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- Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP Propuesta de un nuevo sistema de pensiones para Chile
- ¿Quiénes dañan al país? el negocio de los grandes empresarios palteros (parte 1) Por Rodrigo Mundaca, Rodrigo Faúndez y Alexander Panez de MODATIMA
- El gobernante debe escuchar su cuerpo por Juan G. Ayala

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La huelga de hambre de la Comisión Metropolitana de Ex presas y Ex Presos Políticos. Por Manuel Andrade Valenzuela (1)

Este texto pretende dar cuenta de la actual huelga de hambre de miembros de la Comisión Metropolitana de Ex presas y Ex Presos Políticos que demandan al Estado de Chile verdad, justicia y reparación integral, en tanto que víctimas de prisión política y torturas durante la dictadura cívico – militar chilena de 1973 a 1990. Antes de abordar las demandas del movimiento, se plantea una reseña histórica que pretende dar cuenta de los hitos históricos más sobresalientes en el largo proceso de lucha de las víctimas de la dictadura durante el llamado “proceso de transición a la democracia”. Nos proponemos como meta aportar con una visión del contexto histórico en la cual sea posible insertar las demandas de las huelgas de hambre de 2015, encabezadas por ex presos políticos de Rancagua, y la actual huelga de hambre.

El Estado de Chile y las demandas por verdad, justicia, reparación y no repetición en relación a violaciones de derechos humanos (1973 – 1990)

El 11 de marzo de 1990 se inició en Chile un proceso de transición a la democracia. Uno de los desafíos para el nuevo gobierno consistió en iniciar un proceso tendiente a lograr verdad, justicia, reparación y adoptar medidas de no repetición en relación a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico - militar. Al día siguiente de asumir el mando de la nación, el Presidente Patricio Aylwin, expresó en un encuentro masivo en el Estadio Nacional que su gobierno buscaría “Justicia en la medida de lo posible”. En adelante, el tratamiento de las demandas de las víctimas de la dictadura se vieron envueltas en este concepto: verdad, reparación y adopción de medidas de no repetición en la “medida de los posible”.

Apurando el paso, el 25 de abril el Gobierno creó la Comisión de Verdad y Reconciliación con el objeto de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico - militar. El 8 de febrero de 1991 la Comisión entregó un informe en el cual se acreditaron 2.296 víctimas de violaciones de derechos humanos y, como consecuencia de aquello, el día 8 de febrero de 1992, el gobierno promulgó la Ley Nº 19.123 que creaba la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación que estableció medidas de reparación para las víctimas. Dicha corporación calificó además 899 nuevos casos de víctimas en un informe entregado el 28 de febrero de 1994 y organizó un sistema de asignación de pensiones mensuales a los familiares de las víctimas, así como atención de salud y becas para realizar estudios secundarios y universitarios.

Dichos informes, dieron cuenta de una realidad hasta ese momento negada por la derecha y las instituciones armadas. Sin embargo, a pesar de estos avances en materia de verdad, las víctimas de la dictadura y sus familiares no lograban aún saber el paradero de sus seres queridos y castigar a los culpables de tan horrendos crímenes. En 1999 el gobierno de turno creó la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos con el objeto de esclarecer el paradero de miles de detenidos desaparecidos. El fracaso de esta instancia evidenció la falta de voluntad por parte de las Fuerzas Armadas, pese al conocimiento del destino de 180 víctimas individualizadas y 20 víctimas no identificadas.

Bajo el gobierno de Ricardo Lagos, en enero de 2001, el Ejecutivo entregó al Poder Judicial los antecedentes de doscientos casos de detenidos desaparecidos, dentro de los cuales cien habrían sido lanzados al mar. Diversas organizaciones de derechos humanos expresaron públicamente la falta de compromiso por parte del Estado de Chile en el esclarecimiento de estos hechos y denunciaron, al mismo tiempo, la tortura sufrida por miles de mujeres y hombres privados de libertad en los centros de detención y exterminio de los aparatos de seguridad del régimen. Una de las organizaciones que levantó la voz en medio de tanta impunidad fue la Comisión Ética Contra la Tortura señalando, el día de su constitución, que “la conciencia moral de la nación requiere el establecimiento de la verdad y que se haga justicia sobre los casos de tortura ocurridos en Chile, crimen de lesa humanidad cometido en forma sistemática en nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 (…) Sólo a través del conocimiento de la magnitud de este crimen, de los daños causados a las personas objetos de tortura, a sus familias y a la sociedad entera, se podrá contribuir a recuperar la integridad y dignidad de los afectados (…) El reconocimiento por parte del Estado y la sociedad chilena de este crimen es imprescindible para reparar los traumas físicos, mentales, morales y sociales que constituyen sus secuelas (…) Por tanto, el Estado está en la obligación de terminar con el silencio y la marginación en que los sobrevivientes de tortura han vivido durante todos estos años (…) La demora en la investigación de este flagelo por parte del Estado ha significado que este crimen no ha sido asumido en forma responsable por la sociedad y, por lo tanto, la tortura reaparece cada cierto tiempo en forma dramática y perseverante, como se observa hasta la actualidad (…) Por tanto, el Estado Chileno debe buscar vías procesales eficaces para materializar esta obligación. La normativa internacional de derechos humanos exige, además, otorgar una reparación integral a las víctimas de tortura. El Art. 14 de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas señala que el Estado “…velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible”[2].

