Endurecimiento del aparato securitario estadounidense

La política securitaria de Estados Unidos nada ha cambiado a pesar de los relevos presidenciales. Más allá de sus promesas electorales, desde que Barack Obama asumió el poder en enero de 2009 continuó y profundizó la línea de su predecesor republicano. ¿Podrá haber un cambio de rumbo?

En 2008, el candidato Barack Obama prometía cerrar la prisión de Guantánamo, derogar la ley de 2001 sobre la seguridad interior (“Patriot Act”) y proteger contra cualquier forma de represalia a los militares o miembros de los servicios de inteligencia que divulgaran los abusos de su administración. El postulante demócrata a la Casa Blanca estaba seguro de poder domeñar un aparato securitario que, tras los atentados del 11 de septiembre, se había transformado en una burocracia hiper atrofiada y a menudo incontrolable.

Sin embargo, cuatro años más tarde Guantánamo sigue funcionando, sus tribunales militares retomaron las audiencias y la Patriot Act ha sido prorrogada. Resuelto a sancionar toda divulgación de información sensible, el Ministerio de Justicia inició seis procedimientos por violación a la Ley sobre espionaje –es decir dos veces más que bajo todos los gobiernos precedentes–. Además, la lista de los pasajeros a quienes se les prohíbe sobrevolar el territorio estadounidense, establecida en función de criterios a menudo arbitrarios y sistemáticamente opacos, más que se duplicó entre 2011 y 2012; ahora cuenta con veintiún mil nombres. A fines de 2011, La Casa Blanca promulgó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA), que permite al gobierno federal encarcelar sin juicio y por una duración indeterminada a cualquier ciudadano estadounidense sospechado de terrorismo, con desprecio del principio de habeas corpus y de la separación de los poderes...