India: los intelectuales, el desafío maoísta y la represión

La represión de la guerrilla maoísta en India Central, destinada a limpiar el terreno en beneficio de proyectos mineros impopulares, contribuyó en gran medida a desacreditar al poder y su política neoliberal. El fallo de la Corte Suprema del 5 de julio pasado constituye un severo llamado a las clases dirigentes a respetar los valores constitucionales. ¿Restablecerá la confianza de las intelligentsias de izquierda, cada vez más favorables a los maoístas?

La operación “Green Hunt” (“Cacería verde”), anunciada en octubre de 2009 por el Ministro del Interior Palaniappan Chidambaram, pretende erradicar la insurrección maoísta –también llamada naxalita– de las zonas forestales y tribales del Centro-Este de la India. Además de los cuatro mil Special Police Officers de la milicia Salwa Judum (“cazadores de la paz”), activa en Chhattisgarh, se desplegaron cincuenta mil paramilitares en cinco Estados clave de la insurrección: Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Orissa y Bengala Occidental. El enfoque securitario que acompaña al discurso oficial sobre el crecimiento económico exacerba así la actitud autoritaria que caracterizó históricamente al desarrollo indio, a menudo en detrimento de la población y la democracia locales.

La comunicación gubernamental, ampliamente difundida en los medios, presenta a la “Green Hunt” como una etapa de pacificación necesaria con vistas al desarrollo. Sin embargo, las tomas de posición de algunos intelectuales muestran una renovada actitud de cautela y suspicacia respecto de un modelo neoliberal que está acompañado de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, el potencial minero de la región es tal que el gobierno y los sectores económicos apuestan hoy a estos proyectos de extracción para alcanzar su objetivo de crecimiento de dos dígitos.

Desde el anuncio de la “Green Hunt”, la voz de alarma de los intelectuales permite presagiar un viraje de las fuerzas progresistas en favor de los naxalitas, en el preciso momento en que la decisión por la clandestinidad y la reciente radicalización de estos últimos había incrementado su aislamiento con respecto a la sociedad civil. Sumanta Banerjee, historiador del naxalismo, explicaba a Le Monde diplomatique por correo electrónico: “Llegamos a un punto en que los intelectuales indios no pueden permanecer neutrales. Aunque no estén de acuerdo con la táctica de los maoístas, deben oponerse a las políticas depredadoras de industrialización impulsadas por el gobierno, que llevan a confiscar hectáreas de tierras fértiles, destruir ríos y hacer que miles de aldeanos abandonen su lugar de residencia. (...) La resistencia armada de los maoístas y la resistencia, no violenta, de los gandhistas convergen en una oposición clara al modelo neoliberal de desarrollo que defiende el Estado indio”.

La fuerte mediatización del conflicto tiende, en ausencia de los maoístas, a asignar a los intelectuales de izquierda invitados por los medios de comunicación el rol de voceros, a su pesar, cuando no hacen más que apoyar la causa tribal y denunciar injusticias. Anteponiendo su carácter de “ciudadanos afectados”, muestran que siguen creyendo en un modelo equitativo de desarrollo. Sus preocupaciones parecen tener eco en el seno de las instituciones, tal como lo confirma el fallo de la Corte Suprema del 5 de julio pasado, que declara inconstitucional el recurso a los Special Police Officers (policías suplentes reclutados en la población civil), exige el desarme inmediato de los jóvenes reclutas de la milicia y ordena al gobierno central que deje de subvencionarla. El gobierno de Nueva Delhi está acusado de hacer “una interpretación totalmente errónea de sus responsabilidades constitucionales”. Este llamado al orden por parte de la más alta autoridad no habría tenido lugar sin la iniciativa de ciudadanos que presentaron una denuncia contra el Estado de Chhattisgarh, en 2007, por atentar contra el interés público. Al frente de éstos, Nandini Sundar, la joven directora del Departamento de Sociología y presidenta de la Universidad de Delhi, ganó su apuesta ciudadana. Esta batalla jurídica, festejada actualmente en todas partes, fue librada con una sensación de aislamiento, e incluso de desprecio por parte de una izquierda más radical, entusiasmada con la lucha armada. La muy mediática escritora y militante ecologista Arundhati Roy, aunque no apruebe a priori el proyecto político de los maoístas ni sus métodos, volvió atrás sobre su antigua posición de no violencia, cuya pertinencia niega en un contexto de guerra civil. Su estadía en el bosque con los rebeldes, que relató en un artículo de treinta y dos páginas publicado en marzo de 2010 en Outlook, uno de los grandes semanarios nacionales, generó controversia (1). Crítica mordaz del modo de vida consumista de la clase media, opone a su egoísmo de clase los ideales políticos que animan esta rebelión, cristalizando así en su persona la animosidad imperante respecto de los intelectuales.

Mientras se muestra crítica con los naxalitas en otros artículos –en octubre de 2010, también en Outlook, fustigaba por ejemplo un modelo político autoritario y la ausencia de una agenda ecológica clara–, en “Walking with the comrades” cede la palabra a los aldeanos que se sumaron a la People’s Liberation Guerrilla Army. Este ejercicio de “periodismo integrado” presenta por primera vez la versión de los guerrilleros y ofrece una visión cualitativa del conflicto, que es sistemáticamente ignorada por los medios de comunicación indios en beneficio de un enfoque técnico a menudo reducido al saldo de víctimas y a una combinación de términos ansiógenos provenientes de la semántica oficial (“zonas infestadas”, “erradicación”, “amenaza maoísta”, etc.). Mientras que los maoístas fueron calificados en 2004 por el Primer Ministro Manmohan Singh como la “mayor amenaza a la seguridad interior”, la escritora elabora, con un romanticismo asumido y una elegante desenvoltura, el retrato de un ejército de pobres. “Gandhi, ¡desenfunda tu pistola!”, exclama, con un sentido iconoclasta, resumiendo su actitud frente al desprecio oficial por la ecología y el humanismo.

Refugiado en Nueva Delhi para escapar a la Ley de Seguridad Especial adoptada en 2005 por el Estado de Chhattisgarh, el militante gandhista Himanshu Kumar revisó también sus convicciones no violentas. Educado en un ashram en India del Norte por padres adeptos a Mohandas Karamchand Gandhi, se instaló en los bosques de Dantewada, bastión maoísta, con el fin de “comprobar realmente la fuerza de la no violencia” (2). En mayo de 2009, su ashram, que servía como centro social y de salud para la población local, fue destruido por cientos de policías y paramilitares del gobierno central. Supuesta causa de este ataque: su trabajo de asistencia legal, que permitió a seiscientos adivasi (aborígenes indios) denunciar las exacciones de la milicia, y el hecho de recibir a miembros de la sociedad civil que fueron a investigar las exacciones. Agredido mientras intentaba mantener su neutralidad en el conflicto, hoy justifica la resistencia armada en el contexto actual.

Tras una etapa de faccionalismo intenso, el ala dura del movimiento naxalita, nacido a fines de los años 60 producto de la revuelta tribal de Naxalbari, se reunificó en 2004 bajo el nombre de CPI (Maoist) en torno a un programa de lucha armada desde las zonas tribales del centro de India (3). En el contexto post-11 de septiembre, las autoridades lo vincularon a la problemática internacional del “terrorismo”: una manera cómoda de justificar su enfoque meramente securitario de un problema estructural, a la vez económico, social, ambiental y político. Continuando con esta lógica, algunos depositarios de la autoridad (...)