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Corrupción de la política o política de la corrupción: el reverso de los derechos humanos. Contribución al debate.

Informe No 8/ Diciembre 2015. DEIDE Observatorio Latinoamericano Universidad Alberto Hurtado Responsable: Prof. Pablo Salvat B.[1]

“Los antiguos políticos hablaban incesantemente de costumbres y de virtud; los nuestros sólo hablan de comercio y de dinero” (Jean-Jacques Rousseau)

“Ser rico y que ello se valore en una sociedad injusta es una vergüenza” (Mahatma Gandhi)

“Ha habido una lucha de clases durante los últimos 20 años y mi clase ha ganado” (Warren Buffet, la cuarta persona más rica del mundo)

“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio (Eduardo Matte Pérez, parlamentario, ministro e hijo del fundador del Banco Matte (1892))

I

Como rezaba aquel famoso “Manifiesto” allá a mediados del siglo XIX, el fantasma de la corrupción parece recorrer e invadir el accionar de la mayor parte de los gobiernos y Estados de nuestra América. Afecta no sólo el espacio de la política y de las distintas formas de orden democrático vigentes, también al sector privado de la economía, y a los diversos poderes del estado (FFAA incluidas). Lo singular, es que no se trata de un mero “fantasma” eventual, sino de una realidad que paulatinamente se ha ido poniendo al descubierto en su extensión y profundidad.

En particular, este año 2015 ha sido pródigo en develar los nudos y correas de transmisión dolosos para Chile -en particular, en los lazos que se tejen entre lo privado y lo público- , un país que estaba considerado cuasi inmune al virus de la corrupción y que siempre algunos organismos internacionales ponían como ejemplo a seguir. Sin embargo, la situación de corrupción y falta de transparencia y probidad tanto en el ámbito público como privado y en su conexión, no afectan claro está solamente a Chile. Podemos decir que se han globalizado, junto con las nuevas tecnologías y el capital financiero, a escalas diferenciadas, por cierto. Para América Central y América del Sur hay una percepción – según el último Informe Latinobarómetro de Septiembre del 2015-, de que existe muy poca transparencia, tanto en el gobierno de la cosa pública, como en aquél de las empresas privadas de distintito tipo. Un promedio de 56% considera que no hay transparencia en las empresas privadas; un 62% que no la hay en el Estado, y un 60%, en la práctica de los gobiernos.

En cuanto a la corrupción, ese mismo Informe consigna que en el presente se daría un retroceso en la percepción de actos de corrupción a nivel latinoamericano de parte de los ciudadanos. Brasil descuella en este tema. Un 70% de su población dice conocer o haber conocido actos de corrupción. Le sigue Paraguay, con un 37%. Chile ocupa el quinto lugar, con un 23%. Al mismo tiempo, se consigna que el fenómeno de la corrupción emerge en el conjunto del continente como uno de sus problemas importantes (ocupando el cuarto lugar de las menciones), y constituye en Brasil el problema principal para sus ciudadanos[2]. También Transparencia Internacional consigna en su Informe sobre Índice de Percepción de corrupción 2014 datos valiosos. Este Índice le da una puntuación a cada país, que va desde 0 a 100. El 0 equivale al nivel más alto de percepción de corrupción y 100 representa a su vez, el nivel más bajo. En el año 2014 fueron evaluados 175 países. De ellos, los que tenían sectores públicos menos corruptos resultaron Dinamarca y Nueva Zelanda. Como últimos de la lista aparecen Somalía y Corea del Norte. En América Latina aparecían como mejor situados Barbados, Uruguay, Chile y Bahamas. En este Informe se pone énfasis en las dificultades de Brasil y México. El primero, por las consecuencias generadas por los millones de dólares desaparecidos en la empresa estatal Petrobras. En México, debido al caso de desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa –entre otros, dando cuenta de cómo la corrupción permite que bandas criminales –ligadas al narcotráfico- penetren las instituciones públicas y distorsionen e inversen sus objetivos y finalidades propias.

Según Transparencia Internacional las reacciones frente a este Índice de percepción de la corrupción son variadas. Algunos sostienen la necesidad de realizar reformas estructurales; otros desconfían de los resultados del Informe, porque este índice recoge la percepción subjetiva que se tiene sobre el fenómeno corrupción. Con todo, para esta organización internacional, los fenómenos de corrupción en sus variadas formas no representan meros casos aislados atribuibles a acciones meramente interindividuales, sino que más bien serían expresión de lógicas sistémicas[3].

No solo nuestros países se ven afectados por este flagelo. También lo tenemos presente en otras latitudes donde se incluyen los llamados países desarrollados, es decir, aquellos países que han sido también promotores de esta etapa nueva de globalización. En España por ejemplo, desde el 2011 en adelante (para no tomar en cuenta sucesos anteriores que afectaron también al PSOE), es decir, desde que Mariano Rajoy asume el gobierno con el PP, se han dado una serie de casos de corrupción en distintas dimensiones y expresiones. No es menester referirlos todos aquí. Uno de los más bullados ha sido el llamado caso Bárcenas. En el periódico El Mundo (enero 2013) se denunció que el Sr. Bárcenas “distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato”. ¿De dónde procedían esos dineros? De constructoras, empresas de seguridad y donaciones. Esa práctica se habría extendido por veinte años. Un informe de la Policía Nacional señala que los presidentes de varias empresas constructoras donaron 3,5 millones de euros al Partido Popular, en cantidades superiores a las permitidas por la ley, que fueron ingresadas por Bárcenas como si fuesen donaciones anónimas. A su vez, empresas de esos constructores recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP.

