La nueva “Ley maldita”

¿Qué aconsejan los organismos de inteligencia a los gobiernos que enfrentan ciclos de conflictos sociales crónicos y movilizaciones masivas? En el pasado la respuesta no era muy sofisticada. Como alguna vez lo expresó el ex general Manuel Contreras, todo se basaba en “analizar y proceder”. Hoy, en cambio, las recomendaciones de este tipo de instituciones se ha sofisticado enormemente. Lo más probable es que orienten a las autoridades hacia la judicialización de la represión, evitando el costo político y comunicacional de las estrategias directas y de viejo cuño.

La judicialización supone moldear progresivamente la legislación de modo que se alcancen dos objetivos: disuadir a los ciudadanos a expresar públicamente su descontento, y en el caso en que lo hagan, anticiparse a sus posibles acciones reivindicativas, de modo que estén previamente tipificadas como faltas o delitos. De esa forma la ciudadanía se abstendría de acudir a manifestaciones por temor a ser sancionados solamente por el hecho de participar en ellas. Y si lo hacen, las autoridades podrían contar con instrumentos legales que le permitirían sancionar, bajo un manto de perfecta imparcialidad jurídica, a quienes rechacen en público sus políticas y orientaciones. La gran diferencia entre la forma tradicional de represión y la versión judicializada es que el nuevo modelo adquiere una mayor legitimidad social, política y jurídica, superando la imagen de brutalidad arbitraria y descontrolada con que se ejerce esta tarea. De esta forma un ministro del Interior podría argumentar que la policía se ha ceñido estrictamente a la aplicación de la ley, y que su acción no ha hecho más que sancionar delitos o faltas perfectamente delimitados en el marco de un Estado de derecho. Las acusaciones de parcialidad y abuso policial perderían su sentido...