Fabricando una ideología racista

El objetivo de los gobernantes europeos de ir restringiendo y desmontando los mecanismos de protección social se enmascara ahora con las campañas de persecución implacable de los supuestos abusos que cometerían muchos de sus beneficiarios, en particular los inmigrantes.

Si bien las soluciones para sacar a la Unión Europea de la crisis económica suscitan ásperos debates, hay un tema sobre el que existe consenso entre los dirigentes políticos del Viejo Continente: la lucha contra quienes abusarían de los sistemas de protección social. Los inmigrantes de África o el Magreb, y más recientemente los romaníes, constituyen el primer blanco de esta nueva cruzada contra los “asistidos”. En una carta del 23 de abril de 2013, los ministros del Interior alemán, inglés, austríaco y neerlandés denunciaron ante la presidencia irlandesa los “fraudes y abusos sistemáticos del derecho a la libre circulación provenientes de los demás países de la Unión Europea”. Se habría pasado así de una inmigración económica a un turismo de subsidios.

Este tipo de recriminaciones apenas resiste a la observación de la realidad social y jurídica: en todos los países europeos, las poblaciones extranjeras y romaníes se encuentran entre las más precarias desde el punto de vista del acceso a la atención médica, y las prestaciones sociales mínimas siguen estando sujetas a condiciones drásticas de duración de la residencia en el territorio. En Francia, por ejemplo, un extranjero sólo puede cobrar el ingreso de solidaridad activa (RSA) si goza desde hace al menos cinco años de un permiso de residencia que lo autorice a trabajar…