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Escarbando la memoria de dos países: República Dominicana y Chile. Por Maxine Lowy

El mar que brillaba al horizonte y el sol intenso eran los mismos que atraen decenas de miles de chilenos a las playas de la República Dominicana cada año[1], pero el pequeño grupo de personas agachadas en la loma Los Balataes de Luperón, provincia de Puerto Plata, no eran turistas. Eran antropólogos forenses, técnicos y obreros que escarbaban un capítulo de la historia dominicana.

La historia que desenterraron en un pedazo de tierra 3m x 2m, entre medio de dos frondosos árboles de mango, el 24 de septiembre de 2015, remonta a junio de 1949. Los dos hombres cuyos restos yacieron 66 años en la fosa - el nicaragüense Alejandro Selva y el estadounidense George Scruggs – formaron parte de la primera expedición internacional de luchadores resistentes, liderada por exiliados dominicanos que buscaban derrotar al dictador Rafael Trujillo.

El 18 de junio de 1949 partió de Guatemala un hidroavión con 12 combatientes de varios países centroamericanos, liderados por el dominicano Horacio Ornes y con tripulación de tres estadounidenses. Durante las once horas de vuelo hacia la República Dominicana, ignoraban que dos aviones, con 300 luchadores a bordo que debían llegar antes para dar inicio a la expedición libertaria, nunca llegaron a su destino, sino que fueron obligados a aterrizar en México, donde todos fueron detenidos.[2] Poco después de aterrizar en la bahía de Luperón, la Armada dominicana abrió fuego al hidroavión, muriendo tres en el instante y otros siete después. Cinco sobrevivientes fueron aprisionados.

A esa altura, del total de 31 años que se aferraría al poder hasta su asesinato, Trujillo llevaba 19, dos años más que permanecería Augusto Pinochet en Chile (1973-1990). Mientras Trujillo fue emblemático de los dictadores latinoamericanos de su generación – personalista, populista y soberano absoluto – Pinochet personificaba los dictadores de la siguiente generación en un modelo de dominación basado en la doctrina de seguridad nacional.

No obstante las diferencias temporales, geográficas, y culturales, las formas en que cada país ha enfrentado procesos de memoria, justicia y verdad ofrecen aprendizajes. Estas pueden desprenderse de la recuperación de los dos luchadores de la fosa que compartieron durante seis décadas en la el cerro con vista del mar llamado Los Balataes.

Primeramente, salta a la vista la persistencia de la memoria que dio impulso a la búsqueda. Desde hace muchos años, ciudadanos de Luperón y Puerto Plata realizan homenajes anuales a las 15 personas que protagonizaron la gesta libertaria de 1949. Pero, igual que en Chile, son sobretodo los familiares de las víctimas quienes mantienen viva la memoria de los caídos. La tenacidad de esa memoria desembocó en la creación del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, institución creada por asociaciones de familiares de víctimas de Trujillo y Balaguer en 2010. Y fue el hijo de Herb Maroot, piloto estadounidense de la expedición (cuyo cuerpo fue repatriado en 1949), quien al descubrir un documento desclasificado del Departamento de Estado de su país dio la alerta que aún permanecían enterrados dos integrantes de la expedición, y así impulsó el trabajo forense del Museo.

El antropólogo chileno Elías Padilla, preso político durante la dictadura de Pinochet, destaca: “El solo hecho que personas mantengan viva la memoria de lo ocurrido y que intenten esclarecer los hechos me parece muy importante no solo desde el punto de vista de los derechos humanos y de la memoria histórica sino también porque muestra que en las peores dictaduras siempre ha habido personas que las resistieron. Seguramente esta historia fue censurada durante muchos años. En Chile hay tantas situaciones por descubrir. Que la República Dominicana busque la verdad nos da confianza que estos temas permanezcan a lo largo del tiempo”.[3]

Padilla fue parte de un equipo de antropólogos forenses chilenos formado durante el año 1988-89 por el eminente experto forense Clyde Snow. Señala que en Chile las exhumaciones de personas asesinadas o forzosamente desaparecidas están intrínsecamente ligadas al ámbito judicial, y por lo general son ordenadas por los jueces en el contexto de investigaciones judiciales.

La primera exhumación en Chile se realizó en plena dictadura. A fines de 1978 la Vicaría de la Solidaridad, institución de la Iglesia Católica dedicada a la defensa de los derechos humanos, recibió un dato acerca de la presencia de restos humanos en hornos de cal abandonados cerca de la localidad rural de Lonquén, al sur de Santiago. El abogado Roberto Garretón, desde 1981 jefe del área judicial de la Vicaría y desde 2001-2005 representante de la ONU para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, cuenta que una semana después del hallazgo se identificaron las personas enterradas en ese lugar porque habían presentado recursos de amparo para 14 campesinos secuestrados el 7 de octubre de 1973.[4] Para todas esas víctimas, a partir de 1990, hubo procesos judiciales, entierros dignos, y reparación para sus familiares por parte del Estado de Chile.

El hallazgo en Lonquén confirmó la verdad de lo que estaba sucediendo con los detenidos desaparecidos. Fue también una alerta para la Junta Militar, que rápidamente mandó desenterrar los cuerpos para arrojarlos al mar, o a dinamitar las fosas comunes.