La reacción del gobierno fue la creación, mediante el Decreto Supremo Nº 1.040, del 11 de noviembre de 2003, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como “Comisión Valech” debido a que la presidencia de la comisión recaía en la persona del Obispo de la Iglesia Católica Sergio Valech Aldunate. El objetivo de dicha comisión fue determinar “quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”[3]. Fruto de su trabajo la comisión reconoció a 28,459 personas como “víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar”[4]. Al mismo tiempo, la comisión dio cuenta del contexto histórico, así como los “métodos, recintos y perfil de las víctimas, y las consecuencias en las vidas de las víctimas de los hechos denunciados”[5]. Finalmente, la comisión entregó al gobierno una serie de recomendaciones en materia de reparaciones a las víctimas, las que fueron acogidas en la Ley N° 19.992 del 24 de diciembre de 2004, que estableció pensiones, becas de estudio, acceso a la atención de salud y beneficios habitacionales, así como el secreto por cincuenta años de los informes aportados por las víctimas.

En este contexto, amplios sectores de las organizaciones de derechos humanos y de ex presas y presos políticos plantearon su rechazo a las políticas del gobierno en relación a calificación de víctimas de prisión política y tortura, así como de las reparaciones establecidas, las que fueron consideradas insuficientes e indignas. El secreto por cincuenta años de las declaraciones recibidas por la Comisión Valech fue considerado además como un ilegítimo mecanismo que perpetúa la impunidad.

Al finalizar el primer gobierno de Michelle Bachelet, se promulgó la Ley Nº 20.405, del 10 de diciembre de 2009, que permitió la creación, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Tal como las anteriores instancias oficiales, esta nueva comisión fue competente en casos de “detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura”[6] y tuvo su primera sesión constitutiva el 17 de febrero de 2010. Fruto de su trabajo, el 18 de agosto de 2011, esta nueva instancia entregó un informe al Presidente Sebastián Piñera con un nuevo listado de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y torturas. Se logró calificar treinta nuevos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y 9.795 víctimas de prisión política y tortura. Todo lo cual eleva a más de cuarenta mil las víctimas de la dictadura cívico - militar si se consideran todos los informes anteriores. Esta realidad obligó al Estado de Chile a reconocer las violaciones de derechos humanos y establecer las medidas reparatorias a todas las víctimas.

El resultado de todos los años de gobiernos en democracia ha sido considerado por algunos, defensores de la llamada obra de la Concertación de Partidos por la Democracia, como un período de avances en materia de derechos humanos. Se ha intentado difundir en instancias internacionales que Chile además de ser un milagro económico es un país que ha avanzado en materia de derechos humanos. Sin embargo, la realidad de los familiares de detenidos desaparecidos y de las víctimas de prisión política y tortura es diferente. A cuarenta y tres años del golpe militar de 1973 la realidad en materia de derechos humanos es deprimente. Si los avances en verdad, justicia y reparación han sido insatisfactorios desde el punto de vista de las víctimas y familiares, en relación a la adopción de medidas de no repetición, la acumulación de numerosas denuncias a nivel nacional e internacional por violaciones a los derechos humanos en contra de trabajadores y trabajadoras, comunidades mapuche, estudiantes y organizaciones sociales, territoriales y de derechos humanos, refleja el débil compromiso del Estado de Chile en relación a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. Algunas de estas denuncias han devenido en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como recomendaciones de diversas relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas que exigen al Estado de Chile el respeto de los derechos humanos. Así quedó establecido en el último Examen Periódico Universal de Naciones Unidas de 2014, tras la formulación de un conjunto de recomendaciones planteadas por ochenta y cuatro países en materia de respeto a los derechos humanos, entre las que se incluye el establecimiento de un Mecanismo de Prevención contra la Tortura[7].

