Ante el masivo movimiento social popular de los últimos veinte años, que ha levantado como principal bandera de lucha que se haga efectivo el Derecho garantizado por el Estado a educarse a ciudadanos, el Presidente de la República y los sectores más arcaicos de la burocracia política chilena han respondido consecutivamente: “La educación no puede ser gratuita, porque nada es gratis en esta vida”. Dicho argumento se puede solamente entender de una persona incapaz de comprender el proceso actual que vive el país producto de una sobreideologización que le impide ver el bosque detrás de ése árbol que se llama gratuidad de la educación. Tratemos de darle una vuelta.
La educación nunca fue ni será gratuita, porque conlleva “costos” inherentes para que se desenvuelva. El financiamiento de la infraestructura, docencia y los distintos proyectos de investigación son inversiones que debe realizar una comunidad para poder emprender un desarrollo que satisfaga los intereses de sí misma. El problema está donde se cargan esos “costos”, si la pesada mochila se carga individualmente o colectivamente. Es decir, si el pago de lo que significa el proceso educativo lo realiza cada familia y/o ciudadano de un país o se asume como una responsabilidad de la sociedad a través del representante orgánico de ella: el ESTADO. Siendo esa la disyuntiva, veamos como se expresa cada una.
El primer caso es el vigente en Chile, donde el peso de la mochila se reparte en las distintas familias que tienen a sus hijos en la universidad, donde cada cual se hace cargo en términos sustanciales del pago arancelario. Pero esto nos daría lo mismo si todos viviéramos en una sociedad homogénea económicamente, puesto que para todos el esfuerzo individual sería similar. Sin embargo, nuestro país es uno de los más desiguales del mundo y esto es lo que no han podido ver o, mejor dicho, se niegan a ver los representantes intelectuales y políticos de la clase dominante SOBREIDEOLOGIZADOS con sus pensamientos neoliberales. A simple vista podemos darnos cuenta de que el esfuerzo por pagar las matrículas, mensualidades y/o aranceles de nuestros hijos e hijas es diferente para cada ciudadano, lo cual está ligado al nivel socioeconómica y al “poder adquisitivo” de cada familia, lo que obviamente está determinado por la profesión que tenemos, la cual a su vez por la posibilidades educaciones y sociales que tuvieron los padres y madres de esos estudiantes. Por ello, el esfuerzo para cargar la mochila educacional es mayor mientras bajamos en la “pirámide” socio-económica del país, cuestión que se niegan a resolver las SOBREIDEOLOGIZADAS políticas de los últimos Gobiernos de este país. Para ponerlo en términos numéricos, para una persona que gana 500 mil pesos es mucho más difícil pagar un arancel universitario de 200 a 300 mil mensuales, que para aquellos que ganan sobre 1 o 2 millones. Imagínense para la gran mayoría de los chilenos que ganan entre 150 mil y 300 mil pesos. Es en base a esa realidad que aparecen los fenómenos de las becas, para los sectores más precarizados que por su ingreso NO PUEDEN acceder a la educación sino fuera por este salvavidas educacional.
Pero hay otra forma de ingresar a la educación superior, los aberrantes créditos universitarios. Ustedes dirán: ¿por qué aberrantes si son una ayuda para poder estudiar? El concepto de ayuda se debe poner en cuestión cuando un crédito es simplemente un fenómeno que POSTERGA e, incluso, ETERNIZA el pago de los aranceles, ya que si bien te ofrece la posibilidad de entrar a la Universidad, todo queda limitado a los vaivenes de un incierto presente laboral de tu familia y también del estudiante, como en su futuro. Es decir, nos da la lógica de pan para hoy (poder acceder a la educación) pero te dejan en la incertidumbre del hambre para mañana (no tener la certeza de poder pagarlos en el futuro.) Y este punto se hace más indignante cuando los créditos tienen una enorme tasa de interés y más cuando se van directamente a la banca privada (como el Crédito con AVAL del ESTADO) donde son empresas que buscan LUCRAR financieramente con nuestro DERECHO a EDUCARNOS, sea con un 4% o 5 % de interés, al fin y al cabo lo que buscan es ganar dinero. Pero qué pasa si existe la imposibilidad de pagar ése crédito en el futuro o si en el transcurso de tus estudios no puedes pagar tu arancel mensual producto de que tus padres perdieron su trabajo o si tu perdiste tu trabajo, no queda más remedio que retirarte de la carrera y con una deuda para pagar algo que no te sirve de nada. Así el círculo vicioso se cierra, porque no te sirvió de nada estudiar 1 o 2 años si no tienes un título y, por ende, posibilidad de acceder a un empleo que te permita pagar el salario. En síntesis, los créditos no son más que un SALVAVIDAS de PLOMO o, sino pregúntenle a la economía norteamericana que hizo estallar la ECONOMÍA MUNDIAL tras vivir años y años en las “Burbujas crediticias” que los norteamericanos pedían para poder vivir en casas dignas, pero que no pudieron pagar por la carencia de empleo o por los miserables salarios que tuvieron. Y esto se puede poner más aberrante aún, puesto que el sistema de créditos y becas busca “privilegiar” a los sectores más precarios que sin ellos no tienen ninguna posibilidad de acceder a la educación, por ello éste “precariza” las condiciones sociales de los sectores medios del país, ya que estos deben endeudarse enormemente para financiar el estudio de sus hijos, nivelando hacia “abajo” a contrapelo de lo que pretenden los SOBREIDEOLOGIZADOS representantes de la clase empresarial en Chile, es decir, todos los políticos. Es esta realidad la que polariza a la sociedad y no un grupo de “exaltados” o “ultra” izquierdistas, es ella misma que divide en dos bandos a la sociedad: los ricos y los pobres.
