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Desastres naturales y los recursos económicos para enfrentarlos. Por Nelson Aquiles Soto

En estos últimos cuatro años, los desastres naturales en Chile se han ensañados con nuestro país, tal es así, que en las postrimerías de dejar el primer gobierno la Presidenta Bachelet el año 2010, la población chilena sufrió las consecuencias de ese gran terremoto que afectó a gran parte del centro y sur de Chile, especialmente en las zonas costeras, provocando posteriormente ese gran tsunami que dejo como resultados miles de casas destruidas, y la desaparición y muerte de centenares de compatriotas, quedando como un icono de esta tragedia la comuna de Dichato, como la más afectadas por esta situación. Una de las grandes polémicas que quedo de esta catástrofe, fue la tardía acción del gobierno de Bachelet, en cuanto alertar oportunamente a la población del tsunami post terremoto, lo que habría evitado las desgraciadas consecuencias del mismo.

Con este escenario asume como Presidente de la República Sebastian Piñera, donde las principales tareas son de la reconstrucción de los lugares afectados, cuyas primeras medidas como ha sido la costumbre de todos los gobiernos, son las instalaciones de viviendas de emergencias, que muchas de ellas se transforman en permanente. Sin embargo, no habían transcurrido más de seis meses, cuando el 05 de agosto del año 2010, todo Chile se impacta por el derrumbe de la Mina San José en Copiapó, donde quedan atrapados 33 mineros, los que después de varios meses de arduo trabajo de los equipos de rescate, y ante la expectación nacional e internacional, el 13 de octubre del mismo años, gracias Dios, fueron rescatados todos los mineros sanos y salvo, pero al igual que el hecho anterior y las posteriores catástrofes, que han ocurrido en nuestro país, estas situaciones pudieron haberse evitado, ya que las autoridades tenían la información técnica para actuar proactivamente y evitar dicho accidente.

Pero pareciera ser que el año 2014, este ciclo de catástrofes se acentuaría, tal es así que en el mes de abril todos fuimos impactados por el terremoto grado 8,2 escala Richter que afecto al norte de nuestro país, especialmente en las ciudades de Arica, Parinacota y Tarapacá, terremoto que quedo dentro de los 10 terremotos más grandes ocurridos en Chile, cuyas consecuencias también fueron de destrucción y muerte, donde su reconstrucción todavía no termina.

Pero pareciera que la naturaleza no quería dejar de marcar presencia, pues en el mismo mes de Abril, se produce el gran incendio de Valparaíso, siniestro que se originó el sábado 12 de abril en el sector de La Pólvora, siniestro que dejó más de 2900 viviendas destruidas, 12 500 personas damnificadas 15 víctimas fatales y cerca de medio millón de heridos, cabe señalar que este incendio precedió al ocurrido en febrero 2013, y que destruyo 105 viviendas y afecto a 1200 personas.

Fue asi que despedimos el año 2014, augurando en nuestros corazones un Auspicioso y Feliz 2015, pero la tranquilidad de la población no iba a tener un descanso fue efímera, que a pesar de tener un verano relativamente tranquilo y tal como parafrasea un comercial, ¨se no vino marzo ¨ efectivamente marzo nos sorprende con tres hechos que la madre naturaleza nos tenía reservado, desastres que todavía no se cuantifica el impacto causado a la población, y al medioambiente, me refiero a los incendios forestales ocurridos en Región del Bío Bío y especialmente en la Araucanía, incendios que recién se están logrando controlar.

Adicional a ello tenemos lo que está ocurriendo desde hace varias semanas, con las erupciones del Volcán Villarica, lo que ha significado evacuaciones de los lugareños que están en sectores más cercanos del macizo andino a objeto de evitar pérdidas humanas, ante un eventual estallido.

Sin embargo, lo más grave que ha ocurrido han sido las torrentosas lluvias acaecidas en la cordillera de los andes, entre la segunda y la cuarta región, provocan los más grandes aluviones que hayan ocurridos hace más de ochenta años en dicho sector, cuyas consecuencias han sido la destrucción, muertes y desapariciones de habitantes de las ciudades como Copiapó, Vallenar, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Alto del Carmen, por nombrar algunas, cuyo catastro todavía aún no se cuantifican totalmente, solo sabemos a través de los distintos medios de comunicación, como los damnificados abogan por una mayor presencia del estado a través del gobierno, con maquinarias y ayuda que si bien es cierto se ha prestado ha sido insatisfactoria, para la envergadura del daño causado por la naturaleza. Sin embargo, las respuestas al igual que otras ocasiones se entregan con mucha asertividad y bonitas palabras, con promesas de estar evaluando y trabajando para ellos, pero estas a veces estas se diluyen o se desvanecen, en el tiempo producto de otras emergencias que hacen cambiar el foco de atención, la cual esperamos que en esta oportunidad no sea la ocasión.

En resumen, nuestro país permanentemente está siendo azotado por la naturaleza, pero la gran pregunta que la ciudadanía se hace:

¿Nuestro país está preparado, para enfrentar catástrofes de esta índole?

