Un balance a la administración y conducción política del gobierno de Piñera, que deja como saldo grave incremento de la desconfianza a la institucionalidad y creciente descontento social por políticas públicas que acentúan las desigualdades y posibilita el abuso, entregó el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), ad portas del último Mensaje del 21 de Mayo.
De acuerdo a este análisis de lo realizado por el actual gobierno, y a 10 meses de su término, la aplicación de la política y gestión pública no ha tenido mayores impactos y significados porque no abordó la deuda de inclusión social. Señala el informe que las tres leyes de Presupuesto en forma progresiva acentuó la focalización del gasto público, haciendo oídos sordos a la demanda social por mayores garantías a los derechos sociales.
En el plano de la generación de empleos y de derechos laborales, indica el estudio que el actual gobierno agudizó las tendencias precarizadoras a costa de alcanzar la meta del pleno empleo. Y estos “nuevo y buenos” empleos serían en verdad “subempleo”, porque “no están afectos a la legislación laboral, porque su duración es incierta, y no cuentan necesariamente con seguridad social”.
Sobre la generación de la nueva institucionalidad en Desarrollo Social, que superó a Mideplan, el gobierno de Piñera cambió el enfoque del sistema de Protección Social de los últimos dos gobiernos de la Concertación hacia un sistema de oportunidades individuales, donde “la superación de la pobreza dependería de la gestión y la eficiencia en el gasto, y no de factores estructurales como la desigualdad social”, dice el balance de ICAL.
Otro aspecto que habría quedado al debe de esta administración es la política medioambiental y de generación de energías. Aquí los esfuerzos del Ejecutivo de presentar iniciativas comprensivas de la relación naturaleza y sociedad resultaron insatisfactorios, porque se toparon con su identificación con los grupos económicos. Piñera intentó “profundizar la injerencia privada en la explotación, gestión y propiedad de los recursos naturales del país, y en particular de aquellos estratégicos para el desarrollo”, pese a los severos impactos en las comunidades locales y en el patrimonio natural y a la demanda social de respeto por el medio ambiente y de sustentabilidad económica, puntualiza el análisis del centro de estudios.
En el plano legislativo, el gobierno de Sebastián Piñera se caracterizó por la presentación de proyectos de ley en base a la noción de subsidiariedad. Lo que en el caso de la educación, significó el fortalecimiento de la oferta privada y su crecimiento, tanto “porque los recursos estatales van principalmente a empresas sostenedoras de los colegios y a universidades privadas”, como por la orientación de los proyectos que reforman la institucionalidad educativa, como la Superintendencia, la Agencia de Calidad, Desmunicipalización, entre otros.
En definitiva, la evaluación estima que la problemática de fondo sigue siendo de carácter estructural, donde “la Constitución es demasiado rígida y anti democrática”. A lo que se suma como pendiente resolver la reforma al sistema electoral.
Así, transcurridos tres años del gobierno de derecha, señala el documento, la denominada “sociedad de oportunidades” constituye un rotundo fracaso que junto con hacer inviable un segundo período para conducir al país, no ha hecho más que distanciar a la ciudadanía con el modelo de acumulación neoliberal que prevalece en el país desde hace 40 años.
