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En este numero:

- Tautología de media noche; Dios y el diálogo de los políticos. Por Jorge Tarride
- El cuartel Silva Palma, centro de detención y tortura, fue declarado Monumento Histórico Nacional
- A 30 años de la transicional promesa que legitimó de alegría la herencia de la dictadura. Marco Silva Cornejo

- Sumario completo



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La impunidad protege a los criminales. Por Enrique Villanueva

Definitivamente desde 1989 en adelante, la impunidad es la condición mas notoria de la sociedad post dictadura. Es lo que ha permitido minimizar o exculpar de robos, colusiones, desfalco al fisco y de crímenes, a civiles y militares, a los arquitectos de la sociedad que refundaron a balazos en 1973 y a quienes acomodando sus intereses, construyeron una transición a la democracia sobre la falsa idea de “la justicia en la medida de lo posible”. Con esto, lo que hicieron fue facilitar una falsa e inexistente reconciliación nacional, permitiendo en la práctica, la reconversión de financistas de la dictadura, de represores y culpables de actos criminales en contra de la población, en políticos, empresarios y militares “democráticos”, lavándoles la cara y presentándoles como aportes al “modelo ejemplar”, único en el mundo según estos actores, de transición a la democracia en Chile.

Por lo tanto, la reciente resolución de la Corte Suprema, de otorgar beneficios carcelarios a reos criminales, causantes de cientos de asesinatos y casos de tortura, lo que hace, es dar continuidad a esta impunidad que corroe y denigra nuestra ya débil democracia. Permitiendo que un beneficio, que está establecido para todo reo en el sistema carcelario, se transforme en un derecho, que por definición no tienen, quienes están condenados por crímenes de lesa humanidad, que por definición son imprescriptibles.

Para nadie es un secreto que durante los años de dictadura, salvo excepciones por cierto, la justicia como poder del Estado, avaló o hizo la vista gorda ante las violaciones a los derechos a la vida, de miles de chilenos y chilenas, validando la persecución política, en ese período, con todas las consecuencias que ello trajo para millones de personas. Pero hoy, después de 37 años de democracia, conocidos los hechos, habiéndose constituido las comisiones Retigg y Valech, no cabe exculpar a quienes de manera consciente y voluntaria, crearon campos de concentración y tortura a lo largo del país, que violaron mujeres, asesinaron y que lanzaron al mar los cuerpos de sus víctimas, algunos de ellos vivos o vivas.

Pareciera entonces que el razonamiento de Eduardo Galeano, “que la justicia es como las serpientes, porque solo muerde a los descalzos”, cobra actualidad, porque refleja mas allá de cualquier argumento legal, que en este dictamen judicial se favorece a criminales de la peor calaña. Como ha sucedido antes con políticos y empresarios, los civiles no juzgados, a pesar de su vinculación con la dictadura, la que les permitió su enriquecimiento personal.

En el caso del caso de los ex militares, se argumentan enfermedades terminales o de otro tipo asociadas a sus edades actuales y ancianidad, sabedores los jueces que están presos hoy, por la acción tardía de la justicia, que les condenó por crímenes cometidos en su juventud, cuando eran el principal brazo armado del terrorismo de estado. Lo que se pretende olvidar es que esos ancianos de hoy, eran los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de la policía civil, plenamente comprometidos con una guerra unilateral declarada, bajo la excusa de la guerra anticomunista, en contra todos quienes pensaban distinto al orden dictatorial.

Quienes también fuimos militares y nos opusimos al golpe de estado de 1973, afirmamos que los crímenes por los cuales fueron condenados los recién beneficiados, fueron actos conscientes realizados por cada uno de ellos. Que fueron actos abusivos y violatorios de toda forma de seguridad pública, de manera tal que, al perpetrarlos, sus autores deben ser declarados enemigos de todo el género humano.

Gamaliel Soto Segura (condenado a 10 años y un día por secuestro calificado), Manuel Antonio Pérez Santillán (a 5 años y un día por secuestro), José del Carmen Quintanilla Fernández, Hernán Ernesto Portillo Aranda y Felipe Luis Guillermo González Astorga (estos tres últimos enfrentaban penas de 5 años y un día por secuestro calificado). Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán y Raúl Iturriaga Neumann, son asesinos autores de crímenes de odio que la sociedad debe sancionar.

Ellos y aquellos jefes civiles y militares de la época, actuaron utilizando la tortura como el medio de ganar la guerra demencial que le declararon al pueblo de Chile, la que denominaron y justificaron como la guerra “en contra el marxismo”. Una guerra con enemigos inventados, que eran los sindicatos, las asociaciones, las poblaciones, los intelectuales, las universidades y sectores de la iglesia; los opositores al golpe de estado y a la tiranía a impuesta por Pinochet.

La oficialidad de ese momento siguiendo órdenes de los mandos superiores de la dictadura (civiles y militares) impusieron el desprecio por el enemigo, torturando a quienes caían en sus manos con la mayor brutalidad posible, para marcar la tónica a los subordinados, participando en actos cobardes que hoy no admiten justificación alguna. Quienes sobrevivimos a esas hordas asesinas, sabemos que para los hoy viejitos decrépitos, fuimos el enemigo, apenas humano, calificados así para legitimar el tratamiento inhumano. Gustavo Leigh, Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán, Raúl Iturriaga Neumann, quienes exportaron las teorías sobre la tortura a Chile, "no solían llamar hombres a los enemigos. Tal cual lo habían hecho en Argelia sus instructores, se les llamaba ratones o animales, porque en tales circunstancias se les hacia fácil exterminar a sus enemigos, violar a mujeres y niñas o torturar hasta la muerte a sus víctimas, eran los y las “humanoides”.

