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En este numero:

- Declaración Pública Observatorio de Derechos Humanos Aysén
- Realidad holográfica y realidad social. Por Jorge Tarride
- Reinventar la lógica en los tiempos del miedo. Por Gustavo Gac-Artigas

- Sumario completo



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Columnas sobre el proceso constituyente

“La ilegítima institucionalidad chilena insensible con los pobres”.

"Autoridades legítimas y nuevas para convocar a una Nueva Constitución"

“La Constitución que tiene Chile, hecha por la dictadura, propicia y protege el acumular entre los privados y clase política”.

Por padre Eugenio Pizarro Poblete

Cristo murió y resucitó para instaurar entre los hombres y mujeres una verdadera fraternidad; para superar las injusticias, las desigualdades y el "pecado social", para construir el Reino instaurado e inaugurado por Él.

La misión evangelizadora de la Iglesia y de cada cristiano es crear fraternidad; cada vez que amamos en forma efectiva: hasta el extremo, estamos haciendo un avance del Reino de Dios; estamos dando testimonio de la resurrección del Señor. Estamos celebrando la Eucaristía de la vida, uniendo nuestra fe con nuestra vida, según los signos de los tiempos. Esta misión de crear fraternidad es difícil y conflictiva en nuestro mundo, porque se enfrenta con los obstáculos puestos por el egoísmo de unos pocos poderosos, que defienden sus intereses, privilegios sociales y culturales; que hacen y son obstáculos con sus abusos de poder.

Esta minoría y su práctica egoísta es la antípoda a la sociedad de la civilización del amor y del compartir instaurada por Cristo con su Muerte y Resurrección y en su Eucaristía.

Se ha globalizado en el mundo, un sistema económico, egoísta, acumulador, concentrador de poder y riquezas. Este sistema hace el "pecado social". Se ha institucionalizado un sistema perverso que acarrea sufrimientos en tantos y tantos sectores de la humanidad; es una violencia institucionalizada que hace una tentación a la violencia. Violencia que no queremos. Se trata del sistema neoliberal o "capitalismo salvaje".

Es valioso y permanente el pensamiento escuchado en una predicación: "Una comunidad capitalista no tiene derecho a celebrar la Eucaristía porque está creando un monstruo que no podrá ser absorbido por la comunidad".

El predicador se refería a ese "capitalismo salvaje, duro e inhumano" que afecta y destruye a tantos sectores del mundo. Aquel que apoya esta crueldad vive en pecado mortal por la injusticia que comete especialmente con los pobres.

La Constitución que tiene Chile, hecha por la dictadura, propicia y protege el acumular entre los privados y clase política en el poder, haciendo no sólo el "pecado social", la injusticia y la marginación, sino también un negociado corrupto entre ellos: Un pecado contra Jesús en el hermano. Es un pecado contra Jesús, Pan y Bebida Eucarística, que debe compartirse.

Debido a la negociación política, con dictadura cívica-militar, para recuperar el poder, todavía está vigente esta institucionalidad ilegítima y protectora de los privados y clase política. ¡Es una institucionalidad ilegítima insensible ante los pobres y marginados! Y resulta que los ilegítimos en el poder llaman en forma inconducente a pronunciarse sobre una Nueva Constitución. ¡No tienen ni derecho ni autoridad moral para hacer este llamado! ¡No dan confianza al pueblo!

Han pasado más de cuarenta años del Golpe Cívico- Militar, y casi 27 años de gobiernos posteriores al tiempo del dictador. Ni el Ejecutivo ni el Parlamento han cambiado ese poder de colusión entre privados poderosos y clase política en los Partidos y en el Parlamento no representativo, elegido con una ley binominal injusta y excluyente, y por tanto también ilegítimo. Lo más que han hecho, faltando al amor fraterno, a la manera de Jesús, es retoques cosméticos.

Más que nada, tanto Ejecutivo como Parlamento, han seguido "legitimando" lo ilegítimo. Y las reformas prometidas por gobierno actual no han tenido resultados. Nunca podrán resultar con institucionalidad ilegítima y con el sistema económico perverso o "capitalismo salvaje" como lo llamó el Papa.

