El fracaso del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

Pronunciadas el 16 y 20 de noviembre unas tras otras por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), las absoluciones de los generales croatas Ante Gotovina y Mladen Markač, luego la de los ex comandantes del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) [o ELK], Ramush Haradinaj, Idriz Balaj y Lahi Brahimaj, tuvieron el efecto de una bomba, sembrando la duda acerca de la objetividad de esa jurisdicción.

En Serbia, las cuentas se hacen rápido: tras su creación, el TPIY sólo condenó a serbios –a excepción de los procesos todavía en curso de algunos croatas de Bosnia Herzegovina–. El gobierno proyecta, pues, volver a cuestionar su colaboración con una jurisdicción juzgada como parcial. Las críticas no provienen únicamente de los medios oficiales. La historiadora Dubravaka Stojanović, figura de referencia de los ámbitos anti-nacionalistas, explica: “La verdad, lamento mucho que el TPIY haya procedido de manera tan frívola. Esta institución representaba una oportunidad para llegar a comprender lo sucedido en esas guerras. Pero hoy el TPIY perdió su credibilidad e hizo imposible cualquier posibilidad de reconciliación en la región”. Tras esos veredictos, muchas organizaciones, como Amnistía Internacional, también expresaron su inquietud.

Instituído el 22 de febrero de 1993 mediante la Resolución 808 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el TPIY tenía que jugar un rol pionero en la afirmación de una justicia internacional, objetiva e imparcial. Como jurisdicción creada para responder a la particular violencia de las guerras de escisión yugoslava, su misión era identificar y sancionar las responsabilidades individuales de los autores de los crímenes cometidos durante los conflictos, con el fin de alejar tanto el espectro de la impunidad como el de una responsabilidad colectiva de uno u otro pueblo...