No se hay algún registro en la historia de Chile de un hecho que en el campo de la diplomacia, un gobierno influenciado por el principal partido de su coalición, accediera a entregar una carta denuncia, a nombre de Chile, por un reclamo partidario y local, por añadidura totalmente ajeno al contenido y a los objetivos de la cumbre de la CELAC. Cuestionando y a nombre de todos los chilenos, sin prueba alguna, a un gobierno extranjero por su supuesta vinculación con la muerte del líder fascista Jaime Guzmán.
Siguiendo los pasos de Bush e identificando los ejes del mal, inventaron de manera inescrupulosa que las autoridades de ese país hermano, “han amparado a terroristas a través de una red de protección” “que ha impedido que se haga justicia”. Para clarificar este asunto, pero antes señalando que en su oportunidad tanto Joaquín Lavín como Andrés Allamand fueron a Cuba por distintas razones y que sin objeciones disfrutaron de la hospitalidad de ese pueblo caribeño, en el gran numero de carpetas que se han llenado en esta investigación desde 1991, el único que habla de la “conspiración” cubana para asesinar a Guzmán” es el inventor de esta teoría, el cuestionado subcomisario Barraza asesor de la UDI. Por otra parte el reclamo sin fundamentos de que no se ha hecho justicia se cae por si solo, al comprobar que la justicia hizo su trabajo, apresó, juzgo, condeno y encarceló a los culpables confesos de la muerte del líder de extrema derecha.
Sin embargo la UDI no dice en su carta, de su obsesión por “empatar” los crímenes de la dictadura terrorista de Pinochet, de la cual ellos formaron parte, lo que buscan hoy en el poder, es encarcelar a quienes ellos estiman son los culpables de esa acción, para lo cual presionan de manera grosera a la justicia. Ridículamente ya no solo son los que fueron condenados y se fugaron de la cárcel los culpables, para ellos es todo aquel que pueda ser perseguido y que les permita tener este caso abierto; una acción demencial que esta llevando a involucrar a la justicia en una de las aberraciones jurídicas que no tiene precedentes en Chile y de paso violentar tratados internacionales que el Estado chileno ha firmado en beneficio de los derechos humanos.
En este proceso del cual soy una victima directa e inocente, acusado sin prueba alguna de haber tomado parte en la decisión de dar muerte a Guzmán, se intenta primero aplicar el articulo 27 de la ley antiterrorista, derogado por su brutalidad y pasado en el juzgamiento de miles de personas inocentes durante la dictadura de Pinochet. Y segundo, se niegan a reconocer que la muerte de Jaime Guzmán según la legislación chilena esta prescrito, razón por la cual han inventado que es un crimen de lesa humanidad “por la repercusión que este tuvo”, señalando además, que se puso en riesgo la transición a la democracia en Chile.
Ambos argumentos sin justificación comprometen al Estado chileno en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en el sentido que siendo parte de un acuerdo internacional este debe necesariamente fortalecer las administraciones de justicia en acuerdo a lo que Chile firmó. Ello incorpora obligaciones implícitas a la protección de los derechos humanos, prevención de violaciones, investigación de casos de violación, sanción a responsables y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Pero las cosas caminan en sentido contrario, con la actitud del gobierno y de la UDI lo que se hace es negar la categoría de los tratados internacionales en el ordenamiento nacional. Lo que pretenden desconocer es que en el derecho interno de cada país, según lo señala la doctrina, se reconoce una jerarquía constitucional en el respeto y supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos.
Por eso es que en este caso particular y en mi arbitrario enjuiciamiento, el Estado chileno no esta cumpliendo su papel de garante sin discriminación, del libre y eficaz goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Es mas, en la mayoría de los estados en materia de derechos humanos, cuando normas de igual jerarquía como las constitucionales y las contenidas en tratados internacionales pudieren entrar en conflicto, siempre se opta por aquella norma que favorezca la vigencia más efectiva de los derechos humanos a favor de las personas.
Pero hay temas que los denunciantes y actores de esta ridícula acción por involucrar a Cuba en un acto en el cual nada ha tenido que ver, no ven encaramados en la burbuja en la que viven y desde la cual analizan y planifican su país, que no es nuestro país.
Seguramente, por considerar estos al Estado solo como un instrumento del mercado, no entienden que la evolución del derecho internacional ha cambiado, asumiendo el estado un papel determinante a partir del surgimiento de la creciente problemática de los derechos humanos en el mundo, en la cual el individuo sigue siendo sujeto de éste derecho, que con esta visión sesgada y autoritaria de la UDI se limita y arriesga su plena capacidad. Lo anterior incluye la situación interna del conflicto mapuche, que si es de preocupación internacional, por las violaciones graves a los derechos humanos o al derecho humanitario que ese pueblo originario esta sufriendo a manos del gobierno actual.
Tampoco hicieron referencia a uno de los mayores problemas del Chile actual, el cual han profundizado y violentado en este su gobierno, la educación, uno de los ejes transversales y fundamentales en el desarrollo de nuestros países. Una educación que también incluye aspectos tales como la comprensión internacional, los derechos humanos y una educación multicultural.
Se les olvido contar al mundo que en Chile hay democracia, nadie lo discute. pero que se trata de una democracia formal, donde los representantes viven desvinculados de toda representación, alejados de una población cuya ciudadanía ha sido convertida en simple masa electoral.
Una vez más entonces ha quedado demostrado y ahora con conocimiento internacional, que la UDI lastimosamente utiliza la muerte de su líder como una bandera ideológica que pretende señalar como herencia para todos los chilenos. El crimen de Jaime Guzmán: fue investigado y resuelto. Es un hecho común y punible por tribunales ordinarios. No es un crimen de lesa humanidad y esta prescrito. Habrá que recordarles a éstos señores que acaban de hacer un papelón internacional que “un pueblo que niega su capacidad, insulta su virtud y desprecia su carácter”. Claro por que “ La medida de la responsabilidad está en lo extenso de la educación"….. Eso lo dijo José Martí.
Dr. Enrique Villanueva Molina. Ex dirigente del FPMR Perseguido político de la UDI en democracia
