Frente a las graves consecuencias de un sistema social basado en el lucro a cualquier costo contrasta la liviandad con que reaccionan las instituciones y la clase política. Ello ha quedado cada vez más evidencia con las movilizaciones sociales de las regiones en conflicto con las empresas monopólicas y el gobierno central. El caso de Freirina es uno de los más emblemáticos pero sin duda no será el último. De paso queda en evidencia la estrecha imbricación de intereses de quienes concentran el poder político y económico. Todos los incentivos están dirigidos a premiar la colusión, de allí que medios pelos, funcionarios y emperifollados administradores bailen al son exclusivo de la música que les ponen. Todo vale en esa pelea, en el consejo nacional de acreditación, en los comités de evaluación ambiental, en las comisiones parlamentarias, en la aprobación de la ley de pesca. El aroma de putrefacción se extiende más allá de los lugares contaminados en un país fragilizado que empieza reaccionar por el flanco menos esperado en una sociedad de consumo, la sostenibilidad y las condiciones de vida más básicas. Chile se está acabando.
Un país exhausto
El comportamiento depredador del modelo económico extractivista imperante, acelerado profundamente en torno a 1995 por los gobiernos de la concertación, prepara una nueva intensificación y ello en todos los sectores, de los cuales sobresalen la minería y la pesca. Sin embargo, topa con límites naturales, la continuidad del recurso que explota, la disponibilidad de agua y de energía. El manejo de estos tres aspectos, siempre escasos para el modelo intensivo pero no para un modelo sustentable, pone al país en un dilema grave. Si se triangulan al servicio del actual modelo significa la muerte simple de recursos, comunidades y condiciones de vida. Si se considera que los recursos naturales, el agua y la energía deben hacer parte de un país sustentable, el modelo extractivista deberá ser revisado en profundidad y con ello la estructura del modelo socio económico imperante en Chile.
Esto no es una cuestión de ideología es una exigencia de la realidad. Chile no puede ser un país minero a cualquier costo ni pensarse como un mero territorio de valorización del capital, donde la gente no cuenta. Contra todas las ideas preconcebidas y generalizadas hace mas de 40 años Chile no es un país “abundante en recursos naturales” y sobre todo en minería.
Chile tiene un mapa difícil. En sus excepcionales partes anchas no supera los 400 km, el promedio en la zona central está entre 200 y 250 km y las partes más angostas no superan 90 km. Su extensión vertical configura regiones con equilibrios ambientales muy auto centradas, con zonas fértiles de valles estrechos y dependientes de cuencas hídricas y flujos cordilleranos. Toda degradación ambiental se extiende rápidamente, no hay zonas de amortiguamiento o de transición. El crecimiento de la población que se duplicó y la intensificación de la explotación de recursos naturales ha fragilizado la sostenibilidad del país. Particularmente la acuífera sobre la cual no hay información oficial válida.
Ello es lo que ha empujado a diversas regiones a tomar conciencia de un problema ignorado hasta ahora por la mayoría. Los comportamientos individuales irresponsables, la regulación inexistente y el comportamiento empresarial depredador se agregaron en una idea de consumo ilimitado importado y crecimiento basado en el sector primario exportador, un siglo 19 remozado.
En esta línea toda profundización del modelo se hará en detrimento de las condiciones de vida de la población y la sostenibilidad del país porque el margen está agotado. No es casual que las soluciones propuestas sean cada vez más faraónicas, derretir glaciares, llevar agua desde el sur al norte, súper carreteras de transmisión eléctricas, mega represas, centrales nucleares, sacar agua de Bolivia y Argentina entre otras. Esto no es más que la expresión de que los costos del modelo se vuelven cada vez mayores sin que los beneficios estén a la vista para los ciudadanos, vivan o no en las zonas afectadas.(1) Así no habrá lugar dónde librarse de estos impactos.
El boom en torno a los recursos naturales
La búsqueda y explotación intensiva de recursos naturales en América Latina asimila a la región a un nuevo El Dorado, llegar, extraer, vender, aprovechando precios altos.
