El Informe FAO ha planteado que la ley de pesca debe incluir expresamente el concepto de seguridad alimentaria e incluir el fomento al consumo humano directo de los alimentos del mar, por ser un derecho inalienable vulnerado y que perjudica a todos los chilenos, en respuesta a la solicitud del gobierno para que indicara los principales vicios de la misma. Con lo anterior FAO se hace cargo que Senadores y Diputados al tramitar y aprobar la Ley Longueira en vez de colocar como columna vertebral la seguridad alimentaria de todos los chilenos prefirieron legislar para que la enorme abundancia de alimentos del mar que posee Chile quedara a manos de un puñado de poderosos grupos económicos que los requerían para su exportación a los mercados globales y obtener con ellos multimillonarias utilidades para acrecentar aún más sus fortuna.
Senadores y diputados serían autores con la Ley Longueira de entregar la totalidad de los alimentos que son capturados en nuestros mares a manos de la explotación de Corpesca y de los que se conoce como las 7 familias, para que los anteriores destinen el total de los alimentos del mar a sus negocios de exportación, mientras otros ricos en proteínas marinas y Omega 3 marino los destinen para su transformación en harina de pescado para la alimentación de salmones, cerdos y pollos.
¿De qué trata la seguridad alimentaria para las familias chilenas de la que habla el informe FAO?
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos - en este caso, pescados y alimentos del mar-para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996, FAO) (1)
FAO ha comprobado que en los hogares de Chile no existe consumo de alimentos del mar desde hace décadas,-lo que se ha profundizado con la Ley Longueira- a pesar que ese organismo en igual período de tiempo ha estado al frente de una campaña a nivel global para promover su consumo en todos los países del mundo, incluyendo a Chile, por ser crítico para garantizar una alimentación saludable. Mientras el promedio mundial de consumo de pescados ha alcanzado los 18 kilos, los hogares de nuestro país no superan los 7 kilos per cápita desde hace décadas. (2) En Chile los resultados son trágicos y cada vez peores, ya que en los últimos años se ha profundizado la falta de acceso al consumo de omega 3 marino, siendo casi nulo su consumo en los últimos quintiles, aunque toda la evidencia científica considera que es fundamental para la vida saludable de los cientos de miles de jóvenes, niños pequeños y mujeres embarazadas de nuestro país. (3)
Los anteriores y todos los chilenos seríamos víctimas de Senadores y diputados quienes intencionalmente nos habrían negado el derecho a la seguridad alimentaria , de las que nos habla FAO, por lo mismo la anulación de la Ley Longueira resulta URGENTE, ya que su impacto sobre la calidad de vida sería peor que la que generan las AFP a todos los chilenos y que ha movilizado a todo el país por su anulación con el Movimiento social NO+AFP, lo que se acentúa aún más si consideramos que decenas de miles de empleados públicos se movilizan por estos días en contra de la oferta del Ejecutivo y Congreso de un reajuste de 3,2% para sus modestos salarios ya que les resulta miserable para sacar adelante sus familias, en un país que además los anteriores no les dan acceso al consumo de alimentos del mar y a una alimentación saludable, en cantidad, calidad y precios accesibles.
El trasfondo del desabastecimiento de pescados y alimentos del mar para el consumo de los chilenos
Los funcionarios FAO en sus viajes por Chile tomaron conocimiento que en nuestro país no existen mercados de subasta, esto es, compra-venta de los alimentos del mar que son capturados a diario en nuestros mares, entre ellos - jurel, anchovetas y sardinas - que son los que tenemos en mayor abundancia y tampoco de camarones o langostinos, ni de ningún otro producto del mar. En el caso de los primeros estos se encuentran como parte de contratos privados de compra-venta entre industriales y grandes artesanales que ha posibilitado que las cuotas pesqueras de estos últimos se concentren en un 100% en manos de los industriales, lo que explica que las capturas pasen directo a las fábricas de exportación de los grupos económicos, por esta razón los chilenos y las familias de los funcionarios de FAO radicados en Chile no tienen derecho a comprar lo que se captura al frente de nuestras costas para su consumo junto a sus familias.
En el caso de la Merluza común, el alimento del mar más popular entre los chilenos, aproximadamente el 60% de su cuota pesquera ha terminado concentrada en una industria exportadora mientras el otro 40% está en manos de un par de centenares de pescadores artesanales, con una salvedad, la industria exportadora puede comprar hasta el 50% de esas cuotas, pudiendo de esta forma concentrar hasta el 80% de la cuota de esta pesquería y destinarla a la exportación. A modo de ejemplo y es lo que ocurre en la realidad, si la cuota de la Subsecretaría de Pesca (4) es de aprox. 20 mil toneladas para este año, los chilenos tendríamos acceso a 4 mil toneladas que alcanzaría para proveer tan solo al 20% de la demanda de los chilenos la que supera las veinte mil toneladas por año. Lo anterior explicaría su desabastecimiento y que su precio se haya elevado por sobre los $ 7.000 el kilo fileteado, en los Supermercados.
En lo que respecta a Merluza austral o del sur y Congrio dorado- los dos recursos de mayor abundancia capturados de Puerto Montt al sur- las leyes Longueira permiten que el 100% de las cuotas en manos de la pesca artesanal las pueda concentrar el sector industrial exportador, quizás sea lo que explique la escasa cantidad que se desvía al mercado interno y que aunque el pescador vende su cuota a 700 pesos por kilo o menos, en los supermercados ésta alcanza precios prohibitivos para la mayoría de los hogares: el kilo de filete de Merluza austral supera los $ 12.000.