Otro caso importante fue el de las tarjeta opacas de Caja Madrid. Este escándalo salió a la luz en octubre del 2014. En él se develó que la casi totalidad de los consejeros de Caja Madrid (después Bankia) durante las presidencias de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, habían dispuesto de una tarjeta de crédito tipo “Visa Black” que daba la entidad con la que habían llevado a cabo durante años cargos personales valorados en cientos de miles de euros con cargo a las cuentas de la caja de ahorros, y se presume, sin declarar a hacienda ninguno de ellos. La tarjeta Visa de la serie Black es el producto más lujoso que oferta la firma y están diseñadas para fortunas multimillonarias. Por último, mencionar el caso llamado “Operación Púnica”, un operativo policial realizado en octubre del 2014 en el cual la Guardia Civil detuvo a 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años, a cambio de pagos y comisiones ilegales. Son solo una muestra de los muchos casos de corrupción público-privada en la España post franquista.

Una de las ejemplificaciones más claras de la nueva etapa de capitalismo financiarizado global la tenemos en los así llamados fondos especulativos, en su variante de “fondos buitre” que se implementan desde los años de la revolución conservadora y el Consenso de Washington. Fondos que compraban en condiciones ventajosas para ellos (sea paquetes accionarios o empresas en bancarrota), para luego revender con altas ganancias. Vidal Beneyto cita algunos casos. Elliot Associates LP, con sede en nueva York, compró por 11 millones de dólares una deuda peruana que valía 20, y consiguió obtener del gobierno peruano, 58 millones. La Sociedad Donegal Internacional, domiciliada en las islas Vírgenes, compraron por 4 millones una deuda que Zambia (uno de los países más pobres del globo con un salario medio de un dólar diario) tenía con Rumania debido a una compra de tractores-. Pues bien, esa Sociedad le reclamó a Zambia 55 millones para no ejecutar el crédito. La corte Suprema de Londres obligaría a Zambia a pagarle 40 millones de dólares.

El multimillonario Paul Singer (uno de los creadores de la idea de los fondos buitre) en conjunto con Elliot Associates exigió al Congo Brazaville el pago de 400 millones de dólares por una deuda que adquirió por 10, tenía en Zambia. O el caso de la NML Capital, con domicilio en Islas Caimán, que lanzó una operación contra Argentina, comprando por el 15% de su valor, 172 millones de su deuda, y reclamó el pago total o la confiscación de propiedades. Esto llegó incluso a que un tribunal del distrito de Columbia, “congelara” diez edificios propiedad de la Argentina, entre las que estaba nada menos que la propia residencia del embajador, pese a la inmunidad diplomática. Vidal-Beneyto señala al respecto, que la sociedad financiera Kenneth Dart pudo embargar las reservas del Banco Central que Argentina tenía depositadas en la Reserva Federal de EEUU. El volumen total de ese tipo de agresiones financiero-judiciales, efectivas y potenciales, contra los países más pobres y endeudados del planeta, se acercaba a los mil millones de dólares, según éste mismo autor. ([4])

Un caso emblemático de burbuja, fraudes financieros y colusión con el poder político fue el de la empresa norteamericana Enron. Esta empresa llegó a valer unos 80 mil millones de dólares, y en 24 días bajo su valor a poco más de 100 millones de dólares. Enron fue presentado como típico “milagro” de la contabilidad “creativa” y la “magia” del mercado, la cual en un par de años pasó de ser una empresa convencional de gas en Texas (creada en 1980), a convertirse en el sexto grupo empresarial de los USA en el mercado energético, según la revista Fortune. Una parte del control del mercado lo logró mediante donaciones al mundo político, por más de 6 millones de dólares. El gobierno de G.W.Bush supo agradecer los favores y Kenneth Lay – fundador y presidente de Enron-, fue su asesor en temas energéticos de su gobierno. En enero del 2002 se declara en quiebra. Después se supo que 29 dirigentes de Enron, advertidos desde dentro de la empresa de las dificultades que se venían, vendieron en el otoño del mismo año más de 17 millones de acciones. Cada uno de ellos se embolsó la no despreciable suma de mil millones de dólares. En tanto que los 14 mil empleados de la firma que tenían ahorro empresarial con acciones de la empresa (sobre 20 mil en total), no pudieron vender sus títulos, impedidos por leyes de ahorro salarial. La estrategia de Enron estaba dominada antes que nada por intereses y consideraciones financieras. Lo cual estimuló tanto la idea de contabilidad “creativa” como el desarrollo de empresas mágicas, para –entre otras cosas- ocultar ganancias fraudulentas que se generaban por medio de la manipulación de precios, realizada a través del así llamado Valor Futuro Hipotético (VHF), el invento de Skilling (otro de sus directivos) que les reportó cientos de millones de dólares de ganancias en los buenos tiempos.

Este caso ayuda a entender las operaciones que están en la génesis de una burbuja especulativa y la cadena de fraudes que va carcomiendo el sistema hasta que este colapsa. La quiebra de Enron dejó a 20.000 personas sin trabajo y 2.000 millones de dólares en pérdidas de pensiones y jubilaciones no pagadas. La empresa admitió ante un tribunal que había inflado sus ganancias. Se descubrió que millones de dólares en deudas habían sido escondidos en una compleja red de transacciones (Enron dejó US$31.800 millones en deudas). Lay y Skilling se declararon inocentes y acusaron a subordinados suyos de estos arreglos fraudulentos. K. Lay murió de un ataque al corazón en julio del 2006. En tanto que Skilling fue condenado a 24 años de prisión. Se le encontró culpable de cargos que incluyen conspiración, fraude y abuso de información confidencial con fines comerciales. Pero no solo se dan casos en suelo norteamericano. También los tenemos en suelo europeo, como el que afecta ahora por ejemplo a la multinacional alemana de la Volkswagen[5]. El escándalo del trucaje de los niveles de contaminantes de algunos modelos diésel se fue develando gracias a los investigadores de la Universidad de Virginia Occidental y de la ONG International Council of Clean Transportation que, desde 2013, examinaron emisiones de autos diésel en USA. En ese trabajo descubrieron que algunos modelos de la Volskwagen tenían emisiones superiores cuando el vehículo estaba andando que cuando estaba detenido, lo cual les orientaba hacia la existencia de un software inteligente que ofrecía cifras distintas en las mediciones en ambos momentos de examen del vehículo. En 2014 comunicaron su investigación a la agencia ambiental estadounidense y a la del Estado de California. Estas agencias a su vez emitieron un informe hace poco en el cual quedaba al descubierto el engaño a nivel mundial. La Volkswagen no tuvo más remedio que admitirlo. ¿Cuál era el objetivo de ese engaño? Pues uno bien conocido en el mundo de la religión del mercado y la competencia: bajar o ahorrar en costes de producción. La fabricación de un vehículo que respete las normas de emisión de CO2 aumenta el gasto para el fabricante. Unos 11 millones de vehículos de la prestigiosa multinacional alemana tendrían el motor EA189 que incorpora el software del engaño. Por cierto, se encienden las alarmas tanto en los usuarios como en los trabajadores de esa compañía respecto a las consecuencias que puede tener para ellos el trucaje de emisiones. ¿Quiénes pagarán el engaño: la empresa, los trabajadores, el Estado? Una vez más entonces la competencia despiadada por mercados parece conducir a este tipo de hechos y a otros similares, antiéticos e ilegales.