En este contexto, el 13 de abril de 2015, se declara una huelga de hambre indefinida encabezada por ex presas y ex presos políticos de las ciudades de Rancagua y San Felipe, que en pocos días logró apoyos de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. En un comunicado público el movimiento señaló lo siguiente:

“Los Ex presos políticos de Arica, San Felipe, Los Andes, Valparaíso, Rancagua, Rengo y San Vicente hemos tomado la decisión de iniciar un movimiento de protesta, bajo la forma de una huelga de hambre a partir del lunes 13 de abril de 2015. Las razones son las siguientes:

“1. En la reunión de nuestro Secretariado Nacional de Expp junto con los Expp de Rancagua y la ministra Secretaria General de la Presidencia el 9 de diciembre de 2014, se acordó instalar una mesa tripartita en la que se estudiará el envío al parlamento de un proyecto de ley de indemnización para los ex prisioneros políticos, junto con la homologación de la pensión Valech al monto de la pensión Rettig.

“2. En esta mesa tripartita conformada por el Ejecutivo, parlamentarios y representantes de nuestro Secretariado Nacional de Expp y Familiares permitiría avanzar para satisfacer nuestras principales reivindicaciones, en materia de indemnización y de mejoramiento de nuestra pensión actual que alcanza a 8 dólares diarios.

“3. Esta reunión fue resultado de la suspensión temporal del movimiento de huelga de hambre de los Expp de Rancagua del 1 de diciembre 2014.

“4. Hoy, 4 meses después de obtenido este acuerdo, el Ejecutivo se ha negado a instalar la mesa tripartita y se ha negado a responder nuestras peticiones de retomar las conversaciones. Solo nos ha enviado emisarios irrelevantes y que no pueden asumir la representación del gobierno.

“5. Decíamos el 1 de diciembre: “Estamos fatigados de esperar y rogar a los gobiernos que se han sucedido en el poder que legislen una ley definitiva de indemnización. Nunca ha existido la voluntad política para hacerlo, las razones siempre han sido buenas para postergarnos. Nos consideramos chilenos de segunda clase y nos sentimos doblemente maltratados: la primera vez por la dictadura militar y la segunda vez como parias de la sociedad democrática.

“6. Enfrentados a esta situación de sordera institucional y a la ausencia de señal positiva alguna, nos vemos en la obligación de retomar nuestro movimiento suspendido en diciembre de 2014.

“Es por ello que hemos tomado la decisión de realizar una protesta pública a través de una huelga de hambre indefinida que iniciamos hoy lunes 13 de abril de 2015. Esperamos que nuestro gesto reciba la atención de quien corresponda para obtener una respuesta satisfactoria a nuestra demanda que es ética y moralmente justa”[8]. Esta huelga de hambre nuevamente puso de manifiesto las condiciones de vida de miles de sobrevivientes de la dictadura, muchos de los cuales no han sido calificados por las diferentes instancias establecidas en democracia y mencionadas más arriba. El fin de la huelga y el inicio de un proceso de búsqueda de acuerdo, en la llamada Mesa de Alto Nivel, conformada por organizaciones de ex presas y ex presos políticos y el Gobierno, tuvo como resultado un conjunto de propuestas que, finalmente, fueron desconocidas por las autoridades. Es en este contexto que emerge una nueva huelga de hambre, esta vez de integrantes de la Comisión Metropolitana de Ex Presas y Ex Presos Políticos.

El fracaso de la Mesa de Alto Nivel y la huelga de hambre de la Comisión Metropolitana de Ex Presas y Ex Presos Políticos

A continuación, se extiende una cronología del proceso de conflicto, diálogo y negociaciones entre las ex presas y presos políticos, desde el fin de la huelga encabezada por ex presos y ex presas políticas de las ciudades de Rancagua y San Felipe de 2015 y el fracaso de la Mesa de Alto Nivel con la cual el Gobierno pretendió cerrar los temas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación en relación a las violaciones de derechos humanos de la dictadura, hasta el estallido de una nueva huelga de hambre de ex presos políticos pertenecientes a la Comisión Metropolitana de Ex Presas y Presos Políticos el 18 de abril de 2016.

23 de mayo de 2015. En la ciudad de Rancagua, firma de un acuerdo entre las organizaciones de ex presos políticos y el gobierno, oficiando como garantes del acuerdo el obispo Alejandro Goic y el Senador Juan pablo Letelier[9]. En dicho acuerdo se establecieron dos compromisos fundamentales: por una parte, poner fin a una huelga que ya había cumplido 39 días por parte de ex presas y presos políticos; y, por otra, establecer una Mesa de Alto Nivel con el objeto de arribar a un acuerdo de reparación integral a las víctimas de prisión política y torturas de la dictadura cívico - militar.