Sin querer detallar más las consecuencias económicas y sociales de la realidad actual de Chile, veamos el potencial que pudiera tener que el ESTADO se haga cargo completamente del pago de la EDUCACIÓN. Esto parte del supuesto inverso de la lógica individualista neoliberal-capitalista que hemos visto, ya que se sostiene en el supuesto de que la SOCIEDAD en su conjunto se hace cargo del FINACIMIENTO del proceso formativo de sus nuevas generaciones. En este ejemplo, es la misma comunidad la que se autoexige colectivamente un DEBER, el de generar las mejores condiciones para su desarrollo y crecimiento con la finalidad de satisfacer sus necesidades. En base a ello, entrega gran cantidad de dinero para poder generar mecanismos para ese desarrollo, donde el avance científico y tecnológico juegan un rol clave, provocando disminuir los costos de ese mismo proceso, por ello, la EDUCACIÓN deja de ser un costo y se transforma en una INVERSIÓN SOCIAL de mediano y largo plazo.
La pregunta que cabe aquí es clara: ¿Cómo se puede lograr esta imaginaria utopía? Aquí topamos con el tema del financiamiento. Hay muchos mecanismos para solventar económicamente la educación, pero partamos el que rompe la lógica de que los estudiantes y los pobres siempre queremos muchos derechos y pocos deberes. En Chile, los impuestos son altamente regresivos, ¿qué significa esto? que todos pagamos proporcionalmente la misma cantidad en impuestos, es decir, el pago por medio de las cosas que consumimos y las imposiciones que nos cobran mensualmente es porcentualmente similar. Todo parece ser muy igualitario, pero el problema es que nuestra enorme brecha económica real provoca que el pago de impuesto, al igual que los aranceles, sea un mayor esfuerzo para los que ganan menos dinero que para aquellos que ganan más. Es decir, si pagamos todos un 30% de su ingreso mensualmente en impuestos, tiene repercusiones diferente si yo gano 500 mil pesos que para uno que gana 2 o 3 millones. Ustedes dirán que estos últimos pagan más monetariamente, en efecto es así, pero su capacidad adquisitiva es mayor, por lo que de igual manera quedan con más dinero acumulado que el más pobre. Por ejemplo, aquél que gana 500 mil pesos, gasta 150 mil en impuesto, quedando sólo con 350 mil para poder ahorrar, mientras que el que gana 2 millones, gasta 600 mil pesos y queda con 1 millón 400 mil pesos restantes.
Imagínense la desequilibrada brecha que existe entre el que gana 180 mil pesos y el que gana 10 millones de pesos. Esto es uno de los tantos elementos que agudiza la desigual distribución del ingreso en nuestro país, lo cual para poder ser minimizado –sí, sólo minimizar, porque la solución final está en la supresión de las relaciones de clases-, se necesita una sistema impositivo de tipo progresivo, donde quienes ganen más dinero paguen un impuesto razonablemente mayor a los que ganan menos. Es decir, si yo gano 2 millones de pesos podría pagar el 40 % en impuesto, vale decir, 800 mil y me seguiría sobrando una gran cantidad de dinero para ahorrar. Esto iría equilibrando la balanza.
Con esta solución, se podría dar una verdadera base para un acuerdo social donde toda la ciudadanía se compromete a hacerse cargo de la educación de los chilenos por un proyecto de país de largo plazo, por lo cual los futuros profesionales que se educan en ése sistema devolverían en forma de impuestos el dinero que Chile invirtió en su formación, además del trabajo que ejercerían en el proceso productivo. Con lo cual se podría ir financiando la educación de las futuras generaciones. Así, la educación pasa a ser un Derecho garantizado por la comunidad, pero su financiamiento un Deber de él conjunto de ella, el cual es canalizado por medio del Estado, representante de todos los ciudadanos que pagan impuestos que lo sustentan.