II

El flagelo de la corrupción en sus distintas modalidades - colusión, cohecho, soborno, fraude, nepotismo, malversación - se mueve entonces a velocidades distintas y a nivel de buena parte del globo. Lo hace de la mano de esa alianza entre capitalismo neoliberal, ciencia y técnica extendida por el mundo y que se pretende el fin de toda historia posible. Como es sabido algunos rasgos preponderantes de esa nueva alianza han sido: subordinación del papel del Estado al del mercado; liberalización del tipo de cambio, del interés y de las inversiones extranjeras directas; disciplina fiscal; apertura hacia los mercados internacionales; privatización de empresas públicas; considerar el progreso social , como la meta central, sino como una consecuencia del crecimiento económico; garantía absoluta a los derechos de propiedad privada (nacionales o extranjeros); y , al mismo tiempo, la publicidad de que solo existe un único modelo racional para el desarrollo. Este es el entorno sistémico en medio del cual los fenómenos de corrupción se han ido dando en todos estos años, a nivel global y nacional. Un entorno que sigue presentándose hasta el día de hoy como camino único a transitar hacia lo que supuestamente sería el desarrollo y la derrota de las desigualdades y la pobreza Y, por cierto, debería ser tomado en cuenta a la hora de hacer análisis y propuestas atingentes a esta temática. Volvemos más adelante sobre esta conexión.

En cuanto a la conceptualización de la noción de corrupción el debate continúa. En general, en sus distintas expresiones se la entiende como un desviar, un trastocar en una situación, acción y/o decisión las relaciones entre medios y fines. Si bien, en el ordenamiento jurídico típico o predominante, los actos corruptos o tipificables como tales son adscritos como responsabilidad personal, también en ellos pueden estar comprometidas prácticas institucionalizadas o favorecidas por el orden legal-institucional. También es útil puntualizar –y lo hemos estado viendo en el país-, que las prácticas de corrupción no son único privilegio del ámbito público. Ellas pueden darse también en el sector privado, o en connivencia con el aparato administrativo, el judicial o el partidario-parlamentario. Con todo, cada vez más en el presente, parece tratarse de una corrupción transversalizada en función de intereses, de poder, de dominio, de ganancia, de influencia. Según el Diccionario de la R.A.E., el término corrupción mienta una alteración, un vicio, unas prácticas abusivas de ciertas prerrogativas de carácter público en función de intereses privado-particulares[6]. Introduce un aspecto interesante: corrupción como vicio o abuso producido en las cosas no materiales, es decir, en el ámbito del ethos, de los hábitos o las costumbres. Las distintas expresiones de la corrupción entonces las podemos ver como prácticas – realizadas sea por personas o instituciones-, que distorsionan, alteran, vician o afectan el ethos, los hábitos y relaciones sociales, las organizaciones, y no únicamente como una exacción de cosas o recursos materiales.

En otra dirección por ejemplo se mueve el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, para el cual habría una “corrupción originaria” de lo político que se produce cuando hay “fetichismo del poder”. Es decir, cuando los actores políticos se afirman a sí mismos o a las instituciones en que laboran, como fuente o sede última del poder político. Es decir, cuando actúan como poder autorreferente que olvida, subordina, o corta los lazos con la fuente última de legitimidad: el poder que reside en la comunidad política (en el pueblo). Cuando ello sucede hay entonces corrupción en el ejercicio del poder. La corrupción puede tener una doble expresión: provenir del gobernante y/o del representante que se vuelven autorreferentes en su accionar y decisiones a tomar; o también, según Dussel, provenir de la propia comunidad política que permite, asiente o consiente el uso interesado y parcializado del poder delegado, y por tanto, se queda fuera y marginado en cuanto actor en la construcción de lo político[7] . El poder político autofinalizado, es decir, sordo y ciego a las demandas y necesidades de la sociedad –aunque sea el resultado de elecciones-, se aliena de su propósito originario y por tanto se corrompe, aunque tenga legalidad.

Otra lectura del fenómeno de la corrupción es la que hace el académico de Friburgo (Suiza), P.Meyer-Bisch. Va en cierta medida en la dirección del análisis dusseliano, pero en su caso el acento está puesto en comprender la corrupción como una inversión de los derechos humanos. Es decir, la corrupción en sus distintas expresiones afecta no solo a este o aquel derecho humano, sino a sus mismas conexiones, las cuales pueden reconocerse tanto en el propio cuerpo de los derechos, como en el mismo cuerpo social. Se diferencia de la tortura, en que la corrupción es más global, porque termina involucrando a toda relación de intercambio. Por tanto, el fenómeno corrupción es también de orden sistémico, generando corto-circuitos en la interacción de sujetos y de organismos. Corto-circuitos que permiten excluir al otro, al tercero o alter. Porque, como hemos dicho, los derechos humanos reflejan en primer lugar, los derechos del otro.