Dicen, después de trámites fallidos e inconducentes, que las reformas tendrán un camino apenas gradual.

En una reciente encuesta la autoridad ilegítima del Ejecutivo alcanza un 74% de rechazo y desaprobación, casi igual, aunque más aumentada, que la no votación ciudadanía o soberanía nacional. Me parece, y lo digo por amor a Chile y los pobres, que hay que rechazar soberanamente, como pueblo, ese intento espurio y extraño de hacer por ese camino una Nueva Constitución.

¡Tienen que haber autoridades legítimas y nuevas convocando a una Nueva Constitución! Debo agregar algo más: para sostener esta institucionalidad perversa e ilegítima, me parece que hoy de una u otra forma, se está aplicando todavía la mal llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que es la inseguridad misma para millones de hogares y de hermanos nuestros.

Ahora, ante cualquier discenso popular, es aplicada, en forma solapada, esa Doctrina de Inseguridad Nacional, aduciendo y calificando todo, rápidamente, como actos terroristas; se aplica, oprimiendo al pueblo, una llamada "ley antiterrorista", que ha sido rechazada por el ordenamiento jurídico internacional. Todo esto es la antípoda al mandamiento nuevo. Ante esta situación, la Iglesia tiene la misión profética de anunciar el amor de Jesús, y denunciar el "pecado social", convocando a la justicia y al amor fraterno. No es fácil cumplir esta tarea. Pero los discípulos de Cristo no son más que su maestro. Es ya bastante que sean como su maestro.

Mientras existan las injusticias y las desigualdades entre nosotros, los hombres y mujeres no pueden hacerse hermanos ni vivir la fraternidad ni reconciliarse. Por eso es un pecado. Es un desafío a la conciencia cristiana y a la misión de la Iglesia, luchar contra ello, a causa de la exigencia del mandamiento nuevo del amor a la manera de Jesús: exigencia de crear fraternidad, para que el mundo crea que Cristo resucitó. El amor, hasta el extremo, de los cristianos en el mundo, es manifestación del don del amor de Jesús Resucitado y en la Eucaristía.


NOSOTRAS LAS CONSTITUYENTES compartimos la convicción que el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres son piedra angular de la buena convivencia, la democracia y la justicia. Nos interesa fortalecer el poder constituyente de las mujeres y la movilización por una Asamblea Constituyente que proponga una Nueva Constitución al país. Queremos, con voz propia, ser parte del proceso que incorpore, en el texto constitucional, la visión del país que queremos habitar.

El camino constituyente impulsado por el gobierno está lejos de ser el proceso participativo y vinculante que esperamos. Por ello, nos proponemos sostener una participación crítica en encuentros y cabildos y, al mismo tiempo, impulsar y participar en otros espacios que empujen hacia una Asamblea Constituyente paritaria.

Este documento sobre conceptos y fundamentos para la discusión en encuentros locales y cabildos es resultado de la reflexión crítica que hicimos mujeres diversas, de organizaciones y colectivos de mujeres y feministas, autónomas e independientes, de diferentes edades y origen étnico, de diferentes identidades y opciones de vida, que conformamos el espacio de NOSOTRAS LAS CONSTITUYENTES.

Les invitamos a incorporarlos en los debates y que formen parte de las actas de encuentros y cabildos, de manera que el texto que finalmente resulte de este proceso no guarde silencio sobre lo que las mujeres esperamos contenga la Nueva Constitución.   Igualdad sustantiva A diferencia de la igualdad formal, exige la redistribución del poder y los recursos políticos, económicos y simbólicos entre mujeres y hombres, y en general, entre las personas sin distinción alguna. Para que haya igualdad sustantiva, el Estado tomará las medidas afirmativas necesarias para acelerar la superación de las desigualdades de origen entre las personas y/o colectivos.

No discriminación Ninguna persona podrá ser colocada en situación de desventaja o desigualdad por razones de sexo, género, identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnica, raza, edad, nacionalidad, idioma, discapacidad, estado de salud, ideología, religión o creencia, situación socioeconómica, territorio donde se habita, o cualquier otra condición.

