Unos 30 comuneros mapuche pasaron al menos un año por las cárceles del sur -entre ellos, dos menores de edad- acusados de atentados y actos de violencia, a quienes se les aplicó con toda rigurosidad la ley antiterrorista. Policías, fiscales y jueces aprovecharon una de las ventajas de este cuerpo legal heredado de la dictadura y perfeccionado por los gobiernos civiles que le sucedieron: el testigo sin rostro.
La represión a los que resisten la militarización de las comunidades y luchan por la recuperación de sus territorios ha sido sistemática y muchas veces brutal. El Estado chileno, lejos de procesar y facilitar el diálogo con el pueblo mapuche arrinconado en territorios infinitamente más reducidos que sus tierras originales, golpeado por la pobreza y desplazado por la fuerte arremetida de empresas del capitalismo global, ha optado por hacer frente al conflicto como si este fuera exclusivamente un problema de “seguridad pública”, incluso como si fuera “un enemigo interno”…
Texto completo en la edición impresa del mes de marzo 2014
en venta en quioscos y en versión digital
E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl
Adquiera los periódicos y libros digitales en:
www.editorialauncreemos.cl
