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- Tiempos violentos: retóricas de la intransigencia y crisis de la política institucional en Chile

- Sumario completo junio de 2013





Sobre el autor

Jorge Magasich
Historiador.
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Página de inicio >> Junio de 2013

La recuperación del cobre
La “chilenización” y la “nacionalización pactada” de Frei Montalva

por  Jorge Magasich

En 1964, Eduardo Frei Montalva, como candidato y luego como Presidente, refuta la propuesta de la izquierda de nacionalizar la gran minería del cobre. Replica que el país carece de capacidades técnicas y financieras e insinúa que tal medida podría provocar reacciones de Washington, semejantes al bloqueo a Cuba. Como alternativa propone la asociación entre el Estado y las multinacionales.

En realidad, la joint venture fue sugerida por la propia empresa Anaconda Cooper co, política practicada en otros los países (1). La asociación arrojará magros resultados para Chile y fue sin duda una oportunidad perdida.

Las importantes reservas de cobre chilenas estimadas en un quinto de las mundiales ya se explotaban el siglo XIX: en 1869 Chile es el primer productor con 51.800 toneladas, 60% del consumo mundial. Pero la falta de ahínco la oligarquía le hizo retroceder a 27.715 toneladas en 1905 (5.5%).

La oportunidad es aprovechada por la Braden Copper co. que adquiere El Teniente en 1905 y se transforma en 1916 en filial de la Kennecott Copper co. La Chile Exploration co, propiedad de la familia Guggenheim, adquiere Chuquicamata en 1912; la Andes Copper Mining, fundada también por el ingeniero William Braden, compra Potrerillos en 1913. Y la Anaconda Cooper co. adquiere ambas en 1923. Así, la Kennecott y la Anaconda, con sus filiales, conforman la “gran minería” a la que se añadirán Exótica y Andina en los años 1960. Las multinacionales aumentan la producción hasta alcanzar casi medio millón de toneladas en 1944 (18,9% del total mundial), ayudadas por subsidios y otras compensaciones acordadas por Washington durante la II Guerra Mundial y la guerra de Corea (1950-1953), que compensan el precio de venta rebajado que les impone. El Estado chileno debe contentarse con registrar la baja de ingresos.

En 1951, el Estado consigue el derecho a comprar en 20% de la producción a precio interno y exportarla a precio de mercado. Se alzan voces que reclaman el “estanco del cobre”, o monopolio estatal de las ventas, y los senadores comunistas Salvador Ocampo y Elias Lafferte presentan el primer proyecto de nacionalización. Pero las compañías y la propia Casa Blanca ejercen presiones sobre los clientes para que se abstengan de comprar cobre al Estado.

En 1955, Ibáñez opta por el “nuevo trato”: las compañías recuperan la venta a cambio inversiones para aumentar la producción, facilitadas por ventajas tributarias y aduaneras. En 1970, la gran minería participa con cuatro quintos de las 692.000 toneladas producidas en Chile (11% del total). De los 930 millones de dólares ingresados por ventas, 727 provienen de la gran minería y retornan a Chile unos 650. El Estado recibe US$ 120 millones por tributos y otros 138 por participación. Estos 258 representan el 19% de los ingresos fiscales (2).

La “chilenización”
Apenas instalado en La Moneda en 1964, Frei encomienda a Raúl Sáez y a Javier Lagarrigue las negociaciones con la Kennecott y la Anaconda. A los pocos meses llegan a un acuerdo: el Estado compra una parte de las acciones y concede un paquete excepcional de franquicias, liberaciones de impuestos y medidas preferenciales. A cambio, las multinacionales se comprometen a aumentar la producción –el gobierno habla de duplicarla pasar llegar a 1.200.000 toneladas anuales– y a refinar y manufacturar en Chile una parte importante del cobre.