Desde este punto de vista la corrupción mostraría a la vez tanto una dimensión de continuidad, ligada al orden del sistema, como una de discontinuidad, afincada en el acontecimiento mismo ( en el acto de), siempre situable espacio-temporalmente. Muchas veces -señala este autor- se enfoca el fenómeno sólo como ligado a un acto o evento parcial y particular. No podemos quedarnos en los puros síntomas. Se hace necesaria una aproximación más global y estructural, para que podamos comprender los actos corruptivos y las situaciones concretas. En la medida en que las diversas formas de corrupción pasan a llevar la igualdad y la no discriminación, terminan poniendo en cuestión la base de todos los derechos humanos, su universalidad, y por tanto, a cada uno de ellos. En esas relaciones torcidas que implementan las elites de poder, el principal afectado es el tercero excluido, el otro, el alter que ve afectada sus propias condiciones de existencia, sus derechos, su confianza y credibilidad[8]. El ciudadano común constata allí su propia fragilidad y debilidad frente a poderes y megapoderes. Constata a su vez, que sus derechos quedan en el día a día, convertidos en meras formalidades inaplicables. Desde esta óptica el mismo Estado de derecho se ve seriamente dañado.

Son importantes estas formas de explicarse el fenómeno de la corrupción porque permiten ir más allá de un análisis meramente particular-casuístico. Esta última manera de ver es la que normalmente se implementa desde el punto de vista liberal y/o progresista. Esquemáticamente ese punto de vista quiere poner el acento en que cuando hay corrupción es porque en buena medida los países no se han “modernizado” lo suficiente. La mirada liberal-progresista del fenómeno enfatiza la evolución del proceso de modernización que sufren nuestros países y la demora de éstos en adaptarse a sus lógicas y racionalidad. En particular, aquella referida al mercado libre y a la presencia de un Estado “mínimo”, es decir, de uno que se aboque principalmente al arbitraje entre los distintos intereses en pugna y a hacer cumplir las leyes. Todo esto en línea con los padres del liberalismo para los cuales se trataba de impulsar la competencia de todos contra todos en función de la obtención de riqueza y la satisfacción de los consumidores. El Estado está para hacer respetar las reglas de juego del libre mercado; al mismo tiempo que para defender que la eficiencia en la economía pueda lograrse mediante el impulso al egoísmo y al interés privado. Y cuando ello es así, entonces al parecer se está pavimentado el camino hacia una práctica de corrupción “estructural” y no meramente particular- casuística[9]. Desde un enfoque de este tipo, el tema está en fortalecer las penas y la represión aplicables a cada caso en que las reglas del juego se vean pasadas a llevar, pero no hay un examen crítico del orden económico y social en su conjunto y sus eventuales conexiones con la comisión de delitos porque este ha sido ya naturalizado. Como decíamos más arriba: la economía de mercado se presenta como el único camino posible para el progreso y el crecimiento económico[10]. Representaría su ruta “natural”.

La discusión actual sobre el fenómeno de la corrupción y sus diversas modalidades se da en un nuevo contexto que puede leerse como expresión y resultante de una dialéctica de modernidad/modernización en clave globalizadora y bajo égida ideológica neoliberalista. El proceso de globalización modernizante iniciado en su fase de fines de los setentas, ha pretendido sostener la ilusión de un crecimiento conducido por una alianza presentada como natural e infinita, entre capitalismo financiero desregulado y revolución tecnológica, acompañado de una desvalorización, subordinación y banalización de la cosa pública, la política y el Estado. Se trata del apuntalamiento de un liberalismo más agresivo, tanto en lo económico como en lo político, liberalista, anarquista, desechador de los derechos sociales y de un Estado pro-ciudadano. Un paradigma articulado en los siguientes elementos:

1- Asigna un rol primordial al individuo como dominador, calculador y preferidor racional. Un individuo que se mueve esencialmente –se supone-, en función de maximizar su propia utilidad.

2- Se monta desde la ilusión de que el mercado es mercado libre y el único mecanismo que posibilita la optimización de las transacciones e intercambios a todo nivel en la sociedad. Es un mercado que cumplirá mejor sus tareas mientras menos intervenido esté, y se deje funcionar espontáneamente. Pasamos de una economía de mercado a una sociedad de mercado, puestas como forma natural de orden social.

3- Promueve como única justicia alcanzable aquella proporcionada por la adecuada competencia de todos contra todos (supuestamente en buena lid).

4- Coloca al capital - en particular, financiero-, como centro de toda valorización posible, de las personas, de los bienes, de la naturaleza, de las cosas mismas, y lo hace según criterio de rentabilización.

5- Este paradigma pone a las empresas y la propiedad privada como los impulsores predilectos del crecimiento en el mercado. Ojalá puedan actuar protegidas de toda dirección o control exterior, desde la sociedad o desde el poder político. El accionar desregulado, invasivo y denegador de los derechos humanos de este paradigma de base –que viene desde el así llamado Consenso de Washington-, es cuestionado hoy en día por sus consecuencias: sean aquellas que afectan la homeostasis entre el humano y la naturaleza; o aquellas que nos muestran no un mundo mejor, sino uno más desigual, violento, inseguro y no sostenible. La novedad del presente es que este nuevo espíritu del capitalismo es uno que se distingue del que dominó la escena en los siglos anteriores. Hay un abandono de la pretensión de representar algún interés general, o algún potencial de la razón. Ahora asume su destrucción creadora: convierte medios en fines y predica que no existe otra alternativa. Es la transvaloración de todos los valores, para dejar en el centro el cálculo medio-fin, costo-beneficio, el maximizar como guía de la acción /decisión. Al norte y sur del mundo la humanidad constata que los efectos objetivos (en la misma naturaleza, en la economía o al sociedad), y subjetivos (en la subjetividad del mundo humano, en su capacidad de autocomprensión, de darle un sentido a la vida en común), de la hegemonía de este paradigma resultan determinantes y peligrosos para la misma mantención y desarrollo de una vida humana que merezca el adjetivo de digna.