Libertad/ autonomía

La autonomía tiene que ver con el carácter único de la persona, y su potencialidad para decidir sobre su proyecto de vida e identidad. El ejercicio de autonomía a través del desarrollo de capacidades confiere a las personas la verdadera libertad para ejercer soberanía sobre si mismas y en la sociedad. Las personas libres y autónomas son la base de la sociedad. En su dimensión social, la autonomía refiere a la autodeterminación de los pueblos originarios, a la posibilidad de organizarse y actuar en el marco del respeto a derechos humanos, a establecer diferentes formas de convivencia entre personas en sociedades democráticas, armónicas y amorosas.

Democracia paritaria y proporcional

Paritaria es la organización social y política de la sociedad que distribuye en igualdad de condiciones los espacios de poder en lo público y privado entre hombres y mujeres. La proporcionalidad refiere a que los distintos grupos humanos y pueblos reconocidos por la sociedad deben formar parte de las instancias decisorias del país en correspondencia con el peso porcentual que ocupan en la sociedad.

La democracia paritaria y proporcional concibe una ciudadanía plural e inclusiva, en la cual las personas son reconocidas como sujetos heterogéneos con especificidades e intereses diversos. Las dimensiones de la democracia paritaria incluyen la ciudadanía sexual, que da legitimidad social y jurídica a la diversidad de sexualidades y de géneros.

Buen vivir/vida buena

El Estado y la sociedad buscan la dignidad y el bienestar de las personas en equilibrio con su entorno inmediato, su comunidad y con la naturaleza. La producción de recursos, bienes y servicios y el desarrollo de la tecno ciencia para dar respuesta a las necesidades se deben basar en los principios y valores de la solidaridad y de la dignidad de la persona humana, en convivencia armónica con el medio ambiente.

Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado como trabajo productivo

El trabajo doméstico y de cuidado es esencial para la sobrevivencia cotidiana de la sociedad, configurando una esfera de la economía que permanece invisible pese a que gesta ganancias. El Estado debe reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidado como trabajo productivo, y valorizar su aporte a la economía del país en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Estado solidario, laico y plurinacional

El Estado solidario distribuye los bienes y recursos que genera el país en forma justa y equitativa entre las personas, los colectivos sociales y los territorios, de acuerdo con sus necesidades diferenciadas.

El Estado laico garantiza la libertad de conciencia, la igualdad de derechos y la universalidad del quehacer público sin intervención alguna de credo religioso en las decisiones de sus diversos espacios.

El Estado plurinacional reconoce las nacionalidades y pueblos que habitan el territorio, y garantiza a estos su derecho a la autodeterminación.

Derechos, deberes y responsabilidad que debe contener la Constitución

Derechos sexuales y derechos reproductivos

Refieren a la sexualidad y la reproducción humana y a los cuerpos involucrados. Su propósito es que las personas puedan vivir su autonomía y su libertad en la sexualidad y la reproducción sin discriminación, riesgos, amenazas, coerción o violencia. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son una trama que combina derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Incluyen el derecho que tienen las personas a la privacidad e intimidad, a la diversidad sexual, a la educación sexual, a la expresión de las sexualidades, a tomar decisiones sexuales y reproductivas sin coerción incluida la maternidad voluntaria, al placer sexual, y a la atención y protección de la salud sexual y reproductiva, durante toda su vida.

Derecho a una vida libre de violencia de mujeres y niñas

Todas las formas de violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas, en el ámbito público y en el privado, son una violación a sus derechos humanos, y un delito que implica una afectación grave a la convivencia y a la democracia. El Estado debe garantizar a mujeres y niñas, sin distinción de ningún tipo, el derecho a una vida libre de violencia, y tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias en el marco ético de los derechos humanos para la prevención, tratamiento, reparación, sanción y su final erradicación. La sociedad debe declararse constitucionalmente no tolerante a la violencia contra las mujeres y las niñas, y el femicidio.

Derecho a la participación y representación política El Estado debe reconocer, promover y garantizar la participación y representación política paritaria de las mujeres, estableciendo los mecanismos necesarios de acción afirmativa que permitan acelerar y equilibrar la redistribución de poder en todos los espacios políticos, incluidos aquellos de designación directa y de elección popular.