Los proyectos, anunciados con nutrida propaganda, son enviados a la Cámara en 1965. Allí la DC está en mayoría y en el Senado se entiende con el PR. La oposición de izquierda advierte del riesgo de pérdidas, insiste en la nacionalización total y, en todo caso, pide el estanco estatal del cobre. Pero Frei mantiene el sistema de exportaciones en manos de las compañías. Los contratosleyes son promulgados el 25 de enero de 1966, con una vigencia de 20 años (3).

En 1967 el Estado adquiere 51% de las acciones de la Braden Cooper, propietaria de El Teniente, con pagarés por US$80 millones. Su valor libro era sólo de US$67 millones, pero se aceptan las tasaciones de la firma estadounidense The American Appraisal Company. La gerencia y la programación quedan en manos de la Braden (4).

Se constituyen también dos sociedades mixtas con filiales de la Anaconda: la Compañía minera andina con 70% de capitales de la Cerro Corporation co. y 30% del Estado, más electricidad a precio de costo. La segunda es bautizada Compañía minera Exótica con 75% de la Chile Exploration co. y 25% del Estado.

Esta última es una ampliación de Chuquicamata inscrita a nombre de Chilex (otra filial de la Anaconda), pero el convenio firmado con la Chile Exploration permite obtener las ventajas fiscales acordadas a las nuevas sociedades: en lugar del impuesto a la renta del 50%, paga sólo 15%.

El principal reparo a los convenios es que se basaron en una estimación errónea del precio del cobre a US$0,29 la libra, pese a que en 1965-66, antes que el proyecto fuera ley, se transaba al doble de este monto. Esto tendrá graves consecuencias financieras.

En efecto, en 1964, las compañías venden la libra en la Bolsa de Metales de Londres al valor medio de US$0,44 en 1965 a 0,59; y en 1966 a 0,70. Como el sistema de ventas impone a los productores chilenos un precio más bajo, el Estado chileno lo coloca, en 1964, al precio de US$0,35; en 1965 a 0,38; en 1966 el Gobierno lo sube a 0,62 y meses después a 0,70, alcanzando el precio londinense. Luego baja a 0,54 (5). Con éste sistema de ventas, el alza del metal aporta beneficios exorbitantes a las compañías.

La “nacionalización pactada”
Los escasos resultados de la “chilenización” que contrastan con las impresionantes ganancias de las multinacionales impactan a dirigentes de la DC. Si en 1964 los partidarios de una nacionalización, como R. Tomic, G. Valdés o J. Ahumada, fueron apartados de las negociaciones, ahora el tema es debatido en la convención del PDC en enero de 1968. Allí los diputados Maira y Sota proponen reservar para el Estado las sumas que excedan el precio de venta de US$0,40 la libra. Pero Frei encarga a Andrés Zaldívar de rechazar la idea, arguyendo el complimiento de los contratos (6).

En respuesta a las crecientes demandas de nacionalización, Frei negocia con la Anaconda la participación del Estado en las minas El Salvador y Chuquicamata. En julio de 1969 se anuncia, con abundante propaganda, la “nacionalización pactada”: el Estado adquirirá el 51% de las acciones y, más adelante, el 49% restante. En estas condiciones se constituyen la Compañía de cobre El Salvador con la Andes Cooper Mining Co. y la Compañía de cobre Chuquicamata con la Chile Exploration Co.

El valor libro de Chuqui era de US$ 181 millones; pero, por el 51% de las acciones la Anaconda recibe US$175 millones. Cuando se haya pagado 60% del capital, el Estado podrá adquirir el 49% restante, aunque no antes de fines de 1972 (7). Su precio debía calcularse según un complicado sistema que valorizaba las reservas -en principio propiedad de la nación- del que resultaría un alto precio, injustificado.

Además, el gobierno firma con la Anaconda contratos de asesoría técnica y de ventas, por 1% de las ventas, y le entrega la gerencia de la nueva sociedad (8).

Las “sociedades mixtas” mantienen el rol oro, es decir las remuneraciones en dólares a unos 1.500 empleados estadounidenses y al personal superior chileno, lo que provoca la renuncia de Enrique Silva, el director de El Salvador. Y los últimos años la Anaconda explota a destajo, concentrándose sobre las vetas de alta ley, sin reparar adecuadamente los equipos ni evacuar 28 millones de toneladas de estériles (9).

