Estallido en los suburbios franceses

Miles de automóviles quemados, instalaciones públicas (escuelas, guarderías, gimnasios) destruidas, declaración del estado de emergencia, alrededor de 2.800 personas detenidas, cerca de 400 condenadas a prisión: el saldo de los disturbios que sacudieron a Francia entre fines de octubre y mediados de noviembre de 2005 es grave en términos materiales, humanos y psicológicos. El gobierno francés explota los disturbios en el terreno de la seguridad. Además de la expeditiva condena de cientos de jóvenes a penas de cárcel efectiva y del anuncio de la expulsión de una cantidad de extranjeros, hizo que la Asamblea Nacional aprobara la prórroga de tres meses del estado de emergencia. Aun peor, en su ley antiterrorista Nicolas Sarkozy pone el acento en el desarrollo de la videovigilancia, el control de las conexiones de Internet, controles administrativos y sanciones penales. Esta avalancha de atentados a las libertades no constituye por cierto una adecuada respuesta a la crisis. No hay orden cívico en el desorden social.

La historia de las urbanizaciones suburbanas francesas está jalonada de enfrentamientos. Pero nunca habían sido tan generalizados y violentos. ¿Por qué? La respuesta reside en la acelerada degradación de los barrios, pero también en la militarización de la acción policial. Más aún en la medida en que el sistema escolar practica una segregación que pesa mucho. En suma, el explosivo cocktail remite a una triple crisis: social, poscolonial y de representación política, que no deja de recordar, pese a las diferencias). Y la derecha ha capitalizado los acontecimientos para justificar nuevos y graves atentados contra las libertades.

Numerosos comentaristas, tanto franceses como extranjeros, perciben en esta crisis los preludios del desmoronamiento de la sociedad francesa bajo los embates de aquellos a quienes presentan alternativamente como “hordas de lobos”, “enemigos de nuestro mundo” o vanguardia esclarecida de un subproletariado “poscolonial”. Insisten (...)