La crisis del modelo chileno de gestión de agua

Chile, es el único país en el mundo en el que el agua es una mercancía completamente comerciable, con un modelo de gestión hídrica que separa la propiedad de la tierra y la del agua, sustentándose en criterios de asignación de derechos de uso gratuitos y a perpetuidad que dependen de su transacción en el mercado, favoreciendo la concentración de derechos de uso en grandes sectores como la minería, agroindustria y electricidad. Esto, termina siendo una profunda vulneración a derechos humanos como el acceso al agua y saneamiento para las comunidades, especialmente las rurales, las que se enfrentan a una sistemática pérdida de sus derechos sociales, pero por sobre todo a derechos humanos que el Estado debe garantizar. A esto se suma la pérdida de control público y gobernabilidad, que se manifiesta a través de todo Chile en innumerables conflictos territoriales, y en la inexistencia de una mirada de largo plazo respecto a estrategias de desarrollo rural que sean sostenibles en el tiempo (Frene et.al, 2014).

Es ineludible comentar que todas las especies y ecosistemas necesitan del agua para su existencia, pero siendo un bien finito, es inevitable que comience a escasear si no se aplica gestión sobre ésta. Entonces, ¿cómo un bien nacional de uso público, puede ser a su vez un bien económico que se transa entre privados?, el Código de Aguas de 1981 reconoce este bien común como un patrimonio colectivo de todas las personas, sin embargo, su aprovechamiento y gestión quedan resguardados por las garantías constitucionales del derecho de propiedad y bajo criterios del mercado. El código chileno contiene dos tipos de derechos de aprovechamiento: el de uso consuntivo y el uso no consuntivo. El primero se refiere al consumo de aguas que no pueden ser reutilizadas (un cultivo) y el segundo, se refiere a una solicitud para utilizar el agua y luego devolverla al curso de origen en la misma cantidad y calidad (hidroelectricidad), lo que en la mayoría de los casos no asegura (...)