III.

El predominio de este nuevo espíritu del capitalismo financiarizado, y su alianza con la tecnología, al contrario de lo que sus seguidores profetizaban, ha acentuado las desigualdades y la concentración de poder, económico y político de manera inaudita. Por otra parte, el supuesto crecimiento económico, el progreso científico o el dominio técnico se acompañan cada vez más con un creciente subdesarrollo ético-moral. Los recursos de sentido, los valores y guías para la vida en común se vuelven recursos escasos. ¿Cuál sería el problema? Que ni la economía, la ciencia o la técnica están en condiciones de responder a estos desafíos por sí mismas consideradas. Pues bien, ambos ingredientes, desigualdad y subdesarrollo ético-moral pueden considerarse claros coadyuvantes en la globalización de distintas expresiones del fenómeno de la corrupción en la actualidad. Algunos datos ilustran esta situación: según uno de los último Informes de OXFAM, las 85 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial.

El 10% de la población mundial posee el 86% de los recursos del planeta, mientras que el 70% más pobre (más de 3.000 millones de adultos), sólo cuenta con el 3%. La fortuna conjunta de las 10 personas más ricas en Europa supera el coste total de las medidas de estímulo aplicadas en la Unión Europea entre 2008 y 2010 (217.000 millones de euros frente a 200.000 millones de euros). Se calcula, al mismo tiempo, y este es un tema conocido entre nosotros, que hay unos 18,5 billones de dólares no registrados y en paraísos fiscales. Se registra un aumento importantísimo en la concentración del patrimonio mundial: el 1% de la humanidad (73 millones de ultrafortunas), poseen hoy día el 50% de la riqueza total, en tanto que la mitad de la población mundial (3,65 millones de individuos) dispone de menos del 1% .

Una desproporción que podemos considerar exorbitante , sin precedentes, y claro, éticamente injustificable. En cuanto a la distancia entre países ricos y pobres, ha triplicado aquella que existía en el período colonial, para alcanzar una relación de 80:1 [11]. La corrupción desde este enmarque no resulta un mero comportarse eventual u ocasional, acciones desviadas de algunas personas o grupos. Sino más bien, como sostiene entre otros Vidal-Beneyto, refleja un rasgo propio del destino actual de la alianza entre capitalismo financiarizado y tecnología. Por ello no es suficiente restringirse a la descripción de tales o cuales prácticas y hechos de corrupción. Aparece como un pandemia que se expande a todos los espacios dela vida en común, gubernamentales, laborales, recreativos, de ocio, invierte y pervierte los fines de la vida política, de la economía o de la acción social y cultural. Tiene en su haber los abusos de poder, pero también y al mismo tiempo, aquellas ganancias que genera una economía de la corrupción. Esta última puede pastar en lo ilícito o en la llamada economía criminal. En el caso de lo ilícito, campean el fraude y la evasión fiscal. En el otro, el aspecto económico de actividades como el tráfico de drogas; el tráfico de órganos y seres humanos; contrabandos y estafas; producción y venta de moneda falsa, robos con violencia, etc. Según este autor, a pesar de lo difícil de calcular el dinero en juego, se dice que el volumen del dinero negro que circula supera el 15% del PIB mundial, y que la masa de dinero en blanqueo oscila entre el billón y medio y los dos billones de dólares. Lo cual implica constatar que esta situación económica , dada al margen de los circuitos legales de la economía, va más allá del tercio que mueve la economía legal mundial. No deja de llamar la atención esta situación real de hoy día, y cómo, a pesar de todos los discursos benevolentes sobre democracia , valores , derecho internacional, esta situación permanece y se repite año tras año. ¿ Habrá algo que no funciona del todo bien en un mundo que pretende haber realizado la divisa: ” todo lo real es racional; todo lo racional es real” ?

La idea de que la corrupción en la actualidad tiene un sesgo estructural, no proviene sólo de algunos intelectuales. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el Índice de Percepción de Corrupción 2014 que presentó Transparency International, se sostiene que en nuestra América la corrupción tiene un carácter sistémico, y que involucra no sólo a políticos, funcionarios, empresarios, sino también una cierta pasividad de los mismos ciudadanos frente a este tema. Dentro del panorama latinoamericano podemos decir que este año ha sido el año de Chile en este tema. Un país, el nuestro, que se mostraba bastante bien ubicado en los rankings de los organismos internacionales (desde el FMI, hasta la OCDE, pasando por las aseguradoras de riesgo). Sin embargo, tanto la hegemonía del paradigma neoliberalista, como sus consecuencias de desigualdad y concentración de poder, así como el subdesarrollo de la capacidad de enjuiciamiento ético-político, han estado también presentes entre nosotros y conforman ingredientes claves del actual escenario de de-velamiento de distintas formas de corrupción. Ha sido una especie de duro despertar para la sociedad chilena, aunque ya había señalamientos críticos previos y también conocimos de algunos casos que iban mostrando que no todo era color de rosa en el exitoso “alumno” latinoamericano (caso MOP-Gate por ejemplo). No ha dejado de sorprender porque se da transversalmente en nuestras elites, y recorre desde el abuso de posiciones de poder en instituciones religiosas, policiales o empresariales, hasta el soborno, fraude y cohecho entre elite política y poder empresarial ( Corpesca, Penta, Soquimich [12]), en las FFAA (Milicogate), así como también en el mismo poder empresarial a través de las diversas colusiones que hemos ido conociendo ( colusión de los pollos; de las farmacias; del papel confort) . Pero, no todo termina aquí. Lo que faltaba se ha sabido recientemente: hasta el fútbol profesional, gran válvula de escape nacional, estaba contaminado por el soborno y los arreglines . Su presidente tuvo que salir corriendo hacia los USA. Como se deja ver, el arco de actores implicados en la elite de poder resulta ser bastante amplio: desde políticos, funcionarios, empresarios, religiosos, comerciantes, hasta dirigentes deportivos. Poderosos todos ellos, pero unos más poderosos que otros. Por ejemplo, la mayoría de los grupos económicos más fuertes ( 20 de ellos ) están involucrados en acciones ilegales y anti-éticas [13]. Desde concertaciones para imponer precios de ciertos bienes en el mercado, hasta el financiamiento a políticos y campañas políticas, con el objetivo de favorecer y proteger sus intereses particulares. Cae entonces la confianza y la legitimidad de las instituciones y de los actores.

