La conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, celebrada en diciembre del año 1992, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, estableció el 22 de marzo como el día mundial del agua, intentando alertar sobre el cuidado y uso sustentable del agua dulce en el planeta. El año 2010, la asamblea general de Naciones Unidas adoptó una resolución histórica al reconocer el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.
Un informe reciente de Naciones Unidas sobre el estado de los recursos hídricos, titulado No Dejar a Nadie Atrás, sostiene que en la actualidad 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable y saneamiento.
Sin dudas que el agua es un derecho humano esencial, la base para el cumplimiento de todos los demás derechos, sin embargo, creemos que la privatización de las aguas en Chile ha provocado grandes inequidades. La no priorización en los usos del agua, implica en la práctica, privilegiar las funciones productivas del agua en desmedro de la vida de las comunidades, en particular las rurales, comprometiendo sus modos de vida y sus identitarios culturales, lo cual constituye probablemente el mayor sinsentido que hoy enfrentamos.
Por años, la provincia de Petorca ha sido y es considerada el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, en un contexto de escasez hídrica, el uso intensivo del agua por el modelo agro exportador, la ausencia de instrumentos de ordenamiento territorial, asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos, el sobre otorgamiento de derechos de agua por parte de la institucionalidad, e inescrupulosas e impunes prácticas como la usurpación de aguas, han profundizado el problema, provocando un sostenido déficit hídrico y una fuerte degradación y erosión de los suelos, lo cual ha configurado una crisis ecológica que afecta particularmente la disponibilidad de agua para los sistemas comunitarios de agua potable rural.
Actualmente, el Estado de Chile no garantiza el derecho humano al agua de su población. Los territorios rurales estamos enfrentando una crisis por el acceso humano al agua, mientras los gobiernos no han logrado encontrar soluciones estructurales. ¿Cómo alguien podría bañarse en 3 minutos, si sólo tiene acceso a 50 litros de agua potable al día?, esta campaña es absurda y no tiene sentido en localidades sin acceso al agua, la cual se ha convertido en mercancía, aumentado su valor comercial con cada emergencia hídrica, pues se encuentra regida básicamente por los códigos de la oferta y demanda. El gobierno actual, da certeza jurídica sobre la propiedad privada del agua, al confirmar la entrega a perpetuidad de los derechos de agua que faltan por entregar, y al anunciar -En la víspera del día mundial del agua (21/03)-, una inversión de 66 millones de pesos destinados a la compra de 10 litros/segundo, los que se inyectarán en los sistemas de agua potable de Santa Marta, las parcelas de San Manuel y la Canela. En este sentido, creemos que comprar agua para resolver las carencias de un bien esencial para la vida de las comunidades de la provincia de Petorca, valida por acción el mercado del agua. Esto porque la misma agua que fue entregada de forma gratuita y perpetua, es la que hoy enriquece a los titulares de derechos de agua. Ante esto, la solución sigue siendo insistir una y mil veces en la organización de los sistemas comunitarios del agua, insistir en la necesidad de instalar la lucha por la recuperación de las aguas para las comunidades y territorios como un imperativo político, pero también como un imperativo ético y moral.
Nos preguntamos ¿Cuándo las inversiones del Estado atenderán de forma coherente la situación?, considerando que hoy día se compran derechos de agua sin reconocer que no existe disponibilidad de la misma, es decir, se invierte en derechos sobre un agua que no sabemos si existe en la realidad. Las inversiones de emergencia nos entregan infraestructura precaria y de mala calidad, los sistemas de Abastecimiento de Agua Potable Rural nos vemos obligados a convivir con la emergencia de forma permanente, lloramos lágrimas secas de indignación al ver cómo miles de millones se invierten en camiones aljibe, compra de derechos de agua y/o obras de emergencia precarias, manteniéndonos en riesgo permanente de desabastecimiento y obligándonos a vivir con camión aljibe y 50 litros de agua al día. ¿Cuánto más vamos a esperar, para que la legislación chilena garantice el derecho humano al agua?
Las organizaciones firmantes rechazamos el lucro generado con la venta y la compra de derechos de agua, exigimos una ley que reconozca el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, exigimos que se protejan las fuentes de agua y que se democratice su gestión, para redistribuir los derechos de agua en función de garantizar el acceso humano a la misma, en este propósito, en este empeño, continuaremos fortaleciendo y unificando nuestras comunidades, y las organizaciones sociales que las representan, con la meta de que haya agua para todos y todas en el campo.
Unión de APR cuenca Río Petorca
Comités y cooperativas APR de Cabildo
MODATIMA
Marzo 2019
