Hace algunas semanas a través del reportaje "Esto no Tiene Nombre" de Televisión Nacional de Chile, se conoció del abuso que una vez más se comete contra gente más modesta de nuestro país. En la ocasión, se dejó en evidencia como una Caja de Compensación, a través de los créditos sociales otorgaban prestamos inconsultos a sus beneficiarios – todos de la tercera edad -, aplicándoles tasas de interés usureras que les han traído aparejadas innumerables problemas socioeconómicos del afiliado.
El reportaje reveló la máxima orfandad en la que se encuentra no solo la ciudadanía y en particular los más desposeídos de este país, frente a innumerables instituciones privadas que buscan lucrar indiscriminadamente, si no también de la precariedad fiscalizadora de las instituciones del Estado, lo cual quedó claramente demostrado cuando la periodista Mónica Peréz entrevista a la Superintendente de Seguridad Social María José Zaldivar, hija del actual embajador de Chile en Argentina, quien desconocía por completo la situación denunciada. Pero lo complejo vendría después de dicha cita, puesto que no había transcurrido más de un par de horas de la entrevista y esta periodista recibe un llamado de ejecutivos de la Caja de Compensación denunciada, solicitándole antecedentes de la denuncia realizada a la Superintendencia de Seguridad Social.
Este hecho deja demostrado dramáticamente de la alianza y colusión que existe entre diferentes organismos del Estado chileno y el sector privado, haciéndose una costumbre el perjudicar a la ciudadanía y en especial a los más pobres de este país.
Ahora bien vemos que esta práctica de colusión se ha transformado en una verdadera epidemia dentro de los aparatos del estado y empresas privadas, pero lo más grave de todo que esta colusión se produce también entre los propios organismos del estado, especialmente cuando estos se refieren a la relación empleador-trabajador, ya que muchas de las denuncias no prosperan o no tienen la agilidad necesaria cuando un trabajador denuncia o reclama en contra de su empleador y dicho empleador es un Organismo Público o pertenece a una Empresa Autónoma del Estado.
En relación a este punto es donde quiero poner el énfasis necesario, en el sentido que los organismos del estado que deben velar por que se cumplan los derechos de los trabajadores, especialmente los más modestos de nuestro país, o aquellos que sientan que no tienen representación de ninguna organización social o sindical, le den la agilidad necesaria en resolver en el más breve tiempo el conflicto o situación que denuncian, sin que inhiba a estos servidores público, el miedo al poder o la envergadura de la empresa que se denuncia, sea esta privada, pública o estatal. Es necesario que más bien hagan carne del verdadero concepto de servicio público, que antaño hizo de las instituciones del estado un ejemplo de trabajo.
Por todo lo anterior es que emplazo a las autoridades de gobierno y especialmente al Ministro de Economía Pablo Longueira, para que tomen carta en el asunto comentado, y ayuden a generar instancias que permitan terminar con la colusión que existe entre los organismo del estado y las empresas estatales y privadas, en contra del trabajador o poblador común y corriente, con la misma efectividad y celeridad con la se creo el Sernac Financiero, iniciativa que con altura de mira y sin sesgo político comparto plenamente.
El mejor ejercicio de esta situación, se podrá constatar durante estos días, con los miles y miles de compatriotas que sufrieron las consecuencias del temporal, y que seguramente concurrirán a presentar sus demandas a los organismos del estado, que tienen que velar porque se cumplan los derechos relativos a los servicios básico de energía y agua, suspendido por la falta de proactividad para enfrentar situaciones como las acaecidas este fin de semana, por parte de las empresas privadas que dan este servicio,
Nelson Aquiles Soto Aguilera Ex . Consejero Nacional Federación de Trabajadores del Cobre Codelco Chile – División Andina
Los Andes, 29 de mayo de 2012
