La herida de Chile

Frente a la protesta social mapuche por la imposición de inversiones o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas.

El bicentenario ha dejado al descubierto una de las heridas más profundas de Chile, la de su relación con los pueblos originarios. Aunque desde el gobierno y la prensa se hayan esforzado en esconder esta herida, las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no han podido ignorarla.

Se trata de una herida antigua, consecuencia de la forma cómo el Estado chileno se construyó -a través de la imposición y la fuerza- sobre los territorios de estos pueblos, en muchos casos bastante después de 1810. En el caso del extremo sur, por ejemplo, el establecimiento de la soberanía chilena sobre Tierra del Fuego resultó en el exterminio del pueblo selknam u ona. En el caso de los mapuche, el Estado se constituyó sobre sus territorios ancestrales, los que les habían sido reconocidos por los españoles a través de parlamentos, mediante el copamiento militar y la radicación forzada de sus comunidades en menos de un 5% de sus tierras de ocupación ancestral.

A las políticas de asimilación forzada del siglo XIX, siguieron las de integración cultural del siglo XX, y más recientemente, aquellas impulsadas desde el Estado que han resultado en la expansión hacia sus comunidades de las inversiones forestales, hidroeléctricas, acuícolas, así como en la apropiación de sus recursos naturales.

Frente a la protesta social mapuche por la imposición de dichas inversiones, o los impactos ambientales y culturales que estas provocan en sus comunidades, a la exclusión política y económica, el Estado ha impulsado en los últimos años una política de criminalización que ha llevado a la cárcel a decenas de mapuche acusados de cometer actos terroristas, hecho que ha preocupado a diversas instancias de derechos humanos de la ONU.

Es esta realidad la que 34 personas mapuche privadas de libertad en distintos penales del sur en virtud de procesos o condenas por hechos vinculados a la defensa de sus tierras, considerados por el Estado como terroristas, han dejado al descubierto a través de la huelga de hambre que impulsan, protesta que en los días del bicentenario superaba los 65 días de duración. La huelga mapuche tiene como fundamento el reclamo de un derecho humano básico, que ningún Estado que se precie de democrático puede desconocer: el derecho a un juicio justo. Los huelguistas mapuche exigen además, el término de los abusos y maltratos de agentes del Estado en contra de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad física y síquica de quienes las integran, incluyendo niños y ancianos. La actitud del mundo político frente a esta ya larga huelga ha dejado mucho que desear; basta señalar que hasta un par de semanas antes del bicentenario, tanto el gobierno como la oposición habían prestado poca atención a los mapuche y a sus demandas. Así, mientras el gobierno se negaba a todo diálogo e impulsaba acciones judiciales para alimentar forzadamente a los huelguistas, sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas planteados por los mapuche al término de la huelga de hambre. Parte importante de la prensa, además, silenció (...)