El abuso, alma negra de la sociedad neoliberal.
Buena parte de las leyes chilenas fueron concebidas bajo la influencia de la teoría liberal del siglo XIX, que entendía la libertad en función de las personas y protegía ciertos derechos fundamentales mediante la presencia de un Estado Benefactor; el cual fue creciendo y ampliando los servicios gracias a las luchas sociales de los trabajadores. Posteriormente, a fines del siglo XX, las leyes fueron reformadas por el paquete neoliberal que tomó cuerpo en la Constitución de los 80’. Este nuevo cuerpo jurídico minimizó al Estado y puso los derechos de las personas en manos del mercado (educación, salud, previsión, trabajo, aguas, etc).
La fórmula compuesta por un liberalismo ultra y un mercado desregulado, fueron los elementos para que una minoría saliera revestida de la más amplia libertad económica y política, que le permitió construir una gigantesca e inédita maquinaria de generación de enormes ganancias, pero también, de producción masiva de abusos.
El abuso se convirtió en el síntoma de una grave enfermedad que padece la sociedad. El abuso es un hecho que provoca daño patrimonial o entorpece el ejercicio de los derechos de las personas. Por eso es esencialmente injusto. Del hecho abusivo surge, por una parte, los abusadores y, por la otra, las víctimas, los abusados. La razón de las protestas y conflictos sociales es por superar los abusos que golpean a los ciudadanos y se originan en los desequilibrios estructurales de la sociedad. El abuso tiene dos flancos: una institucionalidad que lo permite, y una estructura productiva que lo genera.
El moderno derecho al abuso.
Las leyes chilenas tienen tres caras: unas, castigan los abusos, otras, los regulan y protegen, y hay otras, que a título de normarlos, los permiten. Se sancionan aquellos abusos que surgen de la transgresión a las leyes. Se ventilan en la enorme y lenta maquinaria judicial, en un esfuerzo por castigar o corregir la conducta humana y manejo de los bienes, de acuerdo a una legislación que deja intangible las estructuras productivas, institucionales y sociales que causan los abusos.
Tal vez, lo más sorprendente, es la irrupción de leyes que regulan y protegen directamente los abusos, empezando por la propia Constitución que facilita las mayores libertades a las empresas, niega derechos básicos a las personas y asfixia la democracia; continuando con las leyes que regulan las ISAPRES, AFP, binominal, tributarias, apropiación de las aguas, inversiones extranjeras, energía y tantas otras. Estos abusos, la mayoría, surgidos de leyes-fuerza dictadas unilateralmente por la dictadura, no forman un estado de derecho donde el centro son las personas, sino un sistema arbitrario con leyes donde el centro son los intereses de los grupos de poder económico.
Finalmente, hay otras leyes que se dictan para mitigar abusos, pero en los hechos no hacen más que disfrazarlos, regulan el tema de tal manera que los permiten; por ejemplo, junto a las leyes ambientales crece el deterioro del medio ambiente; por la letra de los artículos que regulan las leyes financieras surge inmune la especulación, fuente de crisis que paga el pueblo chileno; a su vez, las leyes laborales que pretenden regulan el derecho entre partes desiguales, pero mantienen graves restricciones contra la parte más débil, acrecentando las desigualdades; bajo el amparo de las leyes antimonopólicas nace una descomunal concentración de capitales; a través de las leyes pro competencia se observa cómo las empresas con más capital arruinan a las pequeñas o hacen pacto entre ellas para manipular los precios; las leyes de la administración pública orientadas supuestamente al “bien común”, regulan un Estado fuerte para reprimir y débil para servir; “liberal con los ricos y absolutista con los pobres”; ágil y eficiente con las minorías y burocrático con las mayorías.
Los abusos macros.
Los abusos macros o estructurales nacen del régimen político y del modelo económico, ambos sistemas funcionan como un sólo cuerpo orgánico, en una perfecta simbiosis, organizado bajo el alero protector de la Constitución y Leyes Orgánicas. De esta realidad surge el abuso de carácter político, que se caracteriza porque los chilenos hemos perdido el derecho a modificar por la vía de elecciones y partidos, los abusos estructurales del sistema, reduciendo la libertad política a un simple sufragio desprovisto de la capacidad de provocar cambios.
La concentración exagerada de capitales priva de oportunidades a un porcentaje altísimo de la población, es la máxima expresión del abuso económico, así como la falta de democracia es la máxima expresión del abuso político. En la esfera de la actividad productiva, aparece un variado repertorio de abusos económicos, que son una ganancia extraordinaria generada en el intercambio de mercancías o en la prestación de servicios, sea en la órbita laboral, del consumo, de la educación, de la salud, de la previsión social, etc.
El abuso sistémico.
La actual sociedad de mercado es una gigantesca construcción empresarial que descansa en la constante transferencias de recursos y poder de las mayorías del mundo del trabajo hacia las minorías dominantes. Esta transferencia, como diría Gunnar Myrdal, consiste en los flujos de recursos proveniente de la retribución al trabajo, que llega a los productores e intermediarios de bienes y servicios, de ahí se reparte por diversos canales a las grandes empresas nacionales y externas, proceso que se repite sucesivamente en una tómbola de nunca acabar. La mayoría de la población vive con un reducido ingreso, sin embargo, son los que echan andar y financian un sistema succionador. Como sucede, por ejemplo, con el retail, las AFP, las Isapres, el complejo banca-seguros-empresas o IVA-fisco-empresas. El abuso sistémico continúa gracias a que las minorías pueden controlar la democracia, porque reciben los votos y el poder que transfieren la mayoría de bajos ingresos. El sistema binominal permite que esta trasferencia continúe hasta el fin de los tiempos. Se ha instalado un perfecto sistema donde la gente vota, trabaja y consume y un pequeñísimo grupo que acumula, manda y recibe el poder.
La