La respuesta y sin temor a equivocarme, creo que NO, por dos razones:

En primer término quienes han liderado la Oficina Nacional de Emergencia están supeditados al gobierno de turno, quitándole continuidad y formación permanente a quienes deben velar por la ciudadanía ante situaciones de emergencia, como las ya descritas, formando equipos multidisciplinarios y permanentes.

En Segundo término está la falta de recursos económicos, ya que solo existe la posibilidad de obtenerlos con mayor holgura y agilidad, solo cuando el lugar afectado es declarado zona de catástrofe

En relación a la falta de recursos económicos basta analizar la catástrofe reciente, donde vemos que el gobierno en nombre del estado comunica rimbombantemente que está aportando a las zonas siniestradas 6 mil millones de pesos, para efectuar trabajos de limpieza y ayuda a los damnificados, sin embargo, a través de los mismos medios de comunicación nos enteramos sorprendentemente de la ayuda que hace un particular, el conocido empresario minero Leonardo Farkas, quién viaja exclusivamente del extranjero, para aportan directamente a los damnificados ochocientos millones de pesos en enseres y mercadería, aporte que lo incremento en 600 millones de pesos más, vale decir, un particular aporta a quienes sufren la desgracias de perderlo todo cerca del 25 % del primer aporte del estado.

Sería interesante conocer transparentemente, los montos que han aportados las empresas privadas, ante esta catástrofe, y ojala estuvieran a la altura del aporte que han hechos a los políticos en sus campañas electorales, especialmente sería interesante conocer cuantitativamente el aporte de las empresas mineras, sin que ello signifique rebajen impuesto en sus estados de resultados de fin de año.

¿Por qué planteo esto?

Porque creo que es necesario que el estado a través de los gobiernos de turno, definitivamente deben velar que situaciones como estas, cuente con los recursos necesarios para ir en ayuda efectiva y eficaz de nuestros conciudadanos, muchos podrán decir que los recursos son escasos, a estos le digo lo siguiente:

1) El Estado chileno regularmente está obteniendo recursos de distintas fuentes que no están en el presupuesto anual del país tales como:

a. .- Los recursos obtenido con las multas que se le aplican aquellas persona y empresas que violan la ley, ejemplos concretos, ¿ A dónde irá a parar la reciente multa aplicada a la empresa minera Caserones, por más de 7.000 mil millones de pesos, por el no cumplimiento de temas ambientales?. Si agregamos a ello las incautaciones de los bienes a los narcotraficantes, que muchas veces son sumas siderales, a ello agreguemos los montos involucrados en los actos de corrupción, tales como la colusión de las farmacias Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, donde los tribunales dictaminaron una multa de US$ 20 millones de dólares; si a ello incluimos en la lista el caso Cascada donde la Superintendencia de Valores y Seguro aplicó una multa de US$ 164 millones de dólares, sin saber todavía lo que el estado a través de la justicia pudiera sancionar, pero apoyada por un trabajo profesional y eficiente del Servicio de Impuesto Internos , en los casos que se están investigando, como son Penta, Soquimich, Caval y otros, fácilmente los fondo para enfrentar una emergencia pudieran ser suficientemente para enfrentar emergencias al nivel de los países desarrollados que integran la OCDE.

b. Lo más preocupante de todo es que la población, no ha entendido que la situación por la que atraviesan, si bien es cierto son producto de lo que nos sorprende la naturaleza, pero también cierto que la población debido a su falta de compromiso social, es responsable de su propio destino, ya que no ha entendido la importancia que tienen los recursos naturales, menos aún que ellos estén en manos de las empresas y transnacionales, dejando que otros tomen sus propias decisiones eligiendo a representantes en el poder legislativo y ejecutivo, que a veces sin escrúpulo son capaces de hacer alianza en contra de los intereses de quienes los eligen,, muchos de ellos poco y nada han hecho para recuperar nuestras riquezas básicas, el mejor ejemplo ha sido lo que está sucediendo con el caso Soquimich, donde vemos que legisladores de todas las corrientes políticas estiraron la mano para que esta empresa financiaran sus campañas politicas, utilizando subterfugio financieros, dejando al descubierto que jamás iban apoyar para que Soquimich volviera a manos del estado, después de que el yerno de Pinochet se adueñó de esta empresa a partir del año 1984, donde incluso el ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, presentó una demanda en los tribunales contra el estado chileno el año 1985 demanda que no prosperó.

Pero es importante que la ciudadanía sepa que entre los año 1990 al 2006, las empresa transnacionales de la minería del cobre, hicieron inversiones en Chile por un monto de 19 mil millones de dólares, sin embargo, solo el año 2006, estas transnacionales se llevaron de utilidades 20 mil millones dólares, monto que en términos prácticos significan a construcción de 240.000 casa a un valor de 2 mil unidades de fomentos cada una, imagínense la envergadura de recursos que nuestro país deja salir, por ello es necesario recuperar el cobre para Chile, hoy más que nunca están las condiciones de hacerlo.

Sobre la base de lo anterior, emplazo a los legisladores honesto, transparentes y de real espíritu de servicio, considerar estas dos propuestas y hacerlas leyes de la república, para el bien de nuestros compatriotas.

Fraternalmente,

Nelson Aquiles Soto Aguilera

Ex – Consejero Nacional Federación de Trabajadores del Cobre

Los Andes 6 de abril 2015

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