28 de mayo de 2015. Bajo la presidencia del Obispo de Rancagua, Alejandro Goic, se constitución de una Mesa de Alto Nivel conformada por representantes de las organizaciones de ex presas y ex presos políticos y familiares [10]y representantes de los ministerios de Interior y Seguridad Pública, Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, de Desarrollo Social[11].

15 de agosto de 2015. Formación de la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos Salvador Allende, que agrupó al movimiento de huelgas de hambre encabezado por Rancagua en mayo de 2015.

4 de septiembre de 2015. Constitución de la Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos, iniciando un proceso de movilizaciones, organizadas a nivel de la Región Metropolitana, como consecuencia de lo que llamaron “inmovilismo de la Coordinadora”.

11 de septiembre de 2015. La Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos realiza una acción de toma del monumento a Salvador Allende situado en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de la Moneda, dejando pasar únicamente a las organizaciones de derechos humanos, sociales y estudiantiles, como forma de expresión de su malestar frente al proceso de acuerdos de la Mesa de Alto Nivel.

14 de septiembre de 2015. La Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos realiza una toma de la Catedral de Santiago en el marco del conflicto suscitado entre las organizaciones de ex presas y ex presos políticos y el gobierno, tras la huelga de hambre que permitió la conformación de una Mesa de Alto Nivel.

5 de octubre de 2015. La Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos, realiza una toma del monumento de Salvador Allende situado en la Plaza de la Constitución bajo la consigna “la alegría nunca llegó”.

12 de diciembre de 2015. Los representantes de las y los ex presos políticos reciben un documento en el cual se planteaban los compromisos de parte del Gobierno en relación a las demandas de las organizaciones representadas en la Mesa de Alto Nivel en torno a verdad, justicia y reparación. En dicho documento se establecieron los siguientes acuerdos: radicar en la Subsecretaría de Derechos Humanos (en trámite parlamentario), dependiente del Ministerio de Justicia, una labor de permanente reconsideración y revisión de los casos no reconocidos por la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Torturas; Proyecto de ley que tipifica el delito de tortura en el código penal (aún en trámite parlamentario); becas de estudios para descendientes de las víctimas hasta segundo grado de consanguineidad en línea directa; Medidas para conservar sitios de memoria; Fortalecer el sistema de Programa Reparatorio Integral en Salud (PRAIS); Además de un bono reparatorio, aumento de pensión en cincuenta mil pesos a partir de los sesenta y cinco años de edad y un bono reparatorio de entre tres y diez millones pagadero en cuotas anuales y de acuerdo rangos etarios.

17 de diciembre de 2015. La Mesa de Alto Nivel concluye sin acuerdo en materia de reparación pecuniaria. Monseñor Alejandro Goic señaló expresamente en dicha sesión que se debía poner término al trabajo de la Mesa “dejando establecida formalmente (…) la situación actual del desacuerdo entre ambas partes…”. El Gobierno no estuvo dispuesto a acercarse a las demandas económicas de las y los expresos políticos y tampoco demostró interés en avanzar en poner fin a la impunidad al negarse a derogar el artículo 15 de la Ley N° 19.992 sobre el secreto de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

25 de enero de 2016. Los Observadores y Garantes en la Mesa de Alto Nivel emiten un informe en el que se establece la preocupación en relación a la falta de compromiso por parte del gobierno en relación a compatibilidad entre reparación integral como política pública, que ponga a las víctimas en el centro conforme a una concepción evolutiva de los derechos humanos, y demandas individuales por violaciones a los derechos humanos, así como la derogación de la Ley de Amnistía; dejar sin efecto el secreto por cincuenta años de la documentación reunida por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de la Prisión Política y Tortura, pues aquello consagra la impunidad; la falta de voluntad de parte del Estado en fortalecer a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en materia de asesoría legal[12].

21 de diciembre de 2015. El Estado de Chile entrega a las y los ex presos políticos, a través del Instituto de Previsión Social (IPS), un “aporte único” de un millón de pesos de carácter reparatorio, quedando estableciendo que, si él o la titular fallece antes de hacer efectivo el pago, el cónyuge sobreviviente podrá cobrar tan sólo el 60% de ese monto[13]. 18 de abril de 2016. Integrantes de la Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos inician una huelga de hambre indefinida exigiendo al Estado de Chile repare el daño físico y psicológico causado a miles de personas durante los años de dictadura cívico militar. Por medio de esta acción, las y los ex presos políticos ponen de manifiesto el fracaso de la Mesa de Alto Nivel formada en mayo de 2015. Los huelguistas fueron acogidos en el segundo piso de la Central Unitaria de Pensionados y Montepiados de Chile, Cupemchi, ubicada en Brasil 349, a un costado de la Plaza Brasil, en la comuna de Santiago Centro. Mediante un comunicado los huelguistas expresaron las siguientes demandas:

“1. Fin a los 50 años de silencio impuestos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en el Artículo 15 de la Ley 19.992 del 17 de diciembre de 2004, a los documentos, testimonios y antecedentes que aportaron de miles de compañeros y compañeras, impidiendo el acceso a cualquier persona, grupo de personas, autoridad o magistratura hasta el año 2054. Este silencio de 50 años, creemos, protege a criminales, cómplices, torturadores y torturadoras de la dictadura cívico-militar.

“2. Reapertura, de forma permanente, de una Comisión Calificadora de Ex Prisioneros Políticos y Torturados. El cierre de organizaciones de este tipo, en el pasado, es la razón por la que muchos compañeros y compañeras no calificaron o no accedieron en su momento a declarar, entendiendo que el revivir vivencias del pasado como electrocutaciones, golpes, violaciones sexuales y demases métodos que utilizaron las fuerzas armadas y de orden, es un proceso muy difícil para las víctimas, que muchas veces han tenido que colaborar sin recibir ayuda psicológica alguna.

“3. Reparación integral a las víctimas de prisión política y tortura, pero siguiendo las normativas internacionales suscritas por el Estado de Chile en un marco de derecho internacional basado en la Resolución 60/147 de la Organización de Naciones Unidas aprobada por su Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, acerca de los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones por parte del Estado. En este sentido, exigimos: “3a. En materia de pensiones, exigimos una pensión nivelada con un suboficial del Ejército. Esta moción fue planteada a varios ex prisioneros políticos de la dictadura por los senadores Lili Pérez San Martín y Manuel José Ossandón, quienes han sido parte de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado. Cabe aclarar que las denominadas «pensiones» que nos son otorgadas no son tal, sino que se trata de un subsidio que, al fallecer el beneficiario, es devuelto a las arcas del Estado, sin siquiera contemplar el pago de féretro. Por lo anterior, exigimos que se nos entregue como pensión heredable a la pareja conyugal.

“3b. En materia de vivienda, nosotros aceptamos la moción planteada por el obispo monseñor Sergio Valech quien manifestó reparar, en este punto, con cuarenta millones de pesos por cada ex prisionero político.

“3c. En materia de salud, planteamos una reformulación del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais) para su funcionamiento óptimo, en donde en la toma de decisiones los ex prisioneros políticos de la dictadura también tengan voz. Exigimos, además, un monto de dinero que cubra verdaderamente la totalidad de las enfermedades y del uso de laboratorios, maquinarias médicas de última generación, remedios y drogas que, cuando los hospitales no puedan dar solución, automáticamente los beneficiarios del Prais puedan acceder a clínicas sin costos adicionados. Esta exigencia, más allá de ser un alegato de beneficios, es una necesidad real para miles de torturadas y torturados que han quedado con secuelas físicas y psicológicas de por vida.

“3d. En materia educacional, abogamos porque el fraude del que fueron víctimas muchos compañeros con la Universidad de Artes y Comunicaciones, Uniacc, sea superado y que puedan acceder nuevamente a su beneficio, ahora de manera real. Instamos a que las becas sean otorgadas en su totalidad a las víctimas de prisión política y torturas, como también a su descendencia hasta la tercera generación, incluida la pareja conyugal del beneficiario o beneficiaria.

“3e. En materia de indemnización, el piso que estamos pidiendo son 150 millones de pesos, el que ya fue aprobado en un fallo unánime, a mediados de septiembre de 2015, de la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemûller, Haroldo Brito y el abogado (i) Jaime Rodríguez Espoz–, a los 31 compañeros que estuvieron detenidos y torturados en Isla Dawson.

“3f. Exigimos que a las viudas y viudos de las víctimas nombradas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura se les otorgue la totalidad de la pensión por derecho, entendiendo a la familia de las víctimas como el núcleo más afectado”[14].

