La norma y la realidad

Aunque los Derechos del Niño fueron aprobados hace ya veinte años, un gran porcentaje de la infancia mundial sigue sometido a la explotación laboral y sufre la falta de escolarización, de asistencia médica y violencias tanto familiares como estatales.

Cuando el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reunida en Nueva York aprobó por unanimidad la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño –cuya elaboración había demandado diez años de negociaciones muy difíciles–, la situación mundial de la niñez era más que sombría. Si bien en las dos décadas anteriores –de finales de los años 60 a finales de los 80– se habían logrado avances considerables, el escenario empezaba a manifestar signos de degradación preocupantes. “Los progresos están frenados”, alertaba en ese momento James Grant, director general del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Los presupuestos de salud y educación de los países más pobres sufrían amputaciones drásticas producto de los planes de ajuste que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial les imponían para que “sanearan” su economía. La deuda del Tercer Mundo llegaba al umbral simbólico del billón de dólares, la ayuda pública al desarrollo no lograba superar el 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI) de los países ricos y, en algunos puntos del planeta, el ingreso medio de los más pobres se derrumbaba, en pocos años, en un 25%...