“Aseguramiento, Equidad y Derechos Sociales: compromisos del Seguro Público de Salud”

Hoy nadie podría discutir el rol que le cabe al Estado como garante de la Salud de las personas. Sin embargo lo que es un derecho irrenunciable, ha sido el resultado de un largo proceso histórico que hizo que la Salud evolucionara desde un privilegio de pocos hacia un derecho social.

En 1884, Alemania instauró normas mínimas de Seguridad Social para proteger a los más vulnerables: enfermos y ancianos. Gran Bretaña, Suecia, y luego el resto de Europa replicarían la medida ampliándola a trabajadores. En 1935, Estados Unidos daría otro paso al aprobar la Ley de Seguridad Social, combinando dos dimensiones que hoy son los fundamentos de toda política: la Seguridad Económica y Social de las personas.

Tras la Segunda Guerra Mundial, y gracias a Naciones Unidas, se adoptaron pactos internacionales que refrendaron los derechos civiles y políticos (1955); y luego, en 1966, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Poco a poco, la jurisprudencia interna de cada país ha introducido los DESC, entre los cuales se encuentra el Derecho a la Salud que obliga a los Estados a garantizar condiciones de vida saludable, atención médica oportuna y de calidad a sus ciudadanos. Chile ha sido uno de los países que ha ido a la vanguardia en materia de políticas sociales en América Latina. En su Constitución de 1925 estableció que el Estado tenía el derecho de resguardar la seguridad social, la salud pública y el derecho al trabajo. En la Constitución de 1980 consagró el derecho a la protección de la Salud pero sin que el Estado tuviera la obligatoriedad de su provisión, quedando los derechos sociales señalados con principios subsidiarios, sin un mandato constitucional explícito.

A partir de la Reforma de Salud de 2005, la Salud retoma la centralidad que le confiere el status de Derecho Social y cuya responsabilidad corresponde al Estado. La reforma de 2005 concretizó las aspiraciones de los DESC en la atención universal y garantizada para enfermedades con alta prevalencia (plasmada en el Plan AUGE-GES) e instaló la idea de Derechos y de Deberes en la Salud. Esta reforma dio un paso crucial al reubicar la visión solidaria y universalista de la medicina como labor pública, pero además dejo de lado la visión paternalista del acto médico al “incorporar los derechos explícitos y el empoderamiento ciudadano para que las personas sean sujetos activos en el proceso de salud-enfermedad” (Erazo, 2008).

¿Por qué es necesario incluir?
Las razones de resguardar a las personas bajo el alero de un Sistema de Protección Financiera de Salud no pasan solamente por un mandato ético y sanitario. El problema se hace evidente cuando en el mundo casi 1.000 millones de personas deben pasar angustias, cada año, por no poder obtener los servicios de salud que necesitan. De ellos, unos 150 millones acabarán teniendo graves problemas económicos y otros 100 millones se verán empujados a la pobreza por tener que pagar esos servicios de su propio bolsillo. Esto, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) (1).

En vista de estas cifras, la OMS y el Grupo Banco Mundial recomiendan a los gobiernos aspirar a una cobertura de salud universal para esta -al menos- alcance al 80% de su población, y “que todas las personas, dondequiera que se encuentren, estén protegidas de gastos de salud exorbitantes y empobrecedores” (Informe Banco Mundial, 2015).

Desde 1999, a través de la Ley 19.950, FONASA como Seguro Público de Salud, considera el principio de universalidad, por lo tanto, no tiene excepciones en su cobertura, salvo personas que cuenten con otro tipo de protección, como las Isapres o las FF.AA. Los datos en este sentido son muy claros: hasta el segundo semestre del año 2014, se estima que el número de beneficiarios de FONASA alcanzaban a los 13.468.265 de personas, lo que representa aproximadamente un 75% de la población (...)