Europa confiscada por los lobbies

Lejos de ser un accidente, lo que en Francia se conoció como el “caso Clearstream-EADS” revela la evolución del mercado del armamento en el Viejo Continente. Desde hace veinte años, bajo la égida de la Unión Europea, la desregulación y la avidez de ganancias dieron forma al paisaje industrial. La “guerra contra el terrorismo” favorece los mercados militares. La política europea de defensa conlleva esta marca.

¿Una inversión o una gigantesca estafa? Ganados por la ola de optimismo posterior a la Guerra Fría, los gobiernos de Europa y Estados Unidos implementaron vastos programas de reconversión y diversificación del sector de armamento (bases militares superfluas, industrias de armas con exceso de capacidad...). Entre 1991 y 1999, las iniciativas de la Comisión Europea absorbieron más de 900 millones de euros. Como este financiamiento cubría a lo sumo el 50% de los gastos previstos por los Estados miembros, y como a veces se agregaban a iniciativas nacionales, en total se “invirtieron” casi 2.000 millones de euros.

Sin embargo, mientras los contribuyentes creían participar en la realización de un mundo más pacífico, la lógica de mercado y los peligros inherentes a una mundialización depredadora, permitieron una extensión inédita del “sistema industrial militar-securitario”. En efecto, fueron los desafíos económicos e industriales –y no una real voluntad política– los que condujeron a la implementación de la Política Europea de Seguridad y de Defensa (PESD), a través del Tratado de Niza, firmado en diciembre de 2000, y los que influirán de manera duradera sobre sus orientaciones.