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Carta pública enviada al Ministro de Medio Ambiente

Señor
Ministro de Medio Ambiente
Don Pablo Badenier Martínez
San Martín 73.
Presente

Carta pública: Protección ecosistemas Playa de Tunquén – V Región.

Estimado señor Ministro:

Hemos decidido escribir esta carta pública, por la gravedad de los hechos que estamos denunciando; va dirigida a usted, con copia a su Excelencia la Presidenta señora Michelle Bachelet, y otros Ministros o autoridades que podrían tener alguna injerencia en el tema que nos preocupa. Lo hacemos como profesionales independientes o como dirigentes de organizaciones ocupadas de los temas ambientales, y como ciudadanos responsables. Por razones obvias, de espacio y tiempo, cada tema y párrafo ha sido abreviado lo más posible; el texto debe ser “apretado y conciso”; esta carta-denuncia es sólo una puntualización de lo esencial. [1]

1) Antecedentes: a) La playa de Tunquén, ubicada en la comuna de Algarrobo, V Región de Valparaíso, es grande, hermosa, no intervenida; nadie ha construido en la playa: se construye desde hace años en el alto, en la “meseta”; b) No se ha construido en la playa, por el riesgo que implica para la vida de las personas y por los daños, conocidos, que los terremotos y tsunamis causan en las propiedades; c) Los terrenos de la playa y sectores adyacentes, tienen dueño: son un total de 4. Una propietaria de terrenos en la playa, doña Sara Romo, pidió que sus 107 hectáreas, que incluyen un hermoso y valioso humedal -, fuera declarado Santuario de la Naturaleza; otro dueño, una sociedad inmobiliaria controlada por un ciudadano de EE.UU., intentó desarrollar un proyecto de población, con 198 sitios de 1.000 metros cuadrados; el anteproyecto caducó y ya no se pudo ejecutar; d) En fecha reciente (Agosto) un tercer propietario inició la ejecución de faenas para formar caminos internos de acuerdo al plano de subdivisión de su propiedad, pero esas faenas fueron paralizadas por resolución de la Dirección de Obras Municipales de Algarrobo; la sociedad inmobiliaria, ya referida, hace poco también ha iniciado la ejecución de otras faenas, afectando sitios arqueológicos; se hizo la denuncia correspondiente ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo que ordenó paralizar las obras, y cumplir con ciertas exigencias antes de proseguir en su ejecución; lo ordenado por el CMN no ha sido acatado, pese a que se le advirtió al representante de la sociedad, que la remoción o destrucción de monumentos nacionales es un delito.

2) Hemos revisado el Programa de Gobierno en materia ambiental, tanto del primer gobierno de la Presidenta, como del actual; nos parece que este último presenta avances y en definitiva es una mejor pauta o guía de lo que se propuso realizar el gobierno en materia ambiental.

3) Pero, pese a lo declarado en el Programa de Gobierno, pese a las disposiciones de la Ley 19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y pese a los múltiples Convenios internacionales suscritos por Chile, no se advierte (i) ni conciencia clara, entre muchas autoridades y organismos o servicios públicos, de la importancia que tiene proteger el medio ambiente y velar por la conservación de la naturaleza; (ii) ni disposición para perfeccionar el marco legal actual, que muestra indudables limitaciones, que hacen de esa protección algo ilusorio; (iii) ni interés o actividad real y efectiva, para enfrentar situaciones como las que ahora afectan a la playa de Tunquén y sus ecosistemas. La falta de acción efectiva generalmente se justifica y excusa por las autoridades, culpando a la ley: es la ley, la que les impide u obstaculiza esa acción.

4) Sólo a modo de ejemplo, cuando se somete a consideración del Consejo de Ministros el Informe Técnico del CMN sobre la conveniencia de crear en torno al humedal, un santuario de la naturaleza, al parecer no se dio importancia al siguiente párrafo: “El CMN propone incluir en la declaratoria de Santuario de la Naturaleza un área marina correspondiente al sector de playa y rompiente, para la protección del hábitat de las aves marinas y el chungungo (Lontra felina). Además, incorporar la totalidad del campo dunar en virtud de las relaciones ecosistémicas que se establecen entre estos distintos ambientes y que tanto en su génesis como en su equilibrio, se encuentran absolutamente interrelacionados.” En este párrafo, debe dejarse constancia de lo siguiente: la duna debe protegerse por razones muy claras y específicas, y no por mero capricho. En efecto, la asociación vegetal presente en la duna de Tunquén, corresponde al último ecosistema de duna primaria de “Nolana paradoxa” en estado prístino en la V Región; esta asociación está constituida por más de trece especies, de las cuales el 40% son endémicas; no existe otra duna en la V Región, con la riqueza que presenta ésta.

5) Es obvio que, con la sola excepción de doña Sara Romo, los propietarios de terrenos en la playa y duna no tienen ningún interés en proteger los ecosistemas o el humedal; sólo los mueve el afán de obtener utilidades en la venta de sitios, haciendo abstracción de las recomendaciones técnicas, de los informes de riesgo y de lo que sugieren un sano juicio y el sentido común. [2]

6) La inmensa mayoría de los ciudadanos de la zona, y en general del país, es partidaria de proteger el entorno natural y el patrimonio ambiental; estos conceptos son por completo ajenos a los intereses de la gran mayoría de los empresarios, y especialmente contrarios a los afanes de las inmobiliarias.

