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En este numero:

- L’EDUCATION EST UN DROIT, PAS UN COMMERCE. COMMUNIQUE de l’AFAENAC (ASSOCIATION des FAMILLES ADOPTIVES d’ENFANTS NÉS AU CHILI)
- ¿A quiénes ampara la democracia en Chile?¿A quiénes ampara la democracia en Chile? Por Carmen Gloria Arancibia
- Caso Guzmán persecusión y mentiras. Por Enrique Villanueva

- Sumario completo



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Estado monocultural y justicia indígena. Por Mia Dragnic

Las dificultosas vías de acceso hacia la democracia que caracterizaron la década de los noventa en Chile, reúnen una serie de hitos imprescindibles de recordar para tener en cuenta que muchas de ellas fueron únicamente el reflejo de ilusiones postraumáticas, algunas parafernálicas ansias de poder y buenos negocios para la vieja -y la emergente- clase política. En este período, y particularmente durante los últimos años de los noventa, algunas comunidades pehuenche del Alto del Biobío iniciaron un proceso de resistencia contra la construcción de un gran complejo hidroeléctrico que se intensificó a partir de su segunda presa “Ralco”. Esta fue una lucha que duró cerca de diez años, que transgredió las fronteras nacionales y vinculó a diversas organizaciones políticas mapuche y no mapuche. Y aunque Ralco se construyó, al igual que la primera represa “Pangue”, el proyecto no se ha continuado hasta hoy. Esta experiencia implicó la aparición del pueblo mapuche en los medios de comunicación por medio de la vocería de las hermanas Nicolasa y Berta Quintremán Calpán. En medio de este conflicto Ricardo Lagos, presidente de la República, reconoce la deuda histórica que el Estado de Chile tiene con los pueblos indígena y poco después en el gobierno siguiente se ratifica el Convenio 169 de la OIT. La gran esperanza era que este convenio transformara la relación histórica que el Estado ha tenido con los pueblos indígenas, fijando como uno de sus deberes el respeto al derecho y la justicia de todos los pueblos. Sin embargo ¿no es una paradoja que el Estado Nacional de Chile gestione la justicia indígena? Un estado que a diferencia del caso boliviano, ecuatoriano y venezolano no se reconoce pluricultural ni mucho menos plurinacional. Habría que preguntarse cómo y por quiénes se configura el Estado actual chileno para comprender los límites del modelo de justicia que proyecta. En este sentido, la incorporación de políticas públicas preocupadas por la promoción de un enfoque multicultural -e incluso la aplicación del Convenio 169- reactualizan en varios sentidos la mirada asimilacionista del liberalismo, puesto que realmente no interviene la relación que el Estado determina con los pueblos. A veintiocho años del inicio de la democracia la constitución vigente, heredada de la dictadura, se ha aprobado tras el ejercicio de seis gobiernos democráticos, lo que sugiere al menos cuestionar la forma de democracia neoliberal y patriarcal que tenemos. El Estado ha financiado y protegido la consolidación de la clase política y empresarial chilena, asumiendo una activa particpación en la privatización de los recursos y los derechos. Es un Estado que ha creado al mercado, preservando la propiedad privada, la concentración de la riqueza y subordinando a este interés los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y sexuales.

A pesar de estas claridades todas nos sorprendimos alegremente cuando supimos del fallo a favor de la Machi Francisca Linconao, que constituyó la primera vez en que se aplicó -el escasamente utilizado- Convenio 169 en el país, mediante el cual ella el año 2008 interpuso un recurso de protección por tala ilegal del bosque nativo lindante a su comunidad, contra el empresario y terrateniente Alejandro Taladriz, dueño de la Sociedad Palermo Limitada y miembro de la Multigremial La Araucanía. Esta multigremial fue constituida el año 2008 como una estrategia asociativa de protección ante el conflicto en la región que ha “afectado la institucionalidad y el Estado de derecho”, según quienes la conforman y que en su sitio WEB la definen de la siguiente manera: “Somos una entidad privada sin fines de lucro. Promovemos un ambiente propicio para el desarrollo de los negocios y la inversión privada en la IX Región[1]”. ¿Cómo es posible promover un ambiente propicio para el desarrollo de la inversión privada sin tener fines de lucro? ¿quién puede creerle a un asociación gremial que reúne a las siete principales empresas privadas de una tierra en conflicto como Arauco? ¿desde dónde se desprende el tradicional interés que tienen algunas grandes empresas del sur de Chile por autodenominarse gremios? El origen del paramilitarismo y del sicariato político en varios países latinoamericanos se ha visto auspiciado por organizaciones con naturaleza similar, la Federación de Ganaderos (FEDENAGAS) en Venezuela por nombrar una.