Estos fenómenos vienen de lejos. Hunden sus raíces en la misma dictadura cívico-militar, en la violación sistemática de los derechos humanos, en el traspaso indebido y oscuro de empresas y activos públicos a manos privadas – sea para nacionales o extranjeros-, en el secretismo en el ejercicio del poder, y en la impunidad permanente; estas situaciones reflejaban ya la corrupción originaria del poder que se había producido desde el mismo Golpe de Estado de 1973. No es plausible que una herencia de este tipo pudiera corregirse fácilmente o por el mero traspaso de poderes de un gobierno a otro. Lo que al parecer hoy podemos constatar es que este modelo de acumulación de riqueza y poder en pocas manos, y además, entrelazadas entre sí, no es factible sin cuotas permanentes de ejercicio de diversas formas de corrupción (sobornos, cohecho, colusiones, nepotismo, malversación, uso de información privilegiada, robos). Es decir, sin cuotas importante de violación de los derechos humanos del conjunto de la población. De sus derechos cívico-políticos, pero también de los derechos económicos, sociales y culturales. Buena parte de la sociedad chilena viene despertando lentamente a esta realidad: la impresionante concentración de poder, económico, mediático, político, cultural, que exhibe el modelo. Y, al mismo tiempo, las enormes brechas de desigualdad que genera. La nuestra es una economía conformada por monopolios y oligopolios. En el caso de las farmacias por ejemplos, tres cadenas (Cruz Verde, Fasa y Ahumada), concentran el 95% de las ventas. Para los bancos, tenemos que cuatro compañías de ellos concentran el 65% de las colocaciones ( Chile, Santander, Estado y BCI). El transporte aéreo en un 74% está en manos de LAN Chile. En el caso de la telefonía móvil tres compañías se reparten el 97% del mercado ( Movistar, Entel, Claro). En la producción de pollos, Súper Pollo y Ariztía tienen el 71% de las ventas. En el año 93 teníamos aproximadamente 20 AFP, hoy con suerte tenemos siete. Esta concentración se repite nuevamente en los medios de comunicación; el retail; la propiedad de universidades e institutos, etc. [14].

Si miramos hacia la desigualdad, las cifras tampoco son alentadoras. Según la investigación de López, Figueroa y Gutiérrez de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile ([15] ), los datos nos mostrarían que tenemos en Chile un Gini de 0,62 para el periodo 2005-2010, superior al 0,55 que se obtiene cuando se usan los datos de la encuesta Casen. Ese número nos transforma en el país más desigual de la OCDE, y nos deja puesto entre los más desiguales en los estudios que incluyen estimaciones con ganancias de capital, superando a Sudáfrica y los EEUU. En el país el 1% se lleva casi un tercio de la torta (30,5%), en los USA, se lleva un quinto; 21%. En Canadá, es de 14,7%. En Alemania, 12,7%.En Japón, 10,9%. En Suecia, 9,1%. El 1% más rico se lleva 43 veces más por persona que el 99% restante. Dentro de ese 1% la mayor tajada la saca el 0,1% que gana 12 veces más que el estante 0,9%. También puede ponerse así: el 0,1% de la población tiene ingresos per cápita 214 veces superiores al 99% restante. El 0,01 % restante concentra ingresos por personas 1.122 veces superiores al 99%,9 restante, donde s e incluye a lo que se da en llamar típicamente “clase alta”. Ese 0,01% representa aproximadamente unos 500 hogares. Hogares que concentran cerca de la décima parte de los ingresos nacionales. Ese mismo 0,01%, se lleva el 10,1% del ingreso total, con lo cual duplica la concentración que hay en USA (5.1%), se distancia de Alemania (2,3%), de Canadá (2,0%), de Suecia (1,4%), o de Japón (1,3%). Y esto sin hablar de los salarios o del endeudamiento en el que deben vivir gran parte de los chilenos, o de las injusticias territoriales y regionales. O de las enormes dificultades para acceder a bienes como salud, educación, justicia o medioambiente que tienen las mayorías endeudadas.

He ahí algunas cifras. El modelo neoliberal mercadista –o fundamentalismo de mercado- ha ido generando entonces una enorme concentración de poder económico-financiero, y, junto con ello, enormes brechas de desigualdad. Podrán explicarse ambos fenómenos sin alguna cuota de corrupción implicada?. Acaso esa concentración de poder o esas desigualdades en relación al tener, saber, poder, comunicar, son ellas justas, éticas ? El gobierno de la cosa pública se ha vuelto un gobierno para las elites. Y como bien lo señala el Informe Oxfam “ la influencia y los intereses de las elites políticas y económicas han reforzado la desigualdad”. Y agrega “ el dinero compra el poder político, que los más ricos y poderosos utilizan para afianzar aún más sus injustos privilegios” [16]. No solo eso. En este Informe se consigna también cómo estas situaciones van mermando el acceso y credibilidad de las instituciones de la justicia por ejemplo, así como de aquellas ligadas al orden político. El pueblo, los ciudadanos se percatan que sus gobiernos están más preocupados de favorecer a sus elites (internas o de fuera) que a ese mismo pueblo que les ha votado. Lo cual forma parte de la corrupción de la política de poder, o, como le llama Vidal-Beneyto, lisa y llanamente de la corrupción de la democracia. Lo reconoce también Transparencia Internacional al señalar que los efectos de la corrupción terminan impidiendo una distribución más equitativa de los recursos entre la población, así como también disminuye la posible eficacia de las políticas sociales y hace imposible un desarrollo humano.