Pero además de ese mecanismo, se pueden sumar otros. El más propuesto es la Renacionalización o, al menos, un impuesto especial –los llamados ROYALTY’s- a la explotación de los recursos naturales, específicamente aquellos de carácter estratégico para nuestro país como el COBRE y el AGUA. Ante esto, los políticos chilenos, en especial el actual Gobierno como representante directo de la clase Empresarial nacional e internacional, siempre ha negado esta posibilidad aludiendo a una potencial huída de los “inversionistas” extranjeros de nuestro país por un exceso de “obstáculos” para poder desarrollar la explotación de dichos recursos. Basados en la teoría más “ortodoxa” del neoliberalismo, concluyen que se irían en busca de algún paraíso fiscal donde no existe la menor traba impositiva para poder “invertir”. Quizás el único gran paraíso para eso sea Chile. Pero analicemos un poco esto. Ambos recursos mencionados son vitales para la producción nacional y mundial. El caso del agua es un recurso clave para poder desarrollar cualquier tipo de industria en Chile, en especial la Minera que es la principal, puesto que la matriz energética se encuentra concentrada en las Hidroeléctricas y la producción basada en la más moderna tecnología necesita de los medios energéticos más baratos para ello. Por esto, en el caso nacional, la explotación del agua es clave, por lo que tanto los capitales chilenos y extranjeros que quisieran generar riqueza individual en nuestro país, están prácticamente obligados a depender de la energía hidroeléctrica. Por lo mismo, es imposible que huyan de Chile los capitales invertidos en esta área productiva, siendo que es un negocio redondo para ellos o para el Estado si se hiciera cargo de los servicios energéticos del país, porque de todos modos tendría una gran cantidad de consumidores empresariales cautivos.
A su vez la explotación cuprífera es uno de los recursos centrales e insustituibles de la producción mundial, a nivel del Petróleo y el Hierro. Gracias a esto, se ha producido una explosión del precio del Cobre como consecuencia del desarrollo tecnológico de la industria y los bienes de consumo, lo cual pone a este recurso cada vez más al centro de la economía. Por esto último, ni aunque Chile fuera el último productor de este mineral se irían los capitales extranjeros por que este recurso es neurálgico para la economía y su imposibilidad de renovar, a lo que se debe sumar la rapiña de los empresarios que buscarían hasta el último rincón del mundo para extraerlo. Volviendo a la realidad, Chile es el productor Número 1 del Cobre, es el “Arabia Saudita” –principal productor de petróleo- de éste recurso, tal cual como dicho país, tiene el sartén por el mango en su producción. Entonces, ¿por qué no subirle los impuestos a las empresas de este rubro para poder invertir en el desarrollo del país? No puede ser otra la respuesta más que la sobreideologización con el neoliberalismo de los políticos chilenos, porque en los PAÍSES DESARROLLADOS, grupo al cual siempre han querido incorporar a Chile, tienen los impuestos más altos del mundo, especialmente sobre las empresas extranjeras. Así queda claro, que la imposibilidad de hacerlo es una simple INRTANSIGENCIA y FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA de legislar a favor de los intereses del país, busca continuar con el beneficio material de aquellos que se han enriquecido hasta ahora.
Por todo lo antes dicho, la apuesta estudiantil por una Educación financiada completamente por el Estado no es solamente beneficiosa para los pobres, sino que para todo el mundo, en especial a los sectores medios puesto que impide su creciente descenso en la pirámide social. Por otro lado, es totalmente realista y no utópica ya que se basa en posibilidades concretas para lograrse. Del mismo modo no es sobreideologizada, puesto que responde a una necesidad histórica para la sociedad chilena. A la inversa, los únicos “ortodoxos” e intransigentes con sus concepciones políticas son los que ocupan cargos públicos en el Gobierno. También, los oportunistas que plantean poco y nada para resolver esto, como una mesa de diálogo, cuando sólo por esa vía se ha resuelto siempre más de lo mismo y en beneficio para los ricos, queriendo convertir a la Educación en un nuevo Transantiago, donde todos dicen fiscalicemos e inyectémosle más recursos del Estado, pero el pozo sin fondo continúa y los problemas también, porqué en realidad nadie hace nada para resolverlos. Está sumamente claro que la comunidad no quiere Educación gratuita porque sabe que los costos los asumirá ella misma en su conjunto por medio del pago de impuestos más progresivos y su trabajo cotidiano, lo que no quiere es seguir pagando aranceles elevadísimos a instituciones que sólo buscan enriquecerse con ellos entregando una formación profesional mínima.
En este contexto, se enfrentan los que no tienen el poder político del Estado pero si tienen argumentos de peso y el apoyo social de quienes realmente hacen andar el mundo, los trabajadores y trabajadoras de Chile, contra todos los partidos políticos nacionales que si bien controlan el aparato institucional del país y cuentan con pocas respuestas profundas a las demandas sociales producto de su ortodoxia ideológica, tienen una mínima credibilidad ciudadana. Ante ello, la cuestión es como se resuelve el conflicto, lo que nos lleva a un tema político que debe poner en cuestión el sistema institucional en el cual vivimos, viendo hasta qué punto es realmente democrático, para develar hasta dónde representa y canaliza las demandas de todos los ciudadanas y ciudadanos, no sólo a los que tienen el poder económico. Al parecer la clase política está entre la espada y la pared, si responde al beneficio de los más poderosos económicamente o a los más poderosos masiva y numéricamente.
José Ignacio Ponce López
Integrante del Taller de Historia Política
y de Estudiantes Movilizados U. V.
11 de Agosto del 2011.