7) Pese a la norma constitucional que reconoce el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, y pese al “deber” que la Constitución le impone al Estado de Chile, en orden a proteger el medio ambiente y velar por la conservación de la naturaleza, nos encontramos con una situación crítica: leyes deficientes (con vacíos o errores manifiestos), una burocracia que a veces puede ser indolente o entregada e impávida, y Tribunales superiores de justicia, muchas veces ajenos a estos temas. Por lo mismo, se hace indispensable requerir públicamente a las autoridades competentes, para que se pronuncien frente a la ciudadanía.

8) Usted, como Ministro, y el Consejo de Ministros, ¿van a aceptar, tranquila y calladamente, la destrucción de todo el patrimonio ambiental de Tunquén? ¿Van a tolerar y aceptar, que se invada la playa y duna de Tunquén y que ésta y los ecosistemas que alberga esa playa, sean destruidos por los mercaderes? ¿Cómo se va a justificar, por ese Ministerio y los demás que tienen voz en el tema, la destrucción del paisaje, de los ecosistemas, de la flora y fauna? ¿Cómo se va a negar, o pretender excusar, la completa falta de coherencia entre el Programa de Gobierno y la conducta de éste en materia ambiental? ¿Así – dejando hacer y destruir - va a responder este gobierno, así va a cumplir este gobierno el deber constitucional de velar por la “preservación de la naturaleza”?

9) La superficialidad sigue alimentando el concepto de una oposición entre lo público y lo privado; a nuestro juicio, debe procurarse la complementación y la colaboración, entre los Poderes del Estado, el sector público, y los particulares (vecinos afectados, Universidades, fundaciones, ciudadanos).

10) Entre las tareas más importantes y urgentes, que se plantean tanto al sector privado como al sector público, está el pensar y decidir, pronto, ahora, la manera en que se va a resolver el conflicto entre la protección del medio ambiente y la ejecución de proyectos que arrasan con nuestro “patrimonio ambiental”. Si el Estado cumple con su deber constitucional y sus compromisos internacionales en materia ambiental y de conservación, los particulares están obligados a contribuir a la protección de ese patrimonio ambiental que hoy día parece ser la víctima de un patético abandono.

11) La pasividad de la burocracia estatal y municipal llega al extremo de que funcionarios nada hagan para detener la destrucción de paisajes, humedales, playas, dunas, ecosistemas que acogen flora y fauna excepcionales. Y la excusa que se nos ha dado, deja pasmado a cualquiera: “somos un país costero, ¿cómo vamos a prohibir que se construya en el borde costero?”, o también, “Pero si siempre se ha hecho así; ¿cómo vamos a dejar de construir en el borde costero?”. [3]

12) No se modifican los planos reguladores, ni a nivel comunal, ni a nivel intercomunal; no se actualiza la información que es determinante para decidir si se autorizan unos proyectos u otros. Todo ello, pese a que la mayoría de los funcionarios implicados, reconoce y admite la necesidad de esas modificaciones y actualizaciones.

13) La principal objeción de la ciudadanía a los gobiernos, a los políticos y parlamentarios, y a los tribunales, es que todos ellos ya “no tienen contacto con la realidad”; los protagonistas de nuestra escena pública, están psicológica y emocionalmente ajenos a la realidad. [4] [5] Por lo mismo, es que esta carta tiene que ser pública: porque tiene que haber una respuesta pública, que sea válida, sincera y eficaz. Lo que la gran mayoría de los ciudadanos pide, son respuestas honestas, ciertas, oportunas y efectivas. En este caso, la interrogante que pedimos sea respondida, es ¿cómo se detiene a los vándalos: a los que no aprecian ni protegen la belleza y la riqueza ambiental de nuestro país?

14) Los gobiernos pueden dejar huellas importantes, profundas, en el quehacer colectivo y en la mente de nuestros ciudadanos; o pueden traicionar las más sentidas aspiraciones de sus mandantes. Si los demás Poderes del Estado renuncian al ejercicio de sus funciones constitucionales, infringen sus obligaciones, y – de paso – también dejan en el olvido las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.

Como ciudadanos responsables y críticos, como observadores atentos y muy cercanos a las amenazas que comienzan a surgir para nuestro patrimonio ambiental, pedimos al señor Ministro, y demás autoridades competentes – a nivel central, regional y comunal - lo siguiente:

a) Que haciendo uso de todos los recursos, acciones y herramientas legales disponibles, se adopten las medidas urgentes y eficaces, que impidan la destrucción de la duna y playa de Tunquén, su paisaje y sus ecosistemas; por cierto, esta petición y lo que se resuelva al respecto, debe traducirse en primer lugar en la prohibición de realizar cualquier tipo de trabajos, faenas, movimientos de tierra, levantamiento de campamentos, bodegas u otras edificaciones permanentes o transitorias, que puedan seguir destruyendo los sitios arqueológicos, los monumentos nacionales, el campo dunar y toda la flora y fauna que han sido acogidos por esta playa y sus ecosistemas;