De un modo u otro esto se recoge –como opinión- de parte de la ciudadanía chilena y latinoamericana consultada al respecto. En el último Informe de Latinobarómetro (como lo consignamos más arriba), a la pregunta por la satisfacción con la democracia el promedio latinoamericano alcanza en positivo un 37%. El chileno es de un 45% de satisfacción. Un 60% de los latinoamericanos opina que no hay transparencia en la marcha de sus gobiernos. Para Chile, un 44% opina en el mismo sentido. El 21% de los latinoamericanos declara haber conocido algún tipo de acto de corrupción en los últimos doce meses (a septiembre del 2015). En el caso chileno, un 23% . Otra cuestión interesante que plantea esta encuesta en línea con las reflexiones que venimos haciendo, es la que relaciona el gobierno y su orientación de servicio en la práctica: a favor de quién se gobierna en realidad?. En América Latina sólo el 28% cree que su gobierno trabaja para el bien de todo el pueblo. Para Chile, el 20% cree que se gobierna en favor de las mayorías o del interés general. En cuanto a la distribución de la riqueza, sólo un 22% de latinoamericanos cree que la actual distribución de la riqueza es algo justo. Para el caso chileno, el promedio baja ostensiblemente: sólo un 5% cree que la distribución de la riqueza es justa. Lo cual no implica que esa percepción nueva que comienza a extenderse se traduzca en posiciones ético-políticas con intereses de poder. Al menos por ahora. Es una muestra más del “malestar” con las modernizaciones.

IV

Salir de las distintas formas de corrupción implicará entonces luchar tanto contra la concentración de los poderes, como contra las desigualdades. Y, claro está, contra las condiciones que facilitan la comisión de actos de corrupción. En Chile, ha habido ya comisiones que se han formado al respecto. Tanto en los años de gobierno de Frei hijo (abril 1994) , como ahora en el segundo gobierno de Bachelet. En el primer caso, su foco estuvo centrado en una suerte de estatuto de probidad administrativa, ocupado con los funcionarios públicos y sus conductas. En el Informe de la Comisión Engel (abril 2015) [17], el análisis y las propuestas son de carácter más amplio, complejo y diverso. Sin embargo, no tendrá un camino fácil. Entre otros motivos, porque sus propuestas se hacen desde el marco de la ética predominante del modelo: la ética utilitarista de mercado. Esta puede regularse en algunas de sus expresiones, pero nunca hasta el punto en que se pueda perder su esencia propia: su orientación a la ganancia, la rentabilidad, el lucro. A la acumulación y defensa de la propiedad privada en distintos dominios . Por otro lado, tenemos la fragilización del vínculo social y el descrédito generalizado de la política y la misma democracia. Es difícil que fuese de otro modo. La interacción social republicanista por decirlo así fue reemplazada por aquella que comanda la lógica de mercado (individualismo egocéntrico, cálculo de utilidad, maximización). La política democrática, por su lado, ha terminado subordinada a los intereses particulares de los grandes grupos económico-financieros, a los que termina sirviendo más allá de cualquier realismo. Se convierte así en una poliarquía de asociaciones y partidos bien dispuesta para limitar la participación ciudadana. Con ello entonces se vacía de contenido y se vuelve expresión unilateral de una racionalidad estratégico-instrumental.

Como bien lo había pre-visto a su modo M. Weber, todo ello lleva a una lenta quiebra de los valores públicos más altos y sublimes (justicia, verdad, bien común, libertad, fraternidad) y al mismo tiempo, a la implosión de referencias colectivas para la acción en común. La acción política se vuelve realista, pragmática y autocentrada, tendiendo a no considerar de manera suficiente sus significaciones e implicancias relacionales, normativas, éticas, ciudadanas. El poder en uso se vuelve autorreferencial, se termina fetichizando. No puede ser de otro modo: si ha renunciado a representar y traducir alguna visión de mundo; si se ha convertido en servidor –voluntario o no-, de la ética de mercado. Dentro de los marcos del capitalismo realmente existente y su ética propia se ve difícil una modificación radical de los fenómenos de corrupción de diverso tipo que campean en nuestras sociedades.

Remontándonos hacia atrás bien lo había visto ya Platón: hay una especie de oposición fatal entre las riquezas y las virtudes. En cuanto más estimamos las riquezas, menos se aprecian las virtudes. Por eso mismo quizá, todas aquellas pretensiones de moralizar desde fuera la economía de mercado se vuelven una quimera: si hay que moralizarla, sería porque es inmoral; si acaso se puede, lo sería porque no es intrínsecamente inmoral en su estructura y lógica propias[18]. Ambigua cuestión esta.

