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En este numero:

- La nueva crisis de la derecha
- Hugo Chávez y el “Caracazo”
- Los cisnes del presidente

- Sumario completo agosto de 2013





Sobre el autor

Jorge Magasich
Historiador.
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Página de inicio >> Agosto de 2013

El proyecto constitucional del Gobierno de Allende

por  Jorge Magasich

En 1993, veinte años después del golpe, fue difundido un folleto que daba a conocer, por primera vez, el proyecto “carta magna” del gobierno de la Unidad Popular (1). El prólogo de Joan Garcés relata cómo Eduardo Novoa halló la penúltima versión después de una acuciosa búsqueda; la definitiva, –hasta hoy desconocida– era más pulida, pero “sin que cambiara nada substancial”.

Para Garcés, el texto recuperado revela mejor que cualquier otro la visión que tenía Allende de la organización del Estado y de la sociedad, incluyendo políticas económicas y culturales. Concluye afirmando: “no conozco otra propuesta gestada por los protagonistas de un proceso colectivo nacional, que engarce hasta tal nivel valores de democracia participativa y representativa, política y económica.”

Pese a la importancia de este proyecto que los chilenos no pudieron conocer ni debatir, –es el primer intento gubernamental de dotar al país de una Constitución generada democráticamente–, es poco tratado por la historiografía.

En agosto de 1972, en el edificio Gabriela Mistral, el equipo de especialistas de la UP encargado de redactar el proyecto de nueva constitución trabaja intensamente; una comisión central coordina el trabajo de diez subcomisiones temáticas.

La componen Jorge Tapia (PR), ministro de Justicia y encargado de las ponencias Estado gobierno y soberanía, Nacionalidad y ciudadanía y Administración de la justicia; Sergio Insunza (PC), secretario general de gobierno, a cargo de Partidos políticos y pluralismo; Luis Maira (IC), diputado, redacta Delimitación de las áreas económicas y Sistema tributario y financiero; Waldo Fortín (PS), Garantías políticas e individuales y Fuerzas armadas; Eduardo Novoa, consejero jurídico del Presidente, presenta Derechos y deberes de los ciudadanos, Constitución y legalidad y Garantías sociales y económicas; e Iván Auger se encarga de Administración territorial y Sistema de planificación. Está también Gonzalo Martner García (ODEPLAN), y Joan Garcés, representante del Presidente. El proyecto es comunicado a la CUT, presidida por Luis Figueroa (PC) (2).

El Presidente recibe las versiones sucesivas para dirimir entre diferentes alternativas. El 4 de septiembre de 1972 entrega copia del proyecto a cada partido de la UP. Seguirían tres etapas: someter el proyecto a un amplio debate nacional para recoger comentarios e introducir eventuales modificaciones; enviarlo al Congreso, donde el Gobierno es minoritario; y convocar un probable referéndum antes del fin de mandato en 1976.

Pero la virulencia de las insurrecciones de derecha no deja un momento propicio. En julio/agosto 1973 Allende propone, de nuevo, negociaciones con la DC para salvar el régimen democrático; ofrece concesiones mayores e intenta conversar del proyecto. Pero el presidente del PDC, Patricio Aylwin, apoyado por Eduardo Frei Montalva, declara que el único acuerdo posible es la renuncia completa del Gobierno, es decir de la totalidad de los ministros, subsecretarios, intendentes y otros puestos claves, y su remplazo por militares (3). Incluso cuando los primeros días de septiembre el ministro del Interior Carlos Briones intenta relanzar negociaciones con la DC, Allende le pide que tenga presente el proyecto. Pero resulta evidente que Frei y Aylwin han optado por el golpe. Acarician tal vez el sueño que los militares gobernarán por poco tiempo y, después de reprimir a la izquierda, les entregarán el poder. Pero esa es otra historia.

