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Sobre el autor

Héctor González Navarro
Ingeniero Comercial
Asesor Financiero de la Federación Nacional Minera.

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Página de inicio >> Mayo de 2012

El mundo Pyme: Una deuda histórica

por  Héctor González Navarro

Durante gran parte de su trayectoria gremial, la Federación Nacional Minera -Fenami- que reúne a las asociaciones mineras del país, se ha conectado con el mundo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) realizando contactos con el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) a través de su filial de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y con ésta, para el logro de los propios fines específicos de las Pymes.

No es necesario recalcar la importancia de la Pyme, que tal vez no lo es tanto por el aporte que hace a Producto Interno Bruto Nacional, como por lo que significa en empleo directo para sus dueños o en la captación de trabajadores, con la gran importancia social que implican estos empleos. Se estima que el 80% del empleo nacional, es suministrado por las Pymes. Son cientos de miles los emprendimientos relacionados con este mundo y sin embargo, el país arrastra una enorme deuda histórica con este sector.

Nos atrevemos a decir que nunca el estado chileno ha diseñado un gran plan maestro para favorecer en crecimiento se este sector. Siempre se ha aplicado medidas menores, del corto o mediano plazo que no atacan el problema de fondo. El Estado chileno no ha internalizado la importancia que significa para el país de contar con una Pyme poderosa, con una malla de instrumentos de apoyo al estilo de países asiáticos o de Italia en Europa. No se trata de estatizar al sector, sino de brindarle las oportunidades y los accesos convenientes para su despegue. Un sector desarrollado y consolidado, implica miles de nuevos emprendimientos y de puestos de trabajo, con importantes cambios en la composición económica del país y también, en su malla social.

Hasta el presente, no se vislumbran políticas efectivas del Estado para favorecer al sector. No existe un marco institucional que apoye o cubra sus debilidades. Un organismo estatal tipo Sercotec o Corfo debiera ya diseñar, estructurar e implementar una adecuada malla de instrumentos que se necesitan imperiosamente.

Entre las debilidades, se encuentra el poco acceso al crédito. Se dice que la banca nacional es la mejor de Latinoamérica. Es cierto, porque es extremadamente conservadora, pues restringe el acceso al crédito y esto es una forma de mantener sumergido al sector. Cientos o miles de nuevas Pymes bien financiadas, destruirían los aparatos de poder de las grandes empresas, que suelen estar representadas en los directorios en los bancos. Para buscar un equilibrio, en distintas épocas se han presentado a las autoridades del sector, un proyecto de Banco de Fomento Pyme de carácter estatal, privado o mixto, con varios productos, como : financiamiento con garantías estatales; verdaderas sociedades de capital de riesgo. Pero, lo que en verdad sucede es que con fondos mayoritariamente de Corfo para los actuales fondos de inversión, se financian sociedades de capital de riesgo que no están cumpliendo con los grandes objetivos de esta institución, cual es, apoyar a empresas emergentes o a nuevos emprendimientos, solamente del rango Pyme. Tampoco hay un marco institucional que implemente las exitosas políticas que han sido aplicadas en otros países. Sercotec solo atiende al sector de microempresas y Corfo tiene pocos e insuficientes instrumentos de apoyo al sector Pyme, casi siempre como organismo de segundo piso.

Otro instrumento deseado para un Banco Pyme, es la formación de Joint Ventures entre Pymes nacionales y empresas u organismos extranjeros, que cuentan con el capital, tecnología o mercado necesario para realizar negocios puntuales con Chile. En la década de los 80, Corfo hizo un intento de trabajar este instrumento, pero después lo abandonó, porque estimó que la Pyme ya estaba madura y no podía seguir apoyándose en el Estado. Cualquier Joint Venture permite realizar operaciones puntuales del corto plazo, financiando, asociándose o comercializando productos chilenos.

También se puede operar eficazmente el crédito a largo plazo, como lo hizo Corfo cuando era banca de primer piso. Hoy en día, este tipo de crédito está distorsionado por las condiciones y restricciones que coloca la banca nacional, la cual acorta los teóricos largos plazos que permiten las garantías estatales Fogape o Corfo y estos créditos, a lo más, se pueden acceder con condiciones del mediano plazo.

Un antiguo anhelo es trabajar en Chile las llamadas garantías extranjeras financieras reales, muy utilizadas en los países desarrollados pero desconocidas en el país y que no son del gusto de la conservadora banca nacional. Se propuso sin resultado, que el BID (a través del FOMIN), financiara un estudio que analizara la viabilidad de estos instrumentos en Chile, garantías tan necesarias para cubrir grandes inversiones que no pueden garantizarse en la banca, por la carencia o insuficiencia de garantías reales.

Por último, no todos los sectores económicos pueden acogerse a todos los beneficios. El movimiento de la economía nacional o mundial sufre constantes cambios en sus estructuras, para lo cual, los permanentes análisis de coyunturas, permitirían aclarar a cuáles actividades económicas Pymes se pueden favorecer prioritariamente, cuáles deben ser observadas con mayor rigurosidad y cuáles pueden ser objetadas.

Santiago, abril de 2012

*Ingeniero Comercial Asesor Financiero de la Federación Nacional Minera.

