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La memoria histórica, es uno de los principales ejes de la construcción de una izquierda valiente y orgullosa de su pasado. Por Enrique Villanueva

Hace apenas unos días, el 17 de Mayo, se exhibió un programa de televisión sobre el asesinato de Víctor Jara, el cual reafirmó una vez mas lo que todos sabemos, que fue torturado y asesinado en el Estadio Chile por Oficiales del ejercito. Testigos de lo sucedido y participantes indirectos de los hechos, entregan sus versiones, indicando a Tenientes y Capitanes de la época como los posibles culpables, pero como ha sido a lo largo de todos estos años, estos lo niegan o simplemente le restan validez a estos testimonios.

Aunque esto no es nuevo no deja de irritar, ya que pareciera que a estas alturas los campos de concentración enclavados en los cuarteles del ejercito, de la Fuerza Aérea, de Investigaciones, de Carabineros e incluso en la propia Esmeralda, se hubieran manejado solos y que nadie vio nada o que nadie tuvo responsabilidades de mando sobre ellos. Tal cual como ha sucedido en otras épocas, las redes del poder sumadas a la actual ley de amnistía, permiten ocultar a los culpables de verdaderas masacres y genocidios, aplacando, comprando o neutralizando las voces de quienes las denuncian o intentan hacerlo. Afortunadamente la memoria histórica es persistente, está impulsada por personas y profesionales que actúan con ética, por familiares que no cejan en su esfuerzo por lograr que se haga justicia, los que en su conjunto representan la conciencia moral de la sociedad, ubicando el respeto de los derechos humanos como un principio valórico fundamental.

Por eso y aunque no hubiese sido esa la intención de los autores del reportaje aludido, las imágenes mostradas en televisión revivieron un hecho que no deja de conmover aunque pasen los años, porque sintetiza el odio de clases que sus captores y asesinos sentían en contra de un hombre de la cultura y cantautor, para ellos un enemigo por el compromiso de este con el arte popular y por su militancia comunista. Este crimen por su ensañamiento, refleja la magnitud y extensión de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Pinochet, lo que no tuvo correspondencia con la forma como estas se resolvieron, pasándolas a un segundo lugar con el objetivo de proveer de tranquilidad al proceso de transición política iniciada en 1990, preocupación principal de los gobernantes de la época.

De allí en adelante se administró una democracia tutelada e incompleta, construida sobre una comunidad de intereses entre el modelo neoliberal heredado de Pinochet y la Concertación de partidos por la democracia. Por eso las falencias que aun tenemos en cuanto a políticas de estado que sancionen la violación de los derechos humanos, que impongan una sanción también social a los crímenes como el de Víctor Jara, que son crímenes de lesa humanidad, además de una política educativa que permita en nuestros niños se eduquen en torno al respeto de los demás.

En todo caso no se trata de mirar las cosas en blanco y negro desconociendo que en cuanto a descubrir la verdad y hacer justicia aunque parcial, y en cuanto a reparación a los familiares de las victimas hay avances, asi lo demuestran el papel de las Comisiones Retigg y Valech, las sentencias en contra de los Oficiales del ejercito que cumplen condenas en Punta Peuco. Pero en lo sustantivo aun hay mucho pendiente, me refiero a procesos judiciales, al proceso efectivo de recuperar y preservar la memoria histórica y a la no negación del pasado, justamente por las circunstancias y la magnitud de los acontecimientos ocurridos entre 1973 y 1990.

Es bueno repetir que la impunidad no solo se manifiesta en la denegación de justicia, sino lo que significa para los afectados el enfrentar procesos de investigación largos e infructuosos, y en la falta de condenas reales para los autores de estos crímenes contra la humanidad como es el caso especifico de Víctor Jara.

Por esto hay que seguir insistiendo en la justicia pero sin desconectar la historia actual del pasado, porque no se puede aceptar que se intente borrar la memoria de las personas tal cual se hace con un disco duro, formateándolo para luego reescribirlo, eliminando las evidencias de lo que no es conveniente o se quiere ocultar. Un discurso que esta presente también en el reclamado éxito del modelo económico, que por desgracia es transversal en la política chilena de hoy, olvidando que este se instauró durante la dictadura militar y en base a la represión de los opositores, criminalizando la expresión social y la democracia. Esta forma de ver la realidad aporta a desnaturalizar la política actual quitándole su historia y su principal sustento que radica en las ideas.

Las responsabilidades del golpe de estado son transversales de eso no hay duda, pero el asesinato de miles de chilenos tiene responsables directos que están, la mayoría ya jubilados, en el ejercito y en actores de partidos políticos fundamentalmente de derecha y disfrazados de centro. Por eso no es tolerable que se siga pensando que las FFAA son “aparte de la sociedad”, aceptando su incapacidad de limpiar su propia historia, y que pongan el "honor del uniforme" por encima de la verdad, tal cual lo hicieron todos los oficiales entrevistados en el programa de televisión referido al asesinato de Víctor Jara.