La protección del territorio que logró la Machi garantiza la continuidad de relaciones simbólicas y materiales que permiten el ejercicio de múltiples trabajos como, en su caso, el acceso a remedios, interpelando directamente al modelo colonial extractivista que ha despojado al pueblo mapuche de sus tierras y formas de producción de la vida. Esta asombrosa victoria puso un freno en este sector a la concentración de la propiedad de la tierra y a la expansión del debastador monocultivo de eucaliptus y pinos, algo excepcional si observamos la resistencia que tantos pueblos llevan a cabo contra grandes proyectos de multinacionales, que en la mayoría de los casos tienen como socios a los Estados. Esta lucha nos ha hecho conocer a la Machi Francisca Linconao (73 años), quien en los últimos años no ha dejado de aparecer en la televisión nacional y que nos recuerda a las hermanas Quintreman Calpán. Desde el año 2013, junto a otros 10 mapuche está siendo sometida a un maltrato sistemático judicial y extrajudicial, sufriendo allanamientos ilegales durante la madrugada, encarcelamiento preventivo, persecusión, hostigamiento y asedio de los medios de comunicación. A pesar de haber sido absuelta de la acusación por coautoría del asesinato de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, mediante un juicio que tuvo casi un año de duración, el 15 de enero recién pasado el tribunal de Temuco decretó nuevamente su arresto domiciliario nocturno, con arraigo nacional, como consecuencia de la aceptación que la Corte de Apelaciones hizo del recurso de nulidad del juicio presentado por la familia Luchsinger Mackay. Hace pocos días se cumplieron cinco años desde la primera vez que la PDI allanó la casa de Francisca Linconao, durante la madrugada y sin orden judicial, situación que describe de la siguiente manera: “Me amarraron los dos brazos atrás, me torcieron, me llevaron a la comisaría, me dejaron encerrada, me desvistieron, me sacaron el paño de la cabeza, el hilo que llevo en mi cabeza, me dejaron con el pelo suelto, me sacaron toda la ropa, me pusieron camisones y así me encerraron[2]”. La recurrencia de este tipo de testimonios da cuenta de la sistematicidad y especificidad con la cual se ataca al pueblo mapuche, todo en perversa convivencia con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y la implementación de una muy cuestionada consulta indígena derivada del Convenio 169.

El problema es que el derecho del Estado, en vinculación con el mercado, se sobrepone al derecho de los pueblos, subordinando otros modos de comprender el ejercicio de la justicia y protegiendo los intereses de los sujetos, empresas e instituciones que lo configuran. Los pueblos indígenas en Chile no son considerados constitucionalmente como comunidades políticas y culturales, lo que niega toda forma de autonomía y mantiene viva la fantasía colonial civilizatoria de una nación homogénea a partir de la cual se articuló el Estado uninacional y unicultural de la República de Chile. Y mientras se decreta el nuevo arresto contra la Machi, los más tenebrosos sectores de la iglesia católica, como el que representa el obispo Juan Barros (amigo y colaborador de Karadima), participan con alta visibilidad en las actividades del Papa en el país. Y el mismo día en que Juan Barros aparece en la misa, se descarta el suicidio de Macarena Valdés, activista de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, Panguipulli, en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa. El veintiseis de febrero se repetirá el juicio oral contra la Machi Francisca Linconao, otra manifestación más de las prácticas racializadas y excluyentes de la justicia chilena.

[1]https://www.google.cl/search q=Multigremial+de+La+Araucan%C3%ADa&oq=multigremial&aqs=chrome. 1.69i59l2j69i60l4.3406j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[2] Testimonio Machi Francisca Linconao en Bolivia, 7 de enero 2018. https://www.youtube.com/watch?v=ZRa-sJZHL44

Publicado en Antígona feminista

https://antigonafeminista.wordpress.com/estado-monocultural-y-justicia-indigena/

 
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