Un país puede permitir que las personas decidan libremente si consumen o no un helado, un televisor o cualquier otro bien de consumo. Pero no puede permitirles que decidan libremente si quieren educarse o no, porque el interés general del país exige que lo hagan. Esa es la justificación de la obligatoriedad de la enseñanza que rige en Chile desde 1920 —para la educación primaria— y desde 2003 para educación secundaria.
Respecto de la Educación Superior, no existe esta obligatoriedad, pero se puede aplicar el mismo principio: el país necesita que una buena parte de su población tenga formación superior de calidad, ya sea técnica, profesional o científica. Y, consecuentemente, éste debe se un objetivo país. Por otra parte, la Educación, al igual que la Salud, ha llegado a constituirse como un derecho de todo ser humano —un bien público— al que todos debemos tener acceso, independientemente de nuestra capacidad adquisitiva o del valor de nuestros activos.
Pretender que sea el Mercado y no el Estado el encargado de proveer satisfactoriamente este bien público significa no entender cómo funciona el Mercado. Lo que el Mercado puede hacer es asegurar una oferta educativa acorde a una demanda educativa efectiva, pero sólo en cuanto a la diversidad de títulos y cantidad de matrículas ofrecidas. Y eso es lo que ha pasado en Chile desde 1980, con una expansión sostenida de la Educación Superior (nuestra tasa de matriculación se acerca a la de Francia o Japón), pero en unas condiciones muy insatisfactorias desde el punto de vista de las necesidades del país y del ejercicio del derecho a la educación.
Hoy, en Chile es perfectamente posible que un joven de familia modesta, muy mal formado por el sistema escolar público, cumpla el sueño de estudiar en la universidad. Para eso, encontrará fácilmente cupo en una universidad privada y financiamiento en la banca privada. Pero, para él y su familia será difícil hacer una elección académica y financiera rigurosa. La publicidad consigue su objetivo. Al final, este joven mal preparado y endeudado recibirá una formación académicamente deficiente, pero un título válido, gracias al cual, difícilmente encontrará un trabajo que pueda desempeñar de buena manera, a través del cual realizarse y contribuir al desarrollo del país.
Esa es la forma en que el Mercado satisface las necesidades sociales. Oferentes y demandantes llegan a un acuerdo aceptable para ellos, pero que no necesariamente resulta satisfactorio en cuanto a las necesidades del país y al ejercicio del derecho a la educación. Desde este punto de vista, la Educación de Mercado es un fracaso o, para decirlo en términos que el Presidente pueda entender, la Educación de Mercado produce externalidades negativas inaceptables, que le hacen daño al país: familias endeudadas; legiones de profesionales y técnicos mal formados; condiciones de desigualdad perpetuadas.
¿Cuál es la solución? Un sistema de educación superior de excelencia, financiado por el Estado —no por los estudiantes— al que cualquier persona con vocación, capacidad e interés pueda acceder en condiciones de igualdad.
Mauricio Folchi
Doctor en Historia Económica
Académico del Departamento de Ciencias Históricas
Profesor de la Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile
