Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes ante la reunión especial de la OEA en Viña del Mar los días 3 y 4 de septiembre de 2011, con motivo de celebrar los 10 años del establecimiento de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, manifestamos a la opinión pública nacional e internacional que:
Rechazamos la realización de esta reunión como un abierto intento de imponer el olvido y manipular la memoria en Chile de la represión, la desaparición, la tortura, el asesinato, las relegaciones y la supresión de las libertades fundamentales y los derechos humanos durante la dictadura iniciada con el brutal golpe de Estado el día 11 de septiembre de 1973.
Reiteramos nuestra demanda de verdad, justicia y reparación integral de todas las violaciones a los derechos humanos sufridas por miles de chilenos y también extranjeros durante la dictadura.
Denunciamos la falta de compromiso del gobierno encabezado por Sebastián Piñera en la promoción y protección de los derechos humanos. Al contrario, su gobierno ha sido un adalid de la impunidad y sólo se ha preocupado por promover el cierre de las causas judiciales y llevar adelante propuestas de indulto para genocidas, con el claro objetivo de consagrar la impunidad de los crímenes ocurridos.
Rechazamos la constitución política establecida por la dictadura en el año 1980 y maquillada por los gobiernos de la Concertación, que significó la institucionalización de un modelo político, económico, social y cultural antidemocrático caracterizado por la represión, la desigualdad, la exclusión y la precarización de los derechos del pueblo chileno, modelo el cual ha sido profundizado y perfeccionado hasta nuestros días. Por esto, se hace urgente el llamado a una Asamblea Constituyente para establecer una nueva constitución política realmente democrática. No es aceptable la democracia representativa actual, garante de los intereses de unos pocos privilegiados, sino que la democracia debe ser participativa y popular, como la lograda con el triunfo legítimo de Salvador Allende el día 4 de septiembre de 1970.
Denunciamos la criminalización de la protesta social, el cierre del espacio público y el incumplimiento del derecho de libertad de manifestación y expresión en nombre del llamado orden público, que sólo esconde la defensa de los intereses privados y la perpetuación de la injusticia social.
Rechazamos la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura, que ha sido utilizada por los gobiernos de la Concertación y por el gobierno de Sebastián Piñera para amedrentar las legítimas demandas de los pueblos originarios y la lucha de los jóvenes que cuestionan este modelo de exclusión y precariedad. Por lo cual, llamamos de una vez por todas poner fin a la ley antiterrorista y liberar a los líderes del pueblo mapuche hoy en prisión política. Del mismo modo denunciamos la criminalización de las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas, la cruenta represión que la acompaña con su saldo de muerte, tortura, tratos crueles e inhumanos por parte de agentes del Estado.
Denunciamos la implantación en América Latina de un modelo económico extractivo-exportador al servicio de los capitales transnacionales y no del bienestar de sus pueblos, caracterizado por el saqueo de los recursos naturales, la contaminación irreversible y la pérdida de la biodiversidad.
Consideramos que la Carta Democrática del 11 de septiembre de 2001 ha servido fundamentalmente a los Estados Unidos para consolidar un escenario global de inseguridad y a la extensión de su lucha contra el terrorismo que mañosamente ha servido para perseguir todas las luchas sociales que pongan en cuestión el actual modelo neoliberal.
Rechazamos el golpe de Estado ocurrido en Honduras y el proceso de legitimación del gobierno emergido de ese acto de fuerza reincorporándolo a la OEA. Recordamos que la misma Carta Democrática dice que “la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia”. En el caso de Honduras, actualmente, no se respetan los derechos humanos y no se restituyó en el poder al Presidente Manuel Zelaya para que terminara su mandato.
Denunciamos las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia. Un informe de Medicina Legal de Colombia ha denunciado que se han registrado 38 mil 255 personas desaparecidas en los últimos tres años. Sin embargo, la OEA no ha invocado la Carta y suspendido a Colombia como Estado miembro pese a estas graves violaciones a los derechos humanos.
Rechazamos la militarización de América Latina con la instalación de nuevas bases militares de estadounidenses en nuestros países y fronteras, los ejercicios militares conjuntos y el adiestramiento de fuerzas militares y policiales en la Escuela de las Américas en los EEUU.
Si la Carta Democrática no sirve para proteger los Derechos Humanos, las Libertades y la Soberanía no tenemos nada que celebrar.
Santiago de Chile 3 de Septiembre de 2011
Red de Sitios de Memoria y Organizaciones de Derechos Humanos de Chile Agrupación de Ex Presos Políticos de Chile. Colectivo 119, Familiares y Compañeros. Comisión Ética Contra la Tortura. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Fundación José Domingo Cañas. Londres 38, espacio de memorias. Observatorio de DDHH de la UDP.
