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En este numero:

- Sobre Estado nación, Wallmapu y resistencias en el contexto actual. Por Marco Silva Cornejo
- ATTAC internacional y el Foro Social Mundial en Montreal
- Londres 38 interpone querella por quema de archivos microfilmados por el Ejército

- Sumario completo



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La Institución de Salud actuando como Policía

En Chile, mientras el poder económico establece acuerdos para abusar y esquilmar a la ciudadanía sin castigo proporcional, las mujeres sí son tratadas como delincuentes por ejercer su derecho a decidir su maternidad. La reciente detención de mujeres tras ser denunciadas por profesionales de la salud en el contexto de búsqueda de atención por un aborto inducido en curso en los Hospitales públicos Hernán Henríquez de Temuco y Barros Luco de Santiago, tiene que ser leída como un atropello a los derechos humanos, a la confidencialidad médic@-paciente y al marco jurídico del Ministerio de Salud y como una grave transgresión al artículo 15° de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, suscrita por nuestro país.

Esto ocurre a días de la presentación del VI informe periódico del país ante este Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que en 2009, siguiendo las recomendaciones al tercer informe periódico, realizados por este comité, el Ministerio de Salud emitió un instructivo para evitar que ocurrieran estas situaciones, garantizando el acceso a la atención de salud por parte de las mujeres, sin estar expuestas a ningún tipo de presión ni confesión por parte de los/as profesionales, a la vez que respaldaba su protección bajo la norma del secreto profesional.

El tercer informe indica que se estaría condicionando "la atención médica a las mujeres cuya vida está en peligro por las complicaciones derivadas de abortos clandestinos, a que las mismas proporcionen información sobre quienes practicaron dichos abortos. Esas confesiones se utilizarían posteriormente en causas instruidas contra ellas y terceras partes, contraviniendo así lo preceptuado por la Convención" (CAT/C/CR/32/5.) - Texto señalado en el instructivo ministerial ORD A15 - 1675 de 21 de abril de 2009. Este documento, producto de un episodio de denuncia en un caso similar acontecido en el Hospital Tisné, fue circulado nuevamente en 2014 en el sistema público de salud. En esa oportunidad ya hablamos de las graves consecuencias que esto tiene para la salud y derechos de las mujeres en el marco de penalización del aborto en el país. Quienes defienden el secreto de la confesión en la Iglesia Católica, mantienen inequitativo silencio frente a estas graves transgresiones al secreto profesional.

En el debate parlamentario sobre el proyecto de ley sobre aborto por tres causales presentado por el Ejecutivo, se fue construyendo un consenso ético referido a la confidencialidad, que al parecer no ha sido acogido en el seguimiento de las directrices que es necesario mantener cotidianamente.

La reaparición de reiterados casos vuelve a hacer patente en nuestro país el riesgo de morir o enfermar por un aborto inseguro, la violencia, la tortura, y la vulneración de derechos y libertades que afectan a las mujeres. La incoherencia entre el discurso y las prácticas es brutal. La insuficiencia de medidas que no son seguidas ni fiscalizadas seriamente es inaceptable.

La señal es clara respecto de las restricciones y la distancia de la realidad de una discusión legislativa en curso que no pretende cambiar más allá de las tres causales la respuesta frente a la legítima demanda de aborto legal, seguro, libre y con garantía estatal. Como Observatorio de Equidad de Género en Salud (OEGS) consideramos que el rescate de la autonomía y los derechos de las mujeres requiere de fortaleza y convicción respecto del marco que establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a través de una trama de derechos civiles políticos, económicos, sociales y culturales, donde son clave los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud. El seguimiento por parte de la OEA de la Convención de Belem do Pará dejó claro que estas discriminaciones contra las mujeres constituyen violencia institucional ejercida desde el Estado.

Observatorio de Equidad de Género en Salud (OEGS) Santiago, noviembre 2015

 
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