aplicó con éxito en Irak”.
Petraeus y su grupo llamado COINdinistas, conformado por altos oficiales y civiles cobraron fuerza al interior del Ejército de Estados Unidos y se llaman así porque colocan la contrainsurgencia como objetivo en el futuro ya que postulan entre otras líneas de pensamiento que los conflictos no serán entre ejércitos regulares, que de hecho se asiste a las últimos de ese tipo; que deben prepararse para la guerra urbana y crear naciones desde cero, fomentando la lealtad de su población.
De ahí que para La Araucanía la receta sería lo que este experto militar ha diseñado en sus manuales de contrainsurgencia; en un conflicto lo que importa no es conquistar territorio ni aplastar al rival, sino conseguir la lealtad de la población civil pada desactivar el poder de los insurgentes.
Según la revista qué pasa, David Galula, oficial francés que combatió en Argelia a los grupos anticolonialistas, recomendaba un proceso en 4 pasos:
• Concentrar fuerza para desalojarlos del área de conflicto.
• Repelar un eventual retorno
• Establecer contacto directo con la población para ganar su confianza y cortar sus vínculos con los rebeldes
• Destruir su organización política.
David Petraeus recomienda en uno de sus tantos manuales de combate a la contrainsurgencia que aplicó en Irak, que es necesario siempre delinear una estrategia de intervención que tenga a lo menos los siguientes elementos:
• Mezclarse con la gente, abandonando los sitios seguros donde se recluían e ir a residir en pequeñas unidades de seguridad en los barrios de la capital.
• Racionalizar el uso de la fuerza, pues ésta a menudo alimenta la insatisfacción y el resentimiento e impide la victoria en el largo plazo.
En suma, esta estrategia destinada a atraer “los corazones y las mentes”, según la propia revista qué pasa, resulta 20% militar y 80% política. En resumen, es económica y efectiva.
Cabe preguntarse, entonces, qué hace que la revista Qué Pasa y El Mercurio sintonicen el conflicto mapuche con la lucha contrainsurgente librada al otro lado del planeta sin que ninguna autoridad de gobierno, ni entidades defensoras de los derechos humanos institucionales digan NADA?
¿Somos quizás ya objeto de las estrategias destinadas a generar confianzas en un grupo de la sociedad civil, para aislar a los mapuche, a los estudiantes u otro grupo social que se manifieste contrario al orden establecido?
Así como ayer, la Operación Cóndor despertó la solidaridad internacional, no podemos seguir indiferentes a los nuevos perfeccionamientos que han tenido las redes criminales nacidas bajo el influjo de las dictaduras militares y que hoy tienen carácter mundial. Debemos seguir impidiendo que soldados y policías se entrenen en la Escuela de las Américas y terminar por cerrar las bases militares norteamericanas en nuestros territorios. Debemos recuperar la capacidad organizativa del pueblo para asumir desde sus propias fuerzas las catástrofes ocasionadas por la naturaleza que no sabemos cuánto tienen de naturales, pero que ha significado al menos en Chile, la toma del control por parte de las fuerzas armadas de las zonas en catástrofes, naturalizando su relación de confianza con la población civil.
Es necesario que las organizaciones sociales nos convoquemos en solidaridad con los pueblos que son oprimidos dentro y fuera de Chile, especialmente en América Latina. Urge actuar en favor de la libertad de los presos políticos mapuche y no mapuche que están siendo objeto de montajes como ha sucedido con los estudiantes de la UMCE luego de ser brutalmente torturados.
Finalmente, es necesario, que breguemos por una nueva constitución, que declare al Estado plurinacional, multicultural, respetuoso de los derechos humanos, soberano y dueño de su destino, sin intervención de ninguna potencia extranjera que coloque en peligro de exterminio a nuestro pueblo.
Juana Aguilera es presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura. www.contralatortura.cl
3 de noviembre de 2105