No solo en esta oportunidad sino que en otras, hemos sido testigos de como estos señores mantienen la misma prepotencia de antaño, sabedores de un poder civil cómplice e incapaz de exigirles cuentas por sus acciones. Quizás por el paso del tiempo y el olvido, solo quienes vivimos estas crueldades en carne propia recordamos la prepotencia de personas uniformadas sintiéndose estos, en esos momentos, los dueños de la vida ajena y de sus destinos.

Para juzgarles el contexto en el que actuaron es importante, sobre a todo quienes tuvieron responsabilidades de mando e incitaron a sus subordinados a cumplir ordenes que eran para tratar mal, torturar o asesinar a personas inocentes e indefensas.

Se podría alguien olvidar de Gustavo Leigh Guzmán, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, quien en un discurso por radio y televisión vocifero que “estamos en guerra señores” y después de haber ordenado bombardear la Moneda con el fin de asesinar al presidente Allende y a quienes se encontraban defendiendo el Palacio de gobierno. Si bien es cierto que para el resto de los Comandantes en Jefe la rendición de Allende era su objetivo, el bombardeo de la Moneda demuestra que Leigh lo que quería era sentar su primacía, para él Allende era el primero del “cáncer marxista” que semanas antes había jurado extirpar del país.

Leigh no envió los aviones a sobrevolar la Moneda sino que a destruirla no envió a los pilotos para asustar al presidente sino que para asesinarlo. Sin embargo y en otro ejemplo mas de la “lejanía” con que se tratan estos hechos históricos y del interés por hacer olvidar, el gobierno derechista empresarial de Piñera “se hizo parte de la querella” para investigar y ratificar que Allende se suicidó. En respuesta a esto la justicia citó a declarar a los pilotos involucrados en el bombardeó a la Moneda, todos identificados. Pero la respuesta de estos también fue categórica, no entregaron antecedentes por que no los recuerdan o por lealtad a sus compañeros.

Como no reclamar entonces por la ambigüedad conveniente con la que se han abordado los hechos relacionados a la violación de los derechos humanos, una actitud que sin lugar a dudas se transforma en una “patente de corso” para que sus autores sigan viviendo tranquilos, participando de la vida política o empresarial sin problema alguno. No es de extrañar entonces que bandidos presos, en verdaderos hoteles con todas las comodidades posibles, como el ex Capitán de ejercito Álvaro Corvalan, asesino confeso de jóvenes combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez entre otros, ofrezca al gobierno de Piñera sus servicios especializados de inteligencia para neutralizar una posible futura vuelta al gobierno de la ex Presidenta Bachelet.

Es cierto que juzgar a todos los criminales de lesa humanidad ha sido una cruzada a veces infructuosa aquí y en todo el mundo, por las redes que les protegen desde el poder internacional y nacional incluyendo al vaticano con el caso de los nazis fugados y que al final vinieron a parar a Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. Pero en nuestro caso la indecisión y la falta de valentía expresada en el llamado realismo político o pragmatismo, aportaron también a dejar problemas sin resolver.

Es cierto por otro lado que no siempre los tribunales funcionan en estos casos con la debida independencia, como sucedió con los Tribunales Militares interaliados después del fin de la segunda guerra mundial. Los aliados aceptaron al final, que los alemanes culpables de atentados contra las leyes y costumbres de la guerra, fuesen juzgados por el Tribunal Supremo de Leipzig, al cual una ley alemana del 17 de diciembre de 1919 había concedido esta competencia. Al final resultó que de los 816 criminales de guerra empadronados por las autoridades aliadas, el Tribunal de Leipzig condenó solo a 13 y a condenas no superiores a dos años de prisión.

Por ello y por nuestra experiencia, la verdad es que en materia de derechos humanos la justicia sin la fuerza es impotente, como también la fuerza sin la justicia es tiránica. El colocar juntas la fuerza y la Justicia no es precisamente lo que han hecho y tratado de realizar los jueces hasta ahora en nuestro país, para juzgar a los criminales de guerra y de las guerra inventadas como la del 73.

En Nüremberg los jueces, de un tribunal de vencedores, no quisieron condenar a los vencidos sin aportar las pruebas de su culpabilidad y sin darles la posibilidad de desprender su responsabilidad individual del examen contradictorio de esas pruebas. Los debates de Núremberg se prolongaron desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946, 403 audiencias con magros resultados.