El reciente dictamen judicial lo que hace es validar estas conductas aberrantes, minimiza las responsabilidades de los Jefes de las FFAA, o les exculpa, a pesar de que se conoce que ellos fueron la cabeza de un ejército que corrompió los cimientos de la doctrina militar, alterando la relación hasta ese entonces existente entre defensa, seguridad y la nación. Es un dictamen que intenta desconocer que los oficiales y sub oficiales indultados fueron, en sus respectivos cargos, quienes ejercieron el mando y cumplieron roles específicos en la represión, como jefes de campos de concentración, como oficiales de enlace de inteligencia, como torturadores, hasta los que asesinaron a personas, todos en su conjunto formaron parte de unas Fuerzas Armadas que llevaron a cabo políticas de exterminio organizadas desde el Estado.

El indulto o la entrega de beneficios carcelarios a ex oficiales y sub oficiales de las FFAA impide que éstas, como instituciones, abran la puerta de los cuarteles a la verdad, para que asuman sus responsabilidades en estos hechos. Por el contrario, reafirma la impunidad que neutraliza la verdadera justicia, dejando en el anonimato a culpables y encubridores de crímenes de lesa humanidad que, bajo las actuales condiciones, nunca serán juzgados y sancionados y que seguirán siendo absueltos.

Es una decisión judicial que valida el hecho condenable, que en las FFAA aún, a pesar de haber recorrido 29 años desde el término de la dictadura cívico militar, no hay un rechazo explícito respecto de su participación en la práctica del terrorismo de Estado. Por tal razón en sus mandos superiores, no predomina una convicción democrática ni el repudio al terrorismo de Estado, tampoco hay una autocrítica del papel que jugaron de violentar el orden constitucional.

Por todo esto, por la actitud permisiva del poder político y judicial, los valores democráticos aún no llegan a las fuerzas armadas, instituciones que requieren de cambios profundos en su doctrina y en los planes de formación de los Oficiales y Sub Oficiales, incluyendo explícitamente los tratados de derechos humanos y específicamente, lo referido a la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad. En la formación de los militares debe quedar en claro que las violaciones graves de los derechos civiles y políticos, durante la dictadura cívico militar, deben ser perseguidos por todo el tiempo que se requiera y con toda la retroactividad necesaria, para lograr el enjuiciamiento de sus autores.

Los militares de distintas ramas de las FFAA, quienes nos opusimos al golpe cívico militar de 1973, somos la prueba viviente de que es posible no cumplir órdenes ilegales o anticonstitucionales; órdenes que significaron atormentar, perseguir y asesinar a personas por el solo hecho de pensar distinto. Y el Estado democrático debe amparar estas decisiones individuales, eliminando la figura de la obediencia debida existente en el Código de justicia militar, la que permite que los mandos y los soldados deban obedecer escrupulosamente las órdenes emanadas de un superior jerárquico so pena de castigo.

Nuestra sociedad continúa esperando. Los esfuerzos hechos con las principales comisiones de verdad y justicia, sólo lograron un cierre simbólico de una etapa histórica y nunca fue para Pinochet y sus seguidores, la continuación de la derrota de la dictadura en el escenario político y de la justicia.

La impunidad en la que murió Pinochet, corroe hoy nuestra democracia e impide educar a las nuevas generaciones de chilenos y chilenas para la verdad, lo que implica entender cómo fue posible que la crisis estructural de la sociedad chilena se manifestara en el irrespeto de la persona humana. No permite educar para la justicia, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan sin ambigüedades y erradicando la impunidad. Los jueces, que con elevados argumentos legales, justifican el dejar en libertad a sujetos autores de crímenes de lesa humanidad, a pesar de los acuerdos internacionales que declaran este tipo de hechos como imprescriptibles, lo que hacen al final del día es, aumentar la sensación de impunidad en toda nuestra sociedad.

Los ex militares que no traicionamos a la patria, con la fuerza moral que nos precede, demandamos que la ley, no se detenga con el castigo a los delitos menores de la gente del común. La ley tiene que alcanzar a los que poseen por si mismos un gran poder y que hicieron uso deliberado y concertado de éste para poner en movimiento perversidades que, en el pasado, no dejaron un solo hogar sin un detenido o detenida, torturado o torturada, asesinado o asesinada, exiliado o exiliada, desaparecido o desaparecida.

Hace 45 años hubo civiles que respaldaron estos crímenes, estos fueron hombres de una condición y rango que les permitió no ensuciarse las manos con sangre, son quienes sabían como usar a jefes militares ambiciosos y corruptos, como herramientas. Aún está pendiente llegar hasta los que planearon y diseñaron el golpe cívico militar, los instigadores que aún se ocultan en la más absoluta y denigrante impunidad.

Estos son los gestores de una ideología contraria a la naturaleza del hombre, que valida la violencia como solución a los conflictos sociales, que impone la arbitrariedad al entendimiento con una mirada de clases, que subordina al que sienten inferior. Una ideología que impone la ley del más fuerte, cuyas reminiscencias hoy persisten en democracia (tutelada), en las desigualdades que impone el modelo económico creado en dictadura y aún, blindado por la constitución dictatorial.

Enrique Villanueva M.

 
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