24 de abril de 2016. Uno de los voceros de los huelguistas, Jorge Sandoval, expresa que cuando se levantó la huelga el 23 de mayo de 2015, el gobierno estuvo dispuesto a dar “un bono de un millón de pesos. Primero, eran dos millones de pesos para, solamente, los huelguistas. Cuando se pide que sea para todos los presos políticos de Chile; entonces, ellos lo rebajan a un millón 200 mil; pero, dejan afuera a las viudas y a los viudos, no los toman en cuenta. Entonces, para tomar en cuenta a las viudas, les dan el 60 por ciento solamente, que lo encontramos aberrante, y a todos los presos en general, les dan un millón de pesos (…) “No hay una reparación real aquí. Ningún Gobierno se ha tomado la molestia de escucharnos y reconocernos realmente. Ellos han publicitado, mundialmente, que en Chile no hay deuda con los presos políticos, que está todo saldado. Pero, todo fue en la medida de lo posible”[15].

30 de abril de 2016. La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, a través de una declaración pública, expresa que “en este proceso quedó en evidencia la falta de voluntad política, la indiferencia y el carácter economicista que el Ejecutivo le ha dado a un asunto que tiene que ver con la defensa de derechos humanos. Esta nueva huelga de hambre, busca revivir las demandas aplastadas por la posición adoptada por el gobierno de la Presidente Bachelet. La táctica de ese mismo cuerpo de políticos será nuevamente ignorar a los huelguistas. Tal como lo hace la prensa comercial”. En este sentido, la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, solidarizó con el movimiento planteando las siguientes demandas en una perspectiva de convergencia: “Dictar una ley de indemnización justa y adecuada, sin que la muerte de la víctima titular perjudique los derechos de familiares o herederos (…); eliminar la incompatibilidad de las pensiones de exonerados y prisionero político. Ambas pensiones tienen origen en atropellos de derechos humanos de distinta naturaleza(…); mejorar el monto de la pensión Valech, al menos a la altura de la Pensión Rettig y que la pensión de sobrevivencia se pague en un 100% sin discriminación social ni de sexo a viudas, viudos y convivientes(…); terminar con el secreto de los 50 años establecido por el artículo 15 de la Ley 19.992 (…); que el Estado preste asistencia jurídica a víctimas y familiares para querellas por tortura que continúan pendientes (…); que se establezca una entidad estatal de carácter permanente para el reconocimiento y reparación de víctimas de la dictadura”[16].

6 de mayo de 2016. Tras diecinueve días en huelga de hambre, en un comunicado público, la Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos en Huelga de Hambre expresa que, a cinco meses del término de las sesiones de la Mesa de Alto Nivel, lo único que las víctimas recibieron a modo de reparación fue un bono de un millón de pesos que “funcionó más como un bono de fin de conflicto de un sindicato que como propuesta para solucionar una deuda histórica del Estado hacia los presos políticos del régimen militar”. Al mismo tiempo, hicieron un llamado “a l@s ex prisioner@s polític@s y torturad@s de la dictadura a apoyar esta huelga de hambre por el beneficio de todas y todos. Luchamos para que nuestro sacrificio sea el último, y lo hacemos con consciencia de lucha para que todos y todas podamos sobrevivir nuestros últimos años en forma digna”. En la declaración, además, expresa su rechazo a todo acuerdo político sin la participación de todas las organizaciones de ex presas y presos políticos[17]. Por su parte la Coordinadora de Ex Presos Políticos “Salvador Allende” y el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares, en una declaración pública, señalaron su rechazo al desconocimiento, por parte del Gobierno, de los acuerdos establecidos en la Mesa de Alto Nivel constituida luego de una prolongada huelga de ex presos políticos durante el 2015. Señalaron además que habían decidido “unificar fuerzas y esfuerzos para exigir del Gobierno y del Estado de Chile, que de acuerdo a los Tratados y Pactos internacionales firmados -y por tanto obligatorios-, cumpla sin más trámites los compromisos establecidos en diversas instancias”. Al mismo tiempo, calificaron de “acciones aisladas” todas aquellas que estén fuera del “Comité de Acción Unitaria” que quedó integrado por “tres miembros del Comando y tres de la Coordinadora, con el fin de concordar y planificar las acciones necesarias del momento, frente a las autoridades”[18].

9 de mayo de 2016. José Miguel Tardón Garcés, de 71 años de edad, ex preso político y ex trabajador de diario El Sur, inició una huelga de hambre, secundada posteriormente por otros ex presos políticos. Sus demandas fueron las siguientes: “que se iguale la pensión a la de un ex suboficial de Ejército, acceso integral a salud, a la vivienda, a las becas Valech, la reparación de $40 millones para cada ex preso, cambios en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y reparación en materia educacional”[19]. Tardón fue por otros ex presos políticos instalándose en carpas a un costado de la Catedral de la ciudad de Concepción.