En 2010 según la Cepal la inversión extranjera creció en un 40% unos 113 mil millones de dólares. De ello también un 40% han sido dirigidos a los recursos naturales particularmente la minería. Tres países concentran la inversión extranjera Brasil, México y Chile. Pero en el área de la minería dos países concentran la mayor rentabilidad de las empresas Perú y Chile.
“La razón de la presencia de empresas peruanas y chilenas está en los resultados conseguidos por sus mineras. Las cupreras chilenas han sido los tradicionales ganadores en todo ránking de rentabilidad y aunque este año tienen una competencia mayor, siguen encumbradas apoyadas por los precios del cobre, años de invertir en mayores eficiencias y un pago de impuestos preferente. Escondida es un caso ejemplar: la minera chilena operada por el grupo BHP Billiton consigue utilidades por casi un millón de dólares por cada trabajador contratado. Anglo American Norte, Pelambres y Antofagasta Holdings son mineras que están por la misma ruta. Las peruanas Southern Perú Copper Corporation, Barrick Misquichilca y Buenaventura son tres de las que se posicionan también entre las más rentables. (2)
De acuerdo con el portal de Internet Minería Pan-Americana, la inversión en la industria minera latinoamericana sumará US$327.000 millones entre el 2011 y el 2020. De la cifra se desprenden US$75.000 millones para Chile, US$58.000 millones para Brasil, US$56.000 millones para Perú, US$22.000 millones para Colombia, US$13.000 millones para México, US$10.000 millones para Argentina, US$7.000 millones para Ecuador y US$4.000 millones para Panamá. Este tren arrollador tiene ya decididos defensores en el país y sus grupos de interés convenientemente articulados con la política.
Transformación de gobiernos y del capital
La presión del capital sumado a los modelos económicos tradicionales compartidos por la derecha y la izquierda tradicional en los que inversión, crecimiento del Pib y uso indiscriminado de recursos es asimilado al desarrollo está produciendo sorprendentes alianzas entre gobiernos, grupos de interés criollos y grandes empresas. El caso de colusión mas evidente es también el chileno aunque el mapa de la colusión también está presente en toda la geografía política de la región. La justificación es siempre la misma: el crecimiento y el desarrollo luego vienen el empleo, los ingresos fiscales. Poco se menciona la razón fundamental una taza de ganancia colosal para las grandes empresas.
Según el estudio encargado a Cenda y publicado por el centro de investigaciones del desarrollo de Naciones Unidas con sede en Ginebra “Lo que está en juego es nada menos que el equivalente a la mayor parte del presupuesto total de las políticas sociales chilenas – aproximadamente el equivalente al gasto público en educación, salud y pensiones, todo junto. Esa es la magnitud aproximada de la renta minera que – a los precios actuales del cobre – se está sacando al extranjero cada año, en su mayor parte para financiar las ambiciones de monopolio mundiales de uno o dos gigantes mineros transnacionales”(3). Los hallazgos han sido nuevamente confirmados en 2009.
Aun menos se mencionan los impactos ambientales y tampoco se asume que en realidad la minería nunca ha financiado un modelo de desarrollo y menos aun transformado la estructura del empleo.
Con el cuchillo al cuello
La problemática ambiental relacionada con el modelo de desarrollo es relativamente reciente a nivel internacional pero en América Latina era casi inexistente hasta ahora. El uso de los recursos naturales (RN) ya no tiene un estatus único y dogmático. Desde la mitad de los años setenta, el análisis de los patrones de desarrollo y del papel de los RN se escindió.
Un lado continúa una versión clásica principalmente económica y la otra una versión crítica que pone en tela de juicio la racionalidad de la explotación de la RN. Esta visión plantea preguntas por su papel en el desarrollo, sus limitaciones, la necesidad de administración sistémica y sostenible, democrática y sobre la regulación de las condiciones de gestión.
