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En este numero:

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Alcaldía de París, empresa petrolera Total y el calentamiento global: una señal de consecuencia y de responsabilidad política. Por Freddy Sebastián Medina

En la víspera al día mundial por el medio ambiente, el gobierno de Chile, quien organiza la COP25, anuncia el cierre paulatino de las centrales termoeléctricas en base a carbón, como un compromiso.

Sin embargo, se debe considerar que Chile es un país que no tiene emisiones significativas de gases efecto invernadero a nivel global, sino más bien tiene urgencias ambientales que atender, como casos de contaminación y envenenamiento de población civil, tales como la emergencia de Quintero – Puchuncaví o en el caso de polimetales en Arica y Parinacota. Al mismo tiempo, aún siendo un paso hacia delante el comprometer el cierre de termoeléctricas a carbón, no existe una política más detallada de como reemplazar esas fuentes de energía ni de un desarrollo económico sustentable, siendo el norte de Chile -y Arica- una zona con la mayor irradiación solar del planeta.

Entonces, resulta necesario observar esta coyuntura en el contexto internacional: En Francia, donde se firmó el acuerdo por detener y adaptarse al cambio climático, en el marco de la COP21 (2015), este Martes 4 de Junio, la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, encabezados por la Alcaldesa, Anne Hidalgo, declararon la no idoneidad de la empresa de petróleo "Total", como auspiciador de los Juegos Olímpicos (JO).

Esto se debería a la incompatibilidad de las acciones de la empresa con los acuerdos ambientales, firmados en París. En consecuencia, el Gerente general de Total, confirmó el retiro de la empresa de los auspiciadores de los JO 2024.

Sin embargo, desde Santiago de Chile, sede de la COP25, donde se buscará urgentemente implementar el acuerdo de París (en Diciembre de 2019), se permanece en silencio por la reciente apertura de la Central Termoeléctrica a carbón de la empresa ENGIE (cuya casa matriz está en París), además de no adherir (firmar) al acuerdo internacional por la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú. Además, el gobierno de Chile busca urgentemente aprobar el TTP11, comprometiendo la soberanía del uso de los recursos naturales de éste país.

En este escenario de antítesis, el crecimiento económico, pese a no ser "frenado" siquiera por medidas ambientales y de seguridad sanitarias deficientes (ej. el caso Quintero – Puchuncaví), muestra -claramente- que la generación de riquezas no llegan equitativamente a la ciudadanía en Chile, sino más bien contaminación significativa por décadas.

Tal vez, el ejemplo de la acción de Anne Hidalgo (alcaldesa de París), merezca la pena de ser emulado en Chile, al menos en el sentido de hacer hincapié en una responsabilidad social empresarial; pero por sobre todo, de hacer valer una responsabilidad política por encausar la mitigación del calentamiento global y salvaguardar el estado ambiental local.

Freddy Sebastián Medina
Académico en ciencias ambientales
Consultor independiente

Martes 4 de Junio de 2019

 
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