Carta abierta

Santiago, 24 de abril de 2012

Señor Hernán de Solminihac Ministro de Minería Presente

Señor Ministro:

En armonía con las conversaciones sostenidas con autoridades de ese ministerio -don Pablo Wagner subsecretario de la cartera- y después de haber examinando los antecedentes que se encuentran contenidos en el Folleto sobre el Proyecto de Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) que gentilmente nos fue proporcionado, me permito exponen a usted las siguientes observaciones y formular las peticiones que indico. El primer lugar hago presente que actúo en representación de los legítimos intereses de, al menos, un centenar de pequeños propietarios mineros que poseen pertenencias en los salares ubicados en el denominado Triángulo del Litio. Mis representados por muchos años han venido pagando las patentes respectivas que amparan sus pertenencias, con la expectativa de que alguna vez pudieran explotar el litio, precisamente a través del sistema CEOL propuesto, que es el legalmente permitido de acuerdo con la legislación vigente. El documento examinado contiene en líneas generales los principios sobre las cuales se intenta poner en vigencia los contratos CEOL para la explotación del Litio, por parte de empresas que recibirían mandato expreso del Estado para la explotación del mineral, bajo ciertas condiciones que allí se expresan. Con relación a los requisitos para participar, se pide que los interesados “...deberán conseguir los derechos mineros, aprobar EIA, etc. con posterioridad a la adjudicación del contrato”. Y ese es, precisamente, el caso de los propietarios mineros que represento, pues ellos cuentan con las pertenencias legalmente establecidas. Pues bien, el Proyecto examinado sobre las Bases de Licitación de los CEOL contiene, además, la exigencia de que el proponente deba efectuar una oferta económica y el pago (Up Front) para tener derecho a participar. Esa disposición limita severamente la posibilidad de participar en la licitación a los propietarios de pertenencias, especialmente porque no se tiene en cuenta para dicho efecto el valor intrínseco que representa la posesión legal de la pertenencia que contiene el mineral a explotar. Las bases deberían expresar que se libera al proponente de esta oferta de pago up-front, si ya cuenta con la pertenencia. El proyecto tampoco toma en consideración que para “reimpulsar la industria” no es suficiente liberar por esta vía la explotación del mineral. En efecto, consideramos que es indispensable que las bases contengan una Oferta Técnica, la cual estipularía la obligación de incorporar valor agregado nacional al mineral explotado. Ello permitiría la creación de un foco industrial de alto desarrollo en el país, que en relación al litio hoy no existe, al incorporar, entre otras posibilidades reales de aplicación del litio, la fabricación en Chile de baterías de litio, para lo que a nivel universitario existen estudios avanzados de la tecnología necesaria. No es conveniente para los intereses del país que se continúe con el actual sistema de la elaboración en Chile del carbonato y del cloruro de litio, para su exportación; sino que debería propenderse al desarrollo industrial de estas materias primas para, en el mediano o largo plazo, llegar a optimizar la explotación de este material, llegándose a que en un futuro cercano sea posible fabricar en Chile las baterías de litio con un mercado asegurado a nivel mundial. Este criterio es coincidente con el expresado públicamente por el señor Presidente de la República en el sentido de no seguir exportando sólo materias primas. Actuar de la forma que proponemos conllevaría incorporar efectivamente mayores recursos al Estado de Chile. Desde luego, varias veces más que los $ 350 millones de dólares que se indican en el proyecto en examen, el que a nuestro juicio tiene una visión sólo de corto plazo. Bastaría para ello con modificar el artículo 8° del Código de Minería que permite que sólo sea el Presidente de la República quien por decreto supremo otorga lo que se denomina los contratos de administración. En reemplazo de esta norma, proponemos que sea un órgano del Estado -independiente del ejecutivo- que regule el proceso de explotación del litio. En consecuencia, el carácter estratégico que reviste el litio, permite sugerir que todas las operaciones relativas a su explotación, como los CEOL, deberían gestionarse por intermedio de una Corporación Nacional del Litio, a semejanza de la Corporación Nacional del Cobre. Se trata de un recurso natural que constitucionalmente está definido como de carácter estratégico, por lo que merece un tratamiento de ese nivel. Asimismo, entre otras consideraciones -para el caso que el ejecutivo mantenga el actual procedimiento de acuerdo con el artículo 8° del Código de Minería- proponemos que las bases de licitación contengan la prohibición de participar, por si o por intermedio de terceros ligados, a cualquier persona natural o jurídica que actualmente tenga la calidad de contratante CEOL con el Estado de Chile, para evitar la concentración monopólica de la actividad como ha sido hasta hoy. Muchas otras consideraciones puede hacerse sobre la materia de tan importante interés para el país, por lo que solicitamos a usted instruya a quien corresponda para que se forme una Mesa de Trabajo del Litio, en la que necesariamente deben estar representados los distintos sectores vinculados a la actividad y, desde luego, los propietarios mineros pequeños y medianos que poseen pertenencias en los salares donde se encuentra y proviene el estratégico mineral. Si no se actúa de esta manera, a la plena luz del día y teniendo siempre en cuenta el interés nacional y el desarrollo abierto de la industria del litio, de acuerdo con las leyes del mercado que nos rigen y la debida transparencia, tememos fundadamente que este proceso de licitación sea utilizado para favorecer a determinadas empresas, cerrando el acceso a otras pequeñas o medianas empresas que corporativamente pudieran desarrollar proyectos que indudablemente serían de mayor interés para el Estado de Chile.

En espera de una favorable acogida a la presente se despide de usted muy atentamente.

Luis Gallardo Gallardo Asociación Gremial de Industriales Mineros A.G. Federación Nacional Minera Presidente

c.c. Asociaciones Mineras y a la opinión pública.

 
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