Ante la ausencia de acuerdo, el Presidente resuelve consultar a la ciudadanía. Al mediodía del domingo 9 anuncia su decisión de convocar a un plebiscito al comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, y al general Orlando Urbina. Horas más tarde, el primero resuelve impedirlo firmando en su casa un documento que lo coloca a la cabeza del alzamiento, perpetrando así delito de alta traición. El lunes 10, La Moneda instruye a radioemisoras y canales de televisivos para que preparen la cadena nacional el martes 11…

Sólo dos décadas más tarde el texto saldrá a la luz. Resume brillantemente los proyectos del Gobierno de Allende.

Principios, deberes y derechos
Chile es definido como “un Estado unitario, de Gobierno democrático y popular, que se apoya en la fuerza creadora de los Trabajadores. Integra la comunidad latinoamericana…”; “todo poder reside en el pueblo”. El país se funda en valores de libertad, igualdad, solidaridad y justicia, que aseguran un desarrollo digno a la persona humana. Ésta dispondrá de libertad creadora, derecho a la cultura y al deporte.

Los extranjeros residentes más de 15 años podrán nacionalizarse sin perder su nacionalidad anterior. Ninguna ley puede limitar el sufragio; se garantizarán los derechos de los ciudadanos residentes en el extranjero.

Se asegura el respeto de los derechos humanos, precisando sus deberes con los demás. A los derechos reconocidos, se añade el “Estatuto de garantías” firmado por la UP y la DC en 1970 y los que figuran en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, como el rechazo de la tortura. Garantiza también la igualdad entre el hombre y la mujer, la protección de la infancia y de las madres durante el embarazo y la crianza. Protege la familia impidiendo discriminaciones en razón de la situación familiar.

También impone deberes: cada cual debe “aplicar su capacidad personal al bien de la sociedad”; es decir trabajar, participar en las tareas sociales previstas por la ley, resguardar el patrimonio nacional, los recursos naturales, la propiedad social, y cumplir con las obligaciones militares.

Le corresponde al Estado aplicar una política económica, de salud, social y cultural, que permita aprovechar las aptitudes de cada persona, que disminuya progresivamente la jornada de trabajo y vaya superando las diferencias entre el trabajo intelectual y manual. Se confirma el derecho a la participación en la conducción de sus centros de trabajo. Y se reconoce a la CUT.

La seguridad social es un servicio público, para todos. Incluye atención médica; salas cunas; subsidios por enfermedad, accidentes, y maternidad; pensiones por vejez e invalidez y subsidios de cesantía. Está basada en el principio de la solidaridad, financiada por los ingresos del Estado.

La educación es asegurada por el Estado desde la etapa preescolar, buscando despertar las capacidades creadoras y exaltando el trabajo humano como el más alto valor. Se reconoce la libertad de enseñanza, pero sólo “la educación privada gratuita y que no perciba fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica”. Las universidades estatales y las privadas reconocidas por el Estado, tendrán un “adecuado financiamiento”; el acceso a ellas dependerá “de la idoneidad de los postulantes”.

El pueblo mapuche, y otros grupos autóctonos, tendrán el derecho de desarrollar su personalidad cultural y a utilizar su lengua. Además, el Estado se encarga del saneamiento del ambiente, a fin de evitar riesgos ecológicos.

Instituciones
Se mantiene el régimen presidencial: el Jefe de Estado es elegido por seis años y puede disolver las cámaras una vez en su mandato. El sistema electoral asegura la representación proporcional de todas las opiniones.

Se conserva el sistema bicameral, –a diferencia del programa de la UP que propone una cámara única–, pero con una peculiaridad. La Cámara de diputados es electa por sufragio universal. La innovación es que la nueva cámara alta, llamada Cámara de Trabajadores, es electa por votación directa de los trabajadores. La definición de “trabajador” es amplia: todo aquel que vive de su trabajo, excluyendo los que lucran con el trabajo asalariado de otros y los que viven de la especulación. Esta cámara revierte el antiguo rol del Senado de cenáculo oligárquico, para transformarlo en representante de la gran mayoría social, pero no universal.

Las leyes pueden tener su origen en el Ejecutivo, en la Cámara de Trabajadores o en una iniciativa popular que reúna 5.000 firmas.

