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- ¿Qué quiere Ángela Jeria? por Margarita Iglesias Saldaña

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Araucanía: cuando la militarización del territorio es entendida como respuesta política por Marco Silva Cornejo

Resulta sorprendente la respuesta hilarante e histriónica con que el gobierno responde frente a la muerte de un sargento del GOPE (Hugo Albornoz) en el territorio de la Araucanía.

El viaje presuroso del ministro del interior a la novena región contrasta con el silencio y la ausencia de movilidad política y comunicacional del estado frente a la muerte de los tres comuneros en el mismo territorio durante los últimos 5 años (Matías Catrileo, Alex Lemun, Jaime Mendoza). Es preciso recordar que la muerte de estos comuneros fue bajo las balas de la fuerza policial instalada en el territorio por orden del ministerio del interior del estado de Chile.

Desde hace algún tiempo hemos venido observando cómo se ha instalando la representación de la Araucanía como un “territorio en conflicto”, frente a esta representación promovida por el estado Chileno y reforzada por sus dispositivos reproducción y comunicación, el gobierno ha respondido con militarización de los territorios (Arauco Malleco). Esta militarización ha implicado una suerte de copamiento territorial en donde no han sido escazas las denuncias de violencia policial, apremios ilegítimos, violencia desmedida y el sometimiento de estas comunidades al asedio constante de los aparatos represivos y de inteligencia del estado Chileno.

Se suma al clima de violencia y guerra instalado por el estado chileno en el territorio y las comunidades Mapuche, la sensación de impunidad frente a los crímenes cometidos por carabineros en el marco del proceso de militarización del territorio. Durante el mes de Enero, los tribunales de justicia, dejaron con libertad vigilada a Walter Ramírez, el policía que asesino por la espalda al estudiante Mapuche Matías Catrileo. En esa oportunidad planteamos desde esta tribuna de observación que:

“Más allá de los argumentos legales, la señal política que da el tribunal de Temuco al pueblo mapuche es clara y contundente: el asesinato de sus jóvenes y luchadores sociales y territoriales a manos de agentes del Estado chileno, no será sancionado con el máximo rigor de la ley. Visto desde la óptica represiva, esta señal jurídica, envía un mensaje a las fuerzas represivas que el Estado chileno envía a las comunidades en conflicto, en el sentido de sugerir que el disparar por la espalda a mapuches en situación de conflicto no constituye riesgo de cárcel objetivo para los uniformados.

Lo que no visibiliza el aparato judicial ni el ejecutivo del Estado chileno frente a estas acciones que dejan un sabor de impunidad repulsivo y desagradable, es que además de constituirse en vergonzosas evidencias frente a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, estas señales de impunidad percutadas en la nuca de los sobrevivientes y de los nuevos weichafes legitiman el uso de la acción política desde las comunidades y organizaciones mapuche como respuesta a la incapacidad de nuestro sistema de dar justicia y tranquilidad a los deudos.” .

Las lógicas de guerra impuestas por el Estado Chileno en el territorio donde viven y se desarrollan las comunidades mapuche de Arauco/Malleco han instalado una dialéctica de la violencia, que ha favorecido la articulación de una respuesta orgánica y de autodefensa de los sectores más radicalizados al interior de estas comunidades.

Desde esta perspectiva, el problema que el estado y el ministerio del interior pretenden construir frente a la opinión pública como “policial y criminal”” es en realidad “político y social” y está referido a la autonomía territorial y a la relación con que el estado se ha vinculado históricamente con el pueblo Mapuche. Mientras la acción política del estado de Chile no sintonice con dichos sentidos y complejidades y no articule una respuesta pertinente y no criminalizante y militarizante, la tensión en el territorio seguirá representando mucho dolor para todos los actores implicados en el, particularmente para los miembros de las comunidades que ahora verán caer todo el rigor del estado/policial sobre sus casas, bajo el formato de tanquetas, helicópteros, fuerzas especiales y allanamientos.

Es hora de abordar el fenómeno desde una perspectiva que desinstale la violencia en el territorio de la Araucanía y en eso sin duda el estado tiene un rol y una responsabilidad central, el resto será solo crónica de una tragedia anunciada.

Marco Silva Cornejo Mg. Ciencias Sociales Aplicadas.

 
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