Padilla[5] señala que a partir de 1974 con la creación de la agencia represiva Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), “todas las desapariciones son absolutamente parte de un engranaje de un sistema y mucho mejor planeado. Fue una política de Estado inaugurada en Chile y exportada a Argentina y otros lugares”, puntualiza. Fue una estructura en la cual todos los estamentos del Estado confabulaban para ocultar la detención, contando con el rechazo sistemático de los recursos de amparo de parte de los tribunales, la negación de la existencia de prisiones secretas de parte del Ministerio del Interior e incluso, en algunos casos, el borrar nombres del Registro Civil. La incertidumbre creada por esta coordinación estatal fue otro elemento de la política de terror, que buscaba sembrar el miedo y paralizar la oposición.

Si bien la nomenclatura “detenido desaparecido” surgió a partir del Chile de Pinochet, la dictadura de Trujillo también tenía prisioneros no reconocidos que eran asesinados en lugares ocultos. Pero en general su política de terror era brutalmente abierta, dejando los cuerpos asesinados en lugares visibles o colgándolos de los árboles en la vía pública.

En época de Trujillo, el marco internacional de derechos humanos era muy incipiente por lo tanto no se preocupaba de ocultar sus crímenes. La política de represión de Pinochet refleja la certeza que el mundo la condenaría. En todo caso, apuntando a la debilidad de tales convenios, cabe señalar que Trujillo ratificó los Convenios de Ginebra en 1950, mientras Pinochet firmó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en 1985. Joaquín Balaguer, dictador discípulo de Trujillo, ratificó en 1986 el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Pinochet lo hizo dos años más tarde.

En la República Dominicana las exhumaciones de los luchadores no se realizaron en el marco de una investigación judicial sino que fueron gestionadas por el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. En Chile, los restos exhumados son llevados al estatal Servicio Médico Legal para su identificación. En cambio, en la República Dominicana, al levantar los restos de Luperón, estos fueron transportados al Museo donde los forenses realizaron su peritaje.

El informe forense redactado por los antropólogos Clenis Tavárez y Renato Rímoli, profesionales del Museo del Hombre Dominicano, detalla la condición de los restos óseos, constatando que un proyectil se encuentra enterrado en el costado izquierdo de un esqueleto y que tres proyectiles de bala calibre 45 sueltas fueron encontrados en el pozo. Los expertos concluyen que la presencia de los proyectiles “constituye una evidencia sobre la causa de muerte”.

Sin embargo, Luisa de Peña, directora del Museo Memorial de la Resistencia, expresa que ella y otros familiares “no estábamos completamente conformes” con el informe. “Hubiésemos querido que fuera más específico y que certificara que fueron asesinados.” En su opinión, como empleados de una institución estatal, los antropólogos no pudieron ser más categóricos. Ella señala que todavía existe “el deseo de parte del gobierno de ocultar los hechos y de limpiar su responsabilidad frente a la justicia y la búsqueda por la verdad.” Esto se debe a que, “los Trujillistas y Balagueristas nunca dejaron de estar en el poder y de ostentar el poder,” señala De Peña. Agrega, “la realidad dominicana es que no hubo ningún tipo de justicia transicional.”

El único juicio que se llevó a cabo posterior a la dictadura de Trujillo fue por el triple homicidio de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por su apasionada y pública oposición al régimen.[6] Aunque fueron condenados los autores materiales, en 1965 se les ayudaron a escapar de la cárcel, llegando a los Estados Unidos donde vivieron el resto de sus días. “O sea, al final, no hubo ningún tipo de justicia para nadie ni nada”, resalta Luisa de Peña.

La antropóloga Tavárez resalta que “Trujillo todavía despierta presiones más de 50 años después de su muerte”.

Garretón afirma que no es tarde emprender el camino a la justicia en la República Dominicana, por tratarse de crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Como primer paso aconseja crear una comisión de la verdad para escribir la historia, “pero la fuente no podrá ser sólo documentos, sino que debe fundarse sobre todo en los relatos de hijos, nietos y testigos.” La investigación histórica que él visualiza debe ser hecha por personas de alto nivel moral, de todos sectores de la sociedad: artistas, congregaciones religiosas, Masonería, historiadores, profesores universitarios, y políticos de toda la gama. “Para el bien de la sociedad, se necesita saber lo que pasó,” enfatiza.

Ileana Ornes, hija de Horacio Ornes, comandante y un de los sobrevivientes de la expedición, observa con decepción el escaso conocimiento entre los dominicanos de la lucha que emprendieron héroes como su padre. Mirando el ejemplo de los países del Cono Sur, afirma, “Hasta logremos una comisión de verdad, no vamos a lograr mucho. Hay que educar la conciencia de las nuevas generaciones, porque la nuestra tiene una mentalidad heredada.”

Notas

[1] El Servicio Nacional de Turismo de Chile indica que 46.311 chilenos visitaron la República Dominicana en el año 2014.

[2] Todos ellos sobrevivieron detención en México, para luego incorporarse en la expedición libertaria del 14 de junio del 1959, en un nuevo intento infructuoso de derrotar a Trujillo. El dictador respondió brutalmente, asesinando a los luchadores.

[3] Conversación con Elías Padilla, profesor de antropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 20 de enero 2016

[4] Conversación con Roberto Garretón, 21 de enero 2016

[5] Autor del libro “La memoria y olvido: detenidos desaparecidos en Chile”, publicado en 1995 por Ediciones Orígenes.

[6]El recuerdo de las hermanas Mirabal impulsó a las Naciones Unidas a establecer el 25 de noviembre de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 
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