13 de mayo de 2016. En un Informe de Ampliado, la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos, reunida en Valdivia, en referencia a los seis integrantes de la Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos, en Santiago, y Miguel Tardón, en Concepción, todos en huelga de hambre indefinida, señala que “queda de manifiesto la comprensión solidaria con estos compañeros; pero entendemos que no es la hora de acciones aisladas –por respetables que sean- para lograr que un Gobierno con escasa credibilidad respete sus compromisos”, y que “la primera definición política es que la Plataforma Unitaria es el elemento ordenador de nuestra acción”.

Conclusión y reflexión final

Nuestro propósito ha sido aportar con una visión que permita comprender, considerando el contexto histórico, las demandas de las huelgas de hambre de 2015, encabezadas por ex presos políticos de Rancagua y San Felipe, y, principalmente, la actual huelga de hambre de miembros de la Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos, que demandan al Estado de Chile verdad, justicia y reparación integral, en tanto que víctimas de prisión política y torturas durante la dictadura cívico militar.

Algunas reflexiones al finalizar:

1.- Después de veinticinco años de retorno a la democracia el Estado de Chile mantiene una deuda con los y las sobrevivientes de prisión política y tortura, así como con los familiares de detenidos desaparecidos, en relación a su paradero. El país sigue esperando por verdad, justicia y reparación integral conforme a los estándares que ha establecido el derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece en el Artículo 63, número 1, que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos “decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. En este sentido, reparación integral implica: investigar los hechos; restituir derechos, bienes y libertades; rehabilitar física, psicológica y socialmente; garantizar la no repetición de las violaciones; e indemnizar por daño material e inmaterial[20]. Es inaceptable que las y los ex presos políticos tengan que recurrir a un sacrificio máximo, como lo es una huelga de hambre, para tener una respuesta a sus justas demandas.

2.- La búsqueda de un camino que permita resolver las reivindicaciones de las y los ex presos políticos, así como el conjunto de demandas en torno a medidas de no repetición son todos desafíos que debieran ser asumidos en unidad, sin exclusiones de ningún tipo. Estamos enfrentando el reto de pensar los derechos humanos en su conjunto y con una proyección de futuro, de larga duración, pensando en las generaciones que vienen. Por tanto, es fundamental la acumulación de fuerza social que permita empujar dichas demandas y generar transformaciones estructurales que propendan al establecimiento de un nuevo pacto social. El modelo heredado de la dictadura cívico – militar, y perfeccionado por los gobiernos democráticos, no permite dar respuestas a las demandas de los movimientos sociales.

3.- Durante la dictadura las violaciones de los derechos humanos se basaron en las doctrinas del “enemigo interno” y de la “Seguridad Nacional”. Estas lógicas no se han desactivado, por lo que el Estado y sus aparatos represores mantienen aún instrumentos coercitivos que han afectado gravemente los derechos humanos. Las torturas infligidas por parte de Carabineros de Chile en contra del estudiante secundario y Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Roberto Zambrano, son una demostración de lo expresado anteriormente. El martes 17 de mayo Zambrano fue detenido en el marco de una movilización estudiantil y trasladado a la Tercera Comisaría de Santiago, donde efectivos de la policía le rompieron la ropa, lo obligaron a desnudarse y lo golpearon[21]. Este caso reciente no es, lamentablemente, un caso aislado y las autoridades del Gobierno lo saben. Denuncias por torturas han sido presentadas en el contexto de las movilizaciones del pueblo mapuche, algunas de ellas han derivado en querellas por torturas interpuestas en favor de niñas y niños, padres y madres, y autoridades tradicionales del pueblo mapuche, que también ha enfrentado la prisión política en el marco de sus legítimas reivindicaciones. No olvidemos aquí los asesinatos de mapuche en democracia: Agustina Huenupe Pavian (2001), Mauricio Huenupe Pavian (2001), Jorge Antonio Suarez Marihuan (2001), Edmundo Alex Lemunao Saavedra (2002), Julio Alberto Huentecura Llancaleo (2004), Zenén Alfonso Diaz Nécul (2005), Jose Gerardo Huenante Huenante (2005), Lonko Juan Lorenzo Collihuin Catril (2006), Matias Valentin Catrileo Quezada (2008), Johnny Cariqueo Yañez (2008), Jaime Facundo Mendoza Collío (2009), Rodrigo Melinao Lican (2013), José Mauricio Quintriqueo Huaiquimil (2014) y Victor Manuel Mendoza Collío (2014)[22].

