El ataque colombiano a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) en territorio ecuatoriano el 1 de marzo no fue casual, sino planificado, inserto de una estrategia puesta en marcha desde comienzos de 2007, cuando el presidente Álvaro Uribe formó la Dipol, una unidad de inteligencia cuyo objetivo es la ubicación de los siete miembros del Secretariado de las FARC.
La incursión colombiana es el resultado de esa estrategia que pareció aplicarse, en primera instancia, sobre la base de una práctica, la del hot pursuit, la persecución en caliente durante una acción bélica. Consagrada doctrinariamente por el Derecho de Persecución, ésta permite acciones unilaterales, de acuerdo a las necesidades apremiantes del Estado beligerante, obviando los canales previstos por el Derecho Internacional.
El operativo militar que tuvo como saldo la muerte de Raúl Reyes, segundo comandante de las FARC, de otras 24 personas entre guerrilleros colombianos y civiles de nacionalidad mexicana y ecuatoriana, de un soldado colombiano y tres mujeres heridas, fue organizado desde la base militar Tres Esquinas ubicada en el departamento del Caquetá. La base, ampliada en función del “Plan Colombia”, alberga entre otros a militares estadounidenses y está equipada con un radar que es parte del Programa Red de radares de la cuenca del Caribe, CBRN. Del operativo, que se desarrolló mientras el grupo asaltado dormía, participaron soldados y policía antinarcóticos colombianos.
El gobierno de Ecuador fue avisado a operativo concluido. Las primeras explicaciones oficiales, la de Álvaro Uribe a su homólogo Rafael Correa vía telefónica, y la del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, proporcionada en rueda de prensa, no se correspondían con los hechos, porque negaban que hubiese habido una incursión en Ecuador de las fuerzas militares y policiales. El posterior informe de las fuerzas armadas ecuatorianas, que dio cuenta en cambio de la presencia de uniformados colombianos en la (...)
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