El balance de la “chilenización” y de la “nacionalización pactada” fue resumido por Salvador Allende en Rancagua, el 7 de julio de 1971, día de la nacionalización. Entre 1930 y 1970, las utilidades de las empresas ascienden a US$1.576 millones, pero la inversión neta fue de sólo US$647 millones. Lo esencial de ella se hizo a crédito. Las compañías deben US$700 millones al gobierno; 100 más de dividendos; 71 a Codelco y 31 a clientes extranjeros (10). De 1960 a 1964, cuando El Teniente, El Salvador y Chuqui, eran dueñas de todas las acciones, obtuvieron ganancias por US$213 millones; de 1965 a 1970, con el 49% de las acciones, tienen utilidades por US$ 552 millones. Más del doble.

En 1970, Radomiro Tomic, entonces candidato a la presidencia por la DC, constata la oportunidad perdida: “Durante estos cinco años el cobre se ha vendido a un precio superior a US$0,60 por libra, contra un costo de producción de US$0,22. La nacionalización legal e integral nos habría permitido haber pagado ya el valor total de todas las instalaciones de la Anaconda y la Kennecott en Chile y haber financiado nosotros mismos el programa de expansión. Y disponer en el futuro de centenares de millones de dólares al año -chilenos, nuestros, no créditos o deudas- para acelerar masivamente el desarrollo industrial del país. Es una oportunidad que no volverá jamás” (11).

¿Cómo explicar la obcecación del gobierno de Frei por mantener las “sociedades mixtas”, tan poco favorables al país? Además de oponerse a la nacionalización, se negó a adaptar los contratos al alza del precio del metal; descartó el monopolio estatal de las ventas, así como la idea de reservar al Estado los montos superiores al precio de venta de US$0,40 la libra, y dio aval a préstamos contraídos por las compañías, que resultarán onerosos a Chile, como veremos en el próximo artículo.

Los motivos deben ser diversos, pero el apoyo de EEUU a su candidatura en 1964 no puede estar ausente de ellos. El informe Covert action in Chile, revela que la CIA invirtió US$3 millones (12) para “influir el resultado de las elecciones presidenciales de 1964” y precisa: “más de la mitad de la campaña del candidato demócrata cristiano fue financiada por los Estados Unidos [y] cerca de cuatro millones de dólares se gastaron en unos 15 proyectos de acción encubierta”. Además, en 1965, la Central apoyó con US$175.000 a 22 candidatos a parlamentarios, y en 1969 financia a 12 candidatos con US$135.000 (13); 10 de ellos fueron electos.

Tal injerencia tiene objetivos y, puesto que en política son raros los gestos gratuitos, la retribución al donador debió formar parte de las opciones de quienes entonces dirigían el país.

1. Martner Gonzalo, 1988, El Gobierno del Presidente Salvador Allende, 1970-1973. Una evaluación, Programa de Estudios del Desarrollo Nacional y Ediciones literatura americana reunida, p 107 y Novoa, 1972, 40.
2. Novoa Eduardo, 1972, La Batalla del cobre, Quimantú. 13-14.
3. Novoa, 1972, 45; 74.
4. Novoa, 1972, 50; 82.
5. Novoa, 1972, 57; 63.
6. Novoa, 1972, 64-65
7. Mena Basualto Horacio, 8/4/1971, Superintendencia de aduanas, oficio 10, del jefe de la unidad DIA de Antofagasta al jefe de investigaciones aduaneras.
8. Mena, 1970, 1 y Novoa, 1972, 70.
9. Max Nolff in Martner, 1988,110.
10. En total unos 40.500 millones de U$ actuales.
11. Revista Ercilla del 7 de enero de 1970.
12. Unos 135 millones U$ actuales.
13. 7,9 y 6,1 millones U$ actuales.

*Historiador.

Próximo artículo: La nacionalización de 1971: la medida económica más trascendente del siglo XX.

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