4.- En este sentido, es urgente y fundamental, exigir al Estado de Chile tomar medidas reales de no repetición en materia de violaciones de derechos humanos, así como derogar aquellos dispositivos institucionales que protegen al poder fáctico cívico – militar, y no reinstalar un Estado de Excepción como consecuencia del creciente malestar social. Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido: la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el nombramiento de una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura; la tipificación del delito de tortura en el ordenamiento jurídico interno; la derogación de la disposición de la Ley de Reparaciones N° 19.992 que conduce a la impunidad; la derogación de la Ley Antiterrorista; la derogación del DL de Amnistía de 1978; el término del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas; el cierre de la base militar de Estados Unidos en Cón – Cón; la aprobación de una ley que establezca los derechos y deberes de la población penal; y la derogación de las disposiciones legales y reglamentarias que establecen “obediencia debida”[23].

[1] Manuel Andrade Valenzuela es profesor y licenciado en Historia e integrante de la Comisión Ética Contra la Tortura.

[2] En: http://www.derechos.org/nizkor/chile/Comtorturachl.html

[3] Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura

[4] Íbid

[5] Íbid.

[6] Íbid.

[7] Se sugiere el interesante análisis desarrollado por José Aylwin en: http://radio.uchile.cl/2014/02/03/epu-chile-desafios-para-bachelet, y el Informe de Derechos Humanos 2014 de la Comisión Ética Contra la Tortura: “Siempre hablaremos por los condenados de la tierra”, página 12.

[8] En: http://www.laizquierdadiario.cl/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_rubrique=1201&id_article=13808

[9] Las organizaciones de ex presos políticos quedó representada por David Quintana García, Santiago Quintanilla y Pedro Muñoz, mientras que el gobierno quedó representado por Patricia Silva, Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Francisco Ugas, Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Carta de Observadores del Proceso de Negociación de la Mesa de Alto Nivel para dar respuesta a las demandas reparatorias de las agrupaciones de ex presos políticos).

[10] En el sitio web del Ministerio Secretaría General de la Presidencia se estableció que «por parte de las víctimas de la dictadura asistieron miembros de la Comisión Negociadora que representan a ex huelguistas de hambre de la Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile (ANEXPPCHILE) con representantes de Santiago (Hirginio Esperguer), Rancagua (David Quintana, Santiago Quintanilla y Pedro Muñoz), Valparaíso (Arturo Samit) y Tomé (Juan Sandoval). Asistieron también del Comando Unitario de Ex Presos Políticos con representantes de la Brigada Nacional de Ex Prisioneros Políticos del Partido Socialista de Chile (BEXPPS); la Coordinadora Nacional de Ex Presos Políticos; Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos (FexPPF-CHILE); Coordinadora de Ex Presos Políticos del Partido Radical Social Demócrata de Chile; y la Agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura (EXMENORES)”. En: http://www.minsegpres.gob.cl/noticias/se-constituye-mesa-de-alto-nivel-con-representantes-de-ex-presos-politicos/.

[11] Representantes de la Cámara de Diputados (diputado Claudio Arriagada) y el Senado (senador Juan Pablo Letelier), del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), oficiaron como observadores y garantes del proceso de negociaciones.

[12] Carta de Observadores del proceso de negociación de la Mesa de Alto Nivel para dar respuesta a las demandas reparatorias de las agrupaciones de expresos políticos. Firmada por los senadores Juan Pablo Letelier y Claudio Arriagada junto a los representantes del ACNUDH del INDH.

[13] https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/ver/42260

[14] Comunicado de inicio de huelga de hambre indefinida de ex prisioneros políticos. Comisión de Ex Presos Políticos del Metropolitano. Santiago 18 de abril de 2016.

[15] En: http://radio.uchile.cl/2016/04/24/ex-prisioneros-politicos-siguen-en-huelga-de-hambre

[16] Declaración UNEXPP sobre huelga de hambre en curso.30 de abril de 2016. En: http://www.unexpp.cl/home/?p=2531.

[17] Comunicado Público de la Comisión Metropolitana de Ex Presos Políticos en Huelga de Hambre. Santiago 6 de mayo de 2016.

[18] Declaración Pública del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares y la Coordinadora de Ex Presos Políticos Salvador Allende. 6 de mayo de 2016.

[19] En: http://www.elciudadano.cl/2016/05/11/285280/en-carpa-afuera-de-la-catedral-de-concepcion-ex-preso-politico-cumple-tres-dias-en-huelga-de-hambre/

[20] En: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33008.pdf

[21] http://radio.uchile.cl/2016/05/22/tortura-en-chile-las-practicas-del-estado-en-contra-de-los-estudiantes-movilizados

[22] En: http://werken.cl/mapuches-asesinados-en-la-democracia-chilena/

[23] Informe de Derechos Humanos 2014 de la Comisión Ética Contra la Tortura. Op. cit.

 
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