La Contraloría está encargada de fiscalizar la contabilidad del Estado, no el control jurídico preventivo de los actos de la administración.

Los integrantes de la Corte Suprema son designados por la Cámara de Diputados, a propuesta en terna del Presidente (uno de ellos debe ser un abogado ajeno al Poder Judicial), por diez años renovables, con jubilación a los 65 años. Se instauran Tribunales Vecinales electos por los vecinos, encargados de juzgar litigios que no estén entregados a la ley, con eventual asesoramiento.

La función pública no puede acarrear otros beneficios que las remuneraciones previstas por la ley.

Cada comuna tendrá su Municipio electo que debe concebir y aplicar el plan de desarrollo, y un de Cabildo Vecinal compuesto por representantes de organizaciones comunitarias, empresas y sindicatos, encargado de resolver los problemas comunales.

Las ciudades serán administradas por un Cabildo Metropolitano, conformado por sus municipios. Las provincias y regiones serán dirigidas por Juntas encargadas de la planificación, dirigidas por un Viceministro designado por el Presidente.

Extrañamente, no figuran reformas importantes a las fuerzas armadas; tienen misiones de defensa y de participación en el desarrollo del país. Pero se omite toda referencia a su democratización y al control democrático de la sociedad.

Economía
El principal instrumento de promoción del desarrollo nacional es el Sistema nacional de planificación “equilibrado entre las regiones”, dirigido por el Presidente e integrado por un Consejo de Desarrollo Económico, donde participan trabajadores y medianos y pequeños empresarios, encargado de determinar objetivos durante el mandato presidencial.

La economía se organiza en tres sectores. El social, propiedad de la nación, conformado por empresas estratégicas como la banca y los seguros; la gran minería del cobre y la extracción de petróleo y de gas; la producción y distribución de electricidad y de gas; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones telefónicas y el correo; y la producción de acero, cemento, papel, armamentos, explosivos y la industria química pesada. El sector mixto está compuesto por empresas con participación pública y privada. Habrá un sector cooperativo. Y un sector privado al que se garantiza la propiedad y gestión privada de la mediana y pequeña empresa.

Hay también tres sectores agrícolas: el reformado, bajo diferentes formas de administración campesina; el estatal y el privado. Los predios de menos de 40 hectáreas no podrán ser expropiados, salvo abandono.

El sistema financiero debe proveer recursos para el desarrollo económico y para las necesidades culturales, sociales y sanitarias, de defensa y de seguridad interior, produciendo una cantidad creciente de bienes y servicios. Dispone del presupuesto del Estado, de los excedentes de las empresas sociales y mixtas, de los fondos de reserva de los seguros y del sistema de seguridad social, y del saldo consolidado de los créditos.

El sistema tributario es progresivo según la fortuna del contribuyente y tiene la finalidad de desempeñar un rol redistribuidor de la renta nacional.

Más allá de sus aspectos discutibles, perfectibles o sobrepasados, lo esencial del proyecto cobra una extraordinaria vigencia. Sitúa Chile en América latina. Opta por la representación proporcional, por la iniciativa popular, instaura la participación popular a todo nivel y otorga sufragio a los residentes en el extranjero, medidas que amplían la democracia. Entrega importantes recursos a la sociedad para garantizar seguridad social y educación. Reconoce derechos al pueblo Mapuche y vela por un medioambiente sano.

1. Salvador Allende. Un Estado democrático y soberano. Mi propuesta a los chilenos (texto póstumo), 1993, Ed. Centro de Estudios Políticos Simón Bolívar y Fundación Presidente Allende (España). Accesible en: www.salvador-allende.cl/Documentos/1970-73/proyecto_constitucion.pdf, entre otros.
2. Descripción tomada del prólogo de Garcés y de Martner Gonzalo, 1988, El Gobierno del Presidente Salvador Allende, 1970-1973. Una evaluación, Ed. Prog. de Estudios del Des. Nac. y Ediciones literatura americana, 101.
3. Qué Pasa 121, 9-8-73; La Estrella (de Valparaíso), 2-8-73.

*Historiador.

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