En Chile seguro que para un Senador , Diputado, Subsecretario de Pesca, Ministro de Economía o un operador político que actúe como asesor de ese ministro y autoridad de gobierno, que define las políticas del sector pesquero, pagar 7 mil o 12 mil pesos por un kilo de pescado en un Supermercado, con sus sueldos de 7 y hasta 12 millones de pesos por mes no es un problema para su presupuesto familiar, tampoco esos precios impiden que los Casinos del Congreso los hagan parte de los menú y almuerzos de nuestros legisladores, ni tampoco es prohibitivo para las colaciones escolares a la que tienen acceso sus hijos que concurren a colegios exclusivos, quizás todo ello sea lo que explique por qué los mismos no tienen empatía alguna con la demanda ciudadana que exige urgencia para la anulación de la Ley Longueira, ya que ellos al igual que nuestras élites económicas y políticas, sienten que sus hijos ni sus familias están siendo perjudicados por dicha ley.
En su informe la FAO puso una segunda alerta, dijo que se hace necesario que la pesca artesanal de pequeña escala tenga un campo de acción protegido y diferenciado del sector de grandes artesanales. FAO está en conocimiento de la experiencia de la Comunidad Económica Europea donde la pesca artesanal de pequeña escala está protegida por la declaración de Bruselas, formula que ha dado como resultado que los hogares de países como España hayan asegurado el abastecimiento exitoso y destaquen en el consumo de pescados y productos del mar para su población a nivel mundial, aunque tienen menos abundancia que Chile. FAO habría tomado conciencia que los grandes artesanales en nuestro país tienen los mismos intereses que los industriales, es decir, que los alimentos del mar sirvan para negocios de exportación y conversión en harina de pescado.
En la línea de la recomendación FAO lo anterior exige en forma URGENTE que los legisladores se obliguen a derogar las leyes de mercado impuestas por Longueira a la pesca artesanal de pequeña escala, a la que redujo a una milla y permitió que los pescadores puedan vender el 50% y en algunos casos hasta el 100% de sus cuotas pesqueras (caso en el que está involucrado el diputado Iván Fuentes, Senador Walker y FIPES). En relación a esto último vale hacer presente la postura de las comunidades de pescadores de la Comunidad Económica Europea y que sin una medida similar en Chile la pesca artesanal no tiene futuro: "Evitar el uso de herramientas de gestión pesquera regidas por derechos donde los intereses individuales prevalezcan sobre los colectivos, especialmente aquellas que incorporan mecanismos de reparto basados en los mercados. La lógica de instrumentos como las cuotas individuales transferibles (CIT) resulta incompatible con la de la pesca artesanal. (6)
Por otra parte, se hace urgente que el gobierno rectifique sus políticas de los últimos años en materia de garantizar el derecho al consumo de alimentos del mar para todos los chilenos. Hasta ahora los últimos gobiernos se han rodeado de operadores políticos ( Felipe Sandoval, Luis Pichott, Raúl Sunico) que tienen su norte en favorecer con una batería de subsidios estatales multimillonarios a la mega acuicultura y a la gran empresa exportadora de alimentos del mar en manos de grupos económicos. Los anteriores son responsables de que el fomento, competitividad y modernización de la pesca artesanal de pequeña escala sea beneficiaria de subsidios marginales sin ningún impacto, con la anuencia de varios dirigentes de la pesca artesanal, de allí que la precariedad de los pescadores es cada vez más profunda y lo mismo ocurra con su desvinculación del consumo de alimentos del mar por los hogares de nuestro país, Casinos de estudiantes, JUNAEB, etc.. Aunque la pesca artesanal de pequeña escala necesita ser un actor relevante del Programa Estratégico Nacional "Alimentos Saludables" ya que ello es imprescindible para garantizar el consumo de alimentos del mar por los chilenos, se le marginó, ya que los operadores políticos consiguieron que su lugar lo ocupe SONAPESCA, un contrasentido ya que esta Asociación Empresarial por décadas ha estado comprometida en la exportación de los alimentos del mar de nuestro país, como nos consta a cada uno de nosotros.
Senadores, diputados y autoridades de gobierno hasta el Informe FAO no reconocían que son ellos el principal responsable de la falta de acceso al consumo de pescado en los hogares de nuestro país y que la solución de éste pasa por una nueva Ley de Pesca. Por lo mismo les debe resultar molesto que FAO haya hecho público que la solución al problema del consumo de pescados radica en la Ley Longueira, en el Ejecutivo y en el Congreso, los anteriores se habían acostumbrado a que nuestras altas autoridades de gobierno junto a las Asociaciones Empresariales , culparan con descaro y majadería que el problema era porque a los chilenos no nos gustaba consumir pescados y les parecía muy cómodo que los anteriores tergiversaran la realidad de su consumo incluso mal interpretando a la propia FAO (7).
Pablo Fernando González, PYME INNOVACION , NO + LEY LONGUEIRA (1) ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf
(2) http://www.subpesca.cl/publicaciones/606/articles-94615_documento.pdf
(3) https://www.lemondediplomatique.cl/El-atun-importado-los-ninos-de-la.html
(5) http://www.aqua.cl/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/agenda-productividad1.pdf