En algunos casos los RN son relacionados con una categoría universal de derechos como el acceso al agua y la calidad del medio ambiente. Sin embargo la fuerza más poderosa para instalar el tema ha sido como siempre la propia amenaza a las condiciones de vida. El diagnostico del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales es claro: En toda la región se han desatado unos 161 conflictos entre gobiernos y empresas, por un lado, y ciudadanos que se resisten a la instalación de yacimientos a cielo abierto en sus territorios con el argumento de que, a diferencia de la menos rentable minería subterránea, los nuevos proyectos dañarán su entorno ambiental y sus actividades agrícolas tradicionales…/…Con lemas como que el agua vale más que el oro, unas 212 comunidades se enfrentan a unos 173 proyectos mineros y reclaman que se las consulte antes de su ejecución…/…muchos pobladores de regiones mineras, en general zonas áridas y pobres, se han puesto en pie de lucha para oponerse a los yacimientos a cielo abierto por el impacto medioambiental que éstos provocan por el uso de agua, cianuro y arsénico”.
Frente a lo que se viene las tensiones se incrementan y los conflictos se agravan, las empresas han buscado amortiguar la mala imagen con la denominada responsabilidad social de las empresas que financian obras sociales en las comunidades afectadas. Sin embargo también es conocido que en paralelo se cooptan lideres se corrompen organizaciones y se presiona con matones cuando es necesario y compañías de seguridad privadas.
Resistencia o adaptación
La evolución del problema puede conocer tiempos y condiciones distintas según los países y sus condiciones territoriales, aunque no lo elimina. La cuestión entre la resistencia o la adaptación al modelo extractivista seguirá una línea sinuosa pero sin duda no podrá ignorarse.
Cabe interrogarse sobre los puntos críticos de un proceso que por su contenido e implicaciones afecta todos los niveles de la vida de un país.
Los conflictos y la resistencia han logrado poco a poco avanzar en una visión sistémica sobre el problema. Ya no es sólo el empleo o los subsidios regionales, se relaciona con el modelo económico y sus costos vs los pretendidos beneficios. La creciente judicialización de las reivindicaciones ha logrado algunos triunfos como en el caso de HydroAysen, es un camino recorrido con sus altos y bajo pero tienen el potencial doble de implicar a la institucionalidad y de recurrir a las normas internacionales que interpelan a los gobiernos.
Pero las normas suponen instituciones y acuerdos políticos capaces de darle un fundamento a las capacidades regulatorias del Estado y legitimidad a los procesos decisorios. En este punto está todo por construir.
La contradicción entre la extrema privatización y la débil capacidad regulatoria pública ha llevado replantear la nacionalización de los recursos naturales. Si bien esto es necesario no resuelve la cuestión del control democrático y menos aun la cuestión del modelo económico. Ello supone tomar decisiones orientadas por otros criterios que los productivistas, extractivistas y en la exclusiva renta privada. La inclusión de criterios de sostenibilidad, calidad de vida, derechos de la naturaleza, respeto de las comunidades, implica un acuerdo programático y político que al final debería ser reconocidos institucionalmente. Por ahora el énfasis es casi completamente tributario, es decir obtener mas rentas de las mineras pero no replantear su inserción y hegemonía en el modelo económico. Algo que las propias comunidades están descubriendo, los impuestos no pueden generar agua.
Ecuador y Bolivia han hecho un esfuerzo en este sentido intentando replantear el esquema extractivista introduciendo valores como “el buen vivir” sin embargo traducirlos en la práctica no es fácil y tampoco han evitado conflictos y enfrentamientos con las comunidades afectadas. Otros países tienen comportamientos contradictorios como Argentina, Brasil y Venezuela.
No todo podrá ser asumido simultáneamente pero imaginar las transiciones y sus objetivos es una tarea urgente. Muchas comunidades no tienen el tiempo de esperar.
La conclusión del estudio citado por naciones unidas era igualmente exigente sobre Chile. “Más aún, serán necesarios cambios mayores en el sistema político de la transición a la democracia que ha durado más que la dictadura que reemplazó en 1990. Precisamente, los limitados procedimientos democráticos de la “transición” otorgan en la práctica un poder de veto a los actores identificados con los intereses especiales tales como las mineras privadas – los que operan tanto al interior del gobierno como en la oposición”.
NOTAS:
1) Ni China con su teoría de ensuciar primero y limpiar después y en condiciones de mayor extensión está en condiciones de soportar el impacto de tamaña devastación. La expulsión de población se volvió inevitable.
2) AméricaEconomía ranking de las 500 mayores empresas en América Latina.
3) On minerals rent and social policy in Chile Unirsd Ginebra 2007.