Derechos sociales Son los derechos que tienen relación con las condiciones de vida de las personas, como subsistencia, alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social y recreación, entre otros. En el cumplimiento progresivo que hace el Estado de estos derechos, se deben garantizar los estándares internacionales que resguardan la dignidad de las personas, su posibilidad de desarrollo humano, y asegurar la protección frente al abandono, la calamidad o los desastres de la naturaleza.

Derechos colectivos culturales y ambientales Son los derechos a la mantención y desarrollo de la propia identidad cultural y a vivir en un medio ambiente sano. Reconoce la existencia de una sociedad multicultural donde se interrelacionan las culturas, las diferentes etnias, los pueblos autodeterminados como naciones y la población migrante, entre otros, promoviendo la igualdad, la integración y la buena convivencia. Vivir en armonía con la naturaleza conlleva el deber del Estado de proteger el agua, el subsuelo, el bosque nativo, los recursos marinos y las semillas, garantizando el fin del extractivismo nacional o extranjero y el rechazo a cualquier imposición de organismos jurídicos globales de corporaciones transnacionales.

Responsabilidad frente al trabajo doméstico y del cuidado: Corresponsabilidad

Quienes conforman la sociedad son igualmente responsables del trabajo doméstico y el cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas dependientes, no valentes, adultas mayores, o viviendo con alguna discapacidad temporal o permanente. Se debe garantizar la organización social del cuidado de manera que el Estado, el sector privado, la comunidad y todas las personas sean corresponsables.

Conceptos y fundamentos en el eje institucionalidad

Estado garante, protector, solidario, laico y plurinacional

El Estado respeta y garantiza los derechos de las personas, y asume responsabilidad por el bienestar social a través de la protección de los intereses de la ciudadanía, la provisión directa de servicios de calidad, y de decisiones e intervenciones en la actividad económica que protejan los intereses y bienestar de la ciudadanía.

El Estado Solidario garantiza la distribución equitativa de los bienes y recursos entre las personas, los colectivos sociales y los territorios, de acuerdo con sus necesidades diferenciadas, y con respeto a su dignidad humana.

El Estado laico garantiza la libertad de conciencia, la igualdad de derechos y la universalidad del quehacer público, sin intervención alguna de credo religioso en las decisiones de sus diversos espacios.

El Estado plurinacional reconoce las nacionalidades y pueblos que habitan el territorio, y garantiza a estos su derecho a la autodeterminación.

Rango constitucional de los tratados de derechos humanos El Estado de Chile al suscribir y ratificar los tratados de derechos humanos internacionales y regionales se obliga a reconocer y garantizar esos derechos en el país. Si los tratados no tienen rango constitucional, el Estado podría invocar el derecho interno para no cumplir con las obligaciones que ha suscrito ante la comunidad internacional o regional.

Iniciativa popular de ley Forma parte del derecho político de participación que tienen las ciudadanas y los ciudadanos a quienes les otorga la posibilidad de presentar iniciativas de ley, avaladas por una cantidad de firmas y de distritos electorales. Fortalece la democracia al permitir que la ciudadanía participe directamente en la construcción de la agenda pública.

Cuenta pública, control ciudadano y revocatoria de mandato Las autoridades designadas y las electas por votación popular deben informar periódicamente sobre su gestión y sus resultados, y la ciudadanía tiene que tener el derecho de hacer control social sobre la acción de la institucionalidad estatal. Frente al grave incumplimiento de funciones, comisión de ilícitos o corrupción, la ciudadanía puede demandar la revocatoria del mandato de las autoridades de acuerdo con los términos que defina la ley.

Mecanismos de consulta ciudadana y cambio constitucional La Constitución debe contemplar mecanismos como plebiscitos y referendos, que permitan consultar a la ciudadanía sobre asuntos fundamentales para la convivencia. De igual modo, garantizar en su texto la modalidad de cambio constitucional: convocatoria a asamblea constituyente, que permita a la ciudadanía participar en la definición del orden político, jurídico, institucional y social que fortalezca la democracia, los derechos humanos y el buen vivir.

