Chile requiere un nuevo pacto social por el agua

El auge de las movilizaciones sociales en torno a la lucha por el agua surgidas con fuerza entre el 2010 y 2011, develaron a nivel nacional la grave situación de escasez que viven pequeñas urbes y localidades, y los conflictos asociados al régimen normativo chileno. Desde entonces, si bien la discusión se ha dinamizado tanto en la profundidad de las demandas como en la organización social, los focos de conflicto se han ido entrampando en el complejo entramado normativo a través de extensas judicializaciones. La respuesta desde los gobiernos se ha enfocado a grandes obras de infraestructura, al financiamiento focalizado de agricultores y un proyecto de reforma al Código de Aguas, cuya vocación de diálogo ha estado más próxima al gran empresariado que a las comunidades afectadas. Así, tras años, se ha ido diluyendo poco a poco el apoyo social y aquella inicial movilización en localidades, quedando activo principalmente, niveles de organización y apoyo en grandes ciudades.

En contraparte, una férrea defensa al derecho de propiedad sobre el uso de las aguas articuló al gran empresariado en respuesta a las modificaciones al código de aguas. Y aunque sus propios impulsores dejaron en claro que no afectaría a los derechos ya entregados, el despliegue de los grandes gremios industriales y agrícolas no han escatimado en su ofensiva a lo catalogado como “expropiación encubierta”...