Todo lo cual parece orientarnos hacia la necesidad del surgimiento de una nueva ética, de una nueva política. Y, por cierto, de una nueva economía. Una nueva economía para la vida. O, lo que otros llaman, la necesidad de avanzar hacia un nuevo paradigma. Uno que, como objetivo central tenga como leitmotiv en su frente: permitir la vida de la naturaleza y las condiciones para ello; cuidar y posibilitar una vida humana digna para todos. No se trata, con todo, de liquidar lisa y llanamente la ética de mercado existente. Ética que ya algunos llamaban o reconocían como una ética de “la banda de ladrones”. Solidaria, considerada y leal con los suyos, sin piedad y competitiva hacia fuera, hacia los otros que pueden amenazar sus posiciones de poder. Como decimos, no se trata de una nueva ética que venga a reemplazar aquélla. Pero sí de avanzar hacia su supeditación a un nuevo paradigma basado por ejemplo esquemáticamente en una ética de la justicia y del bien común. Sin una reconsideración de una ética de la justicia y el bien común, aquella otra ética seguirá teniendo la posibilidad de amenazar la misma supervivencia de la especie humana, de la naturaleza y de la vida en común como la hemos conocido hasta ahora. La ética entonces aparece aquí como un ingrediente fundamental de la vida en común y de la marcha de las instituciones. No es un mero elemento decorativo que se pueda tener o no tener. Al contrario. Ella resulta ser condición de posibilidad para una vida humana digna de ese nombre. Por tanto, no es algo prescindible. Toda relación intersubjetiva, social e intersocial se basa en alguna ética. Por eso el peor futuro que podemos temer es que terminemos por deteriorar de manera irreversible nuestra capacidad de reflexión en torno a lo bueno y malo, justo e injusto, correcto e incorrecto; que podamos tener individuos muy bien informados, diestros técnicamente hablando, pero indiferentes. Muy capaces pero crueles. Por eso tenemos que promover el debate argumentado y participado de todas estas cosas, para impedir el aturdimiento y el adormecimiento al que nos conduce el trajín de este sistema y los medios de comunicación.

Parafraseando a F. Hinkelammert, no se trata de tener ética o no tenerla, de hacer una opción entre el orden o el caos, como tampoco entre instituciones o anomia, sino más bien de si queremos vivir en una sociedad que reduce su ética a la que tiene el funcionamiento del mercado, o, si más bien queremos una en la cual se la someta a una ética de la justicia y el bien común. Todo lo cual nos obliga a repensar en conjunto de manera abierta y crítica, la concepción de la ética predominante entre nosotros hasta ahora y, al mismo tiempo, las formas y contenidos de un nuevo paradigma y las expresiones institucionales que serían necesarias para que promoviesen una sociedad justa, basada en los derechos humanos entendidos como el bien común de toda sociedad. Para todo esto, un proceso de asamblea constituyente en función de una nueva constitución podría ser para el país un paso muy positivo.

[1] Departamento Ciencia Política y RRII, Universidad A. Hurtado. Director Magister Ética social y Desarrollo humano. Profesor titular.

[2] El Informe 2015 puede consultarse en www.latinobarometro.org.

[3] Véase la página www.transparency.org

[4] Véase de José Vidal-Beneyto, La corrupción de la democracia, Catarata, Madrid, 2010, pp.253 y ss.

[5] Para el caso de Francia por ejemplo, puede consultarse: “Corrupción institucionalizada y neocorporativismo, con ejemplos del caso francés”, Jean-Cartier-Bresson, Nueva Sociedad Nro. 145, septiembre-octubre 1996, pp.110-125.

[6] Véase Diccionario de la Lengua Española-R.A.E., Vigésima Segunda edición, 2001.

[7] Véase, E.Dussel, 20 Tesis de Política, Siglo XXI editores-Crefal, México, 2006.

[8] Cfr. Patrice Meyer-Bisch, “Le príncipe du tiers exclu”, en La Corruption. L’envers des droits de l`homme. M.Borghi, P.Meyer-Bisch (ed), Editions Universitaires Fribourg, Suisse, 2da ED. 1998.

[9] En sintonía con la imagen que daba ya del humano el mismo T.Hobbes, para el cual el deseo perpetuo e insaciable de poder tras poder conduce a la inevitable competición mutua y egoísta entre los hombres por lograr sus objetivos; una competición que “inclina a la lucha, la enemistad y la guerra. Porque el camino de cada competidor para lograr su deseo es matar, someter, suplantar o repeler al otro”. Véase, T.Hobbes, Leviatán, Editora Nacional, Madrid, 1979, cap.XI, p.199 y ss.

[10] Para la discusión sobre el tema de la modernización en Chile, pueden consultarse entre otros, los trabajos de N. Lechner, T. Moulian y el último libro de A. Mayol y J-L. Ahumada.

[11] Cfr. Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Es Hora de cambiar las reglas. Resumen Ejecutivo –OXFAM. Octubre, 2014. Este Informe puede encontrarse en: www.oxfam.org.

[12] Respecto a los casos Penta y Soquimich puede verse la investigación de M. Olivia Monckeberg, La máquina para defraudar. Los casos Penta y Soquimich, Debate, Santiago, 2015.

[13] Véase el último ranking de grupos económicos que realizó la Universidad del Desarrollo (UDD), publicado en octubre de este año. Para ellos el ranking de los más poderosos tiene 33 integrantes.

[14] Véase el valioso trabajo de S.Faúndez, G.Puelles Tamsec y R. Bravo Contreras, “Informe: Investigación. Concentración económica en los mercados de Chile”. Centro Democracia y Comunidad. Santiago, Enero 2015, 89pp.

[15] R.López, E. Figueroa B., P.Gutierrez C. “La “parte del león”: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso en Chile”, Serie de Documentos de Trabajo SDT 379, Facultad Economía y Negocios Universidad de Chile, Departamento de Economía, Santiago, Marzo 2013.

[16] Iguales. Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas. Resumen Ejecutivo. OXFAM, octubre, 2015, p.10.

[17] Informe Final Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Abril, 2015. Véanse en especial los capítulos I y V.

[18] El expresidente de Francia N.Sarkozy, a propósito de la crisis abierta el 2008 que rebotó también en Europa, se preguntaba: “no sería tiempo de moralizar el capitalismo”? Un M. Friedman aseguraba que la responsabilidad de los actores en la economía es buscar su máxima utilidad, o la máxima rentabilidad de los accionistas, en un contexto con las menores limitaciones posibles. Podemos preguntar : acaso las crisis últimas se pueden adjudicar a fallas éticas en la conducta de los directivos involucrados en ellas, o no será que esas crisis son justamente el resultado de la aplicación no limitada y desnortada de su propia ética de funcionamiento? Informe No 8/ Diciembre 2015

Responsable: Prof. Pablo Salvat B.[1]

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