En Chile por su parte la validez de la ley de amnistía, autoamnistía, de 1978 (Decreto Ley 2.191) heredada de la dictadura, ha facilitado el cierre de casos de violaciones a los derechos humanos, impidiendo que se conozca la verdad y protegiendo del procesamiento a los responsables de tales violaciones y cometidas en el pasado. Su aplicación por lo tanto es incompatible con las normas internacionales a las cuales Chile esta suscrito y que dicen relación a los Derechos Humanos.

Es hora entonces que los gobiernos futuros, el actual es difícil que lo haga, reconozcan sin ambigüedades la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura Pinochetista y apoyen sin cuestionamientos los esfuerzos de los familiares de las víctimas por esclarecer los hechos. Por aquí parte el compromiso de preservar la memoria histórica, saliéndole al paso a la impunidad la que, como ha sucedido en gran medida hasta ahora, menoscaba la verdad y la justicia.

Pero abordar los DDHH como un eje de construcción nacional tiene que ver con un cambio en el sistema político, en la actualidad vivimos con una constitución diseñada bajo un régimen de dictadura, que es la antítesis de la democracia y la génesis de las violaciones a los derechos humanos. Por tal razón la recuperación de los valores nacionales y democráticos reflejados en una nueva Constitución y en la construcción de todo nuestro sistema político, es un proyecto político imprescindible para el futuro inmediato.

Lo anterior también involucra a las Fuerzas Armadas, quiérase o no los militares aparecen en la memoria colectiva como los ejecutores del golpe y de las mayores violaciones a los derechos humanos. En contrapartida y cuando se señalan casos en los que aparecen las FFAA involucradas en estos procesos del pasado reciente, se evoca la defensa corporativa. Tal pareciera que aun se sigue invocando el apoliticismo de los militares, lo que fue y es una excusa para mantener a las cúpulas, particularmente a los Oficiales superiores, distanciados de la sociedad inmunes a la crítica y a la acción de los órganos de control político y social. La visión predominante es que se ejerce un sistema de control del Estado y de subordinación al poder político, pero en la practica se mantiene el mismo orden de cosas vigente desde antes del golpe de estado de 1973, el que se sostiene en el supuesto que las FFAA no son deliberantes y por lo tanto lo que hace es separarlas de la vida política del país.

La educación de los Oficiales y de los Suboficiales en las escuelas matrices continua desarrollándose alejado de la realidad del país y sin tomar en cuenta, en los planes de formación profesional, los quiebres democráticos en los cuales las FFAA participaron activamente a lo largo de nuestra historia, con lo cual no se podría asegurar que la herencia pinochetista se excluyó de nuestras instituciones militares.

Es cierto que han ocurrido ciertos cambios en cuanto a la tecnología y en cuanto a las estrategias de vinculación de las FFAA con la sociedad en general, en el ejercito de enseña la cátedra de derechos humanos en la formación de los oficiales, también es importante el papel que tanto la armada como la Fuerzas Aérea cumplen vinculando a las zonas alejadas de nuestro continente, además de acciones humanitarias en y fuera del país.

Pero todo eso no asegura que la visión estratégica de la doctrina de la defensa nacional integre el valor ciudadano, lo que no se trata solo de cambios técnicos o una simple adaptación al cambio de las circunstancias estratégicas. Las FFAA de Chile y la defensa como tal cumplieron un ciclo con la era Pinochet pero la nueva etapa iniciada en 1990 no ha significado cambios profundos en cuanto a su aporte al país ni a una visión distinta a la que significó nuestra incorporación a tratados internacionales. Me refiero a una visión distinta a la que históricamente EEUU construyó en el continente, ideologizándolas en torno a la DSN y a una guerra anticomunista continental, sino que una visión comprometida con el desarrollo de unas capacidades y de actuación militar autónoma en el seno de estos acuerdos. Esto incluye una visión distinta del servicio militar y la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y la correspondiente incorporación de la mujer en todos los empleos y destinos.

Es evidente que la concepción de la defensa nacional no ha tenido una revisión con carácter estratégico, saliendo de los cuarteles abriéndose en un amplio debate político, técnico y también social, sobre el futuro de nuestras FFAA.

El pasado reciente requiere de una cultura militar distinta vinculada a crear la conciencia ciudadana de la defensa del país, para lo cual se requiere de un esfuerzo de transparencia que se inicia con trasparentar lo pendiente en materia de violaciones a los derechos humanos, cuyo único objetivo es permitir un mejor y más profundo conocimiento de las opciones que como chilenos se abren en cuanto a la defensa y la seguridad en un mundo globalizado.

Dr. Enrique Villanueva M Vicepresidente Centro de Estudios Exonerados Fuerza Aérea -1973

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