El cuento del Litio o historia de una licitación fallida

El Gobierno de Chile inició un proceso de licitación nacional e internacional para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, por Decreto Supremo Nº 16 del Ministerio de Minería del 2 de abril de 2012, con el que se pretendió -sin escrutinio del parlamento- hacer concesible una sustancia que no lo es, abriendo el mercado para el provecho de un único proponente que, según las bases de licitación, a cambio de una suma en dinero, adquiriría el derecho de hacerse con 100 mil toneladas de litio metálico en un plazo de 20 años, que resultó ser la empresa SQM, en un proceso que por parentezco consanguíneo del ministro del ramo con un personero de una parte interesada, fue liderado por el hoy renunciado subsecretario de Minería, que ha sido involucrado en denuncias penales y administrativas todavía en curso.

En el Mensaje a la Nación del 21 de mayo de 2010 el Presidente de la República, dos meses después de investido en el cargo, propuso al país en acto solemne ante el Congreso Pleno, cuerpo diplomático y demás personeros, enviar al Parlamento Nacional una modificación a la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, para retirarle a esta sustancia el impedimento de no ser materia de concesión minera, con el propósito de liberar su exploración y explotación, y fomentar así la creación de nuevas industrias, el crecimiento del país, especialmente de aquellas regiones con reservas de litio, y la creación de nuevos empleos.

Antes de dos años el señor Presidente de la República tuvo un inexplicable cambio de opinión, pues resolvió no someter al parlamento la modificación a la ley minera como él mismo lo había propuesto el 21 de mayo de 2010, y, en cambio, el subsecretario como subrogante del titular del ramo dicta el Decreto Supremo Nº 16 con lo que se salta el escrutinio parlamentario. Este acto, a juicio de un grupo de senadores, excede las atribuciones constitucionales del Jefe de Estado, pues pretende conceder una sustancia que no es susceptible de concesión, y demanda la declaración judicial de nulidad de derecho público en contra de este decreto supremo, interpuesta antes de darse curso al proceso de recepción de ofertas en la licitación abierta.

El gremio minero, representado por la Asociación Gremial de industriales Mineros (Asogemin), que reúne al menos a 430 pequeños y medianos que poseen y no pueden explotar yacimientos de litio, pidieron a S.E. que las bases de licitación fueran abiertas y no condicionadas a una garantía en dinero de $250 millones, inalcanzable para los integrantes de su gremio, y que no fuese restringida a un solo beneficiario, privilegiándose el incremento del valor agregado con la industrialización del litio, coincidente con lo manifestado por S.E. en el sentido que debía liberarse el mineral y que el país no debe seguir exportando sólo materia primas, sino (...)