b) Que se disponga, en el más breve plazo posible, la concreción de las propuestas y soluciones de protección planteadas por el CMN, y que básicamente debieran traducirse en ampliar la extensión del Santuario de la Naturaleza ya creado, a toda la playa y duna de Tunquén y a los terrenos que, por cercanía, proximidad u otras razones, inciden en la subsistencia de los ecosistemas que deben protegerse; si las autoridades no perciben la necesidad y la urgencia de su acción, obviamente ésta será tardía, inútil y fallida;

c) Si esa ampliación de la superficie del Santuario presentara más inconvenientes que ventajas, que se opte por lo más sano y recomendable: proceder a la expropiación de los terrenos comprometidos – que por cierto y de partida, aparte de encontrarse en zona de alto riesgo sísmico y de desastres naturales, deben tener un avalúo fiscal muy bajo y no pueden tener gran valor comercial;

d) Que con el esfuerzo y participación conjunta de los organismos y servicios públicos que corresponda, y los particulares, se desarrollen en forma coordinada todas las acciones dirigidas a obtener el financiamiento necesario para ejecutar las acciones de protección y conservación del humedal, del entorno de éste, de la duna y de los ecosistemas que se han desarrollado en la playa de Tunquén.

Sin perjuicio de que el señor Ministro conoce muy bien los antecedentes técnicos del caso, a través de nuestros equipos de profesionales, ponemos a su disposición toda la abundante bibliografía (estudios, informes, Tesis y demás) que respalda nuestros planteamientos y que por razones de comodidad y espacio hemos omitido. Se adjuntan fotos de la playa y duna, y de las intervenciones de que han sido objeto; y esto que ahora pretenden hacer los dueños de terrenos, es sólo el primer paso: después vendrá la venta de sitios, y los problemas para urbanizar, el suministro de agua y demás servicios domiciliarios, disposición de residuos domésticos, contaminación de la tierra y las aguas, etc.

Para cualquier comunicación, transitoriamente pueden dirigirse al correo: e.trucco.24@gmail.com

Lo saludan atentamente,

Peter Kennedy Macgregor Eduardo Trucco Burrows Fundación Kennedy Abogado Para la Conservación de Humedales RUT N° 4.452.737-5 RUT N° 5.125.821-5

Liliana Iturriaga Manríquez Renato Hevia Rivas Botánica paisajista Profesor Universitario Conservacionista de humedales RUT N° 2.778.144-6 RUT N° 6.244.631-5

Salvador Donghi Rojas Consuelo López Romo Biólogo PUCV Santuario de la Naturaleza RUT N° 7.721.212-4 “Humedal Tunquén” RUT N° 15.094.529-1

Adriana Gómez Saguez M. Trinidad Jiménez Orrego Educadora Magister en Teología Sistemática RUT N° 3.959.475-7 RUT N° 5.081.342-8

Santiago, 29 de diciembre de 2015.

c.c.
Su Excelencia Sra. Presidenta
Ministra de Vivienda y Urbanismo
Consejo de Monumentos Nacionales
Otras autoridades
Vecinos y medios de comunicación
Archivo

[1] Esperamos que este “paso abreviado” no le haya restado claridad, ni a la exposición, ni a las peticiones que se formulan. Por otra parte, las “generalizaciones” que a veces se hacen, son sólo un recurso para enfatizar el punto, y no implican que no haya excepciones a lo generalizado.

[2] El SHOA, en respuesta a una consulta, señala: “…se sugiere seguir las recomendaciones establecidas por el Centro Internacional de Información de Tsunamis (ITIC) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad pública (ONEMI), en orden a considerar como nivel de seguridad, la cota por sobre los 30 metros sobre el nivel del mar. Lo anterior, de acuerdo a las experiencias obtenidas de los eventos de Chile (2010) y Japón (2011).”

[3] Siempre hay buenas excepciones; en este caso, la DOM y la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Algarrobo; además, por cierto, el CMN, que ha reaccionado con gran rapidez, fundamento y decisión.

[4] En reciente entrevista, doña María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias de 1997 y recién elegida Presidenta de la Academia de Ciencias de Chile, declara: a) “Las ciencias han estado olvidadas: el último gobierno que le puso harto interés fue el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle…”; b) “Lo que nosotros estamos empujando desde la Academia, es decir que Chile, si sigue en el camino que va, con muy pocos científicos, estamos hipotecando el futuro del país: la Ciencia tiene que ver con el desarrollo intelectual, tecnológico y de innovación.” C) “Creo que los políticos no se han dado cuenta de la importancia que tiene esto a futuro, o no están dispuestos a pagar el costo que significa un desarrollo científico y tecnológico…”.

[5] Puede ser, también, parte de la “ceguera ética” que algunos han denunciado; ceguera “ambiental” e “histórica”, en este caso. Casi todos estos personajes, están y actúan ajenos al tema ambiental y despreocupados por los efectos de actos en apariencia legítimos y permitidos, pero esencialmente destructivos y contrarios a nuestro ordenamiento constitucional.

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