Defensoría del pueblo

Órgano autónomo dotado de las herramientas legales y facultades que le permita promover los derechos humanos y presentar acciones judiciales en nombre de las personas o colectivos que han visto sus derechos vulnerados. Los órganos de derechos humanos indican que la existencia de la defensoría del pueblo es un paso en la consolidación de la institucionalidad democrática. Respecto de las mujeres, las defensorías del pueblo en los países de la región donde existe vigilan el cumplimiento de políticas y planes de igualdad, presentan proyectos de ley, y/o asumen causas judiciales en materias específicas de interés de las mujeres.


A LA COMUNIDAD CHILENA EN WINNIPEG. Por Teruel A. Carrasco Campos, LL.B. Abogado

Chile, nuestra patria, vive una etapa histórica. Por un lado, ha aumentado la convicción en nuestros compatriotas que debemos y necesitamos crear una nueva constitución para nuestro país. Una constitución que sea creada por el verdadero poder constituyente y que interprete los anhelos y la visión de una sociedad justa para Chile. Consecuencialmente, la constitución creada en 1980 por la dictadura debe ser abolida y reemplazada por la nueva constitución política. Por otro lado, hay claras evidencias que hay una crisis en la clase política chilena. Esto pone en serio peligro que la nueva constitución no sea lo que el pueblo chileno reclama. Esta realidad significa un verdadero desafío para todos los chilenos dentro y fuera del país. Es urgente que aunamos consciencias patrióticas, sin distinción alguna, para asumir nuestra responsabilidad de chilenos y sumarnos al proceso por una constitución nueva para Chile. Saltemos las barreras de las diferencias, superemos todos los obstáculos y constituyamos una fuerza avasalladora que pase a ser el verdadero poder constituyente. Esta es la tarea patriótica más importante de hoy y mañana.

Ya hay precedentes del poder de la unidad del pueblo chileno. Con esta fuerza y convicción se derrocó la dictadura. Con esta convicción ganó el No en el plebiscito de 1990. Estos eventos abrieron las puertas para empezar una nueva etapa en Chile. Reconocemos que quedó pendiente la tarea de abolir la constitución fascista y crear una nueva. Ahora ha llegado la hora de cumplir esta tarea y el llamado de la patria es a unirnos y a contribuir.

Es normal y bueno que en estos periodos surjan diferentes ideas y propuestas. Esta es la dinámica de la democracia que permite que cada uno de nosotros tengamos derecho a opinar y a pensar en forma libre y sin presiones. Lo que no es bueno es el antiguo juego de los que se oponen al cambio por razones partidistas. En esta posición se ubican los que siempre han detentado el poder económico en Chile y quienes, además, apoyaron la constitución de 1980. No es bueno tampoco ignorar la importancia de este proceso y marginarse ya sea por indiferencia o por falta de comprensión de la importancia del momento histórico que vive Chile.

Chile ya ha hecho el llamado. Es el llamado de quienes cayeron durante la dictadura, de los desaparecidos. De los héroes anónimos que lo dieron todo por derrocar la dictadura. También es el llamado de quienes aún tenemos muy viva la esperanza por una patria mejor, de las nuevas generaciones que reclaman un futuro para ellos y de los niños que merecen lo mejor en una sociedad justa.

La tarea inmediata es aceptar el llamado de la Presidenta e incorporarse al proceso por una nueva constitución. Hay mucho que aportar, todos tenemos algo que contribuir. El sistema no es perfecto, pero por ahora es el camino a seguir. Es solamente el comienzo para llevar este proceso a niveles más altos para lograr que en definitiva sea el pueblo de Chile, constituido en una magna Asamblea Constituyente, que decida los destinos de la patria chilena. Ahora la tarea es incorporarse y contribuir con un alto ánimo optimista y con la convicción que es un proceso que no termina con el proyecto de la Presidencia sino que es un escalón que nos llevará a la etapa superior de la Asamblea Constituyente.

Por primera vez en toda la historia de Chile los chilenos tenemos la oportunidad de contribuir y participar en la creación de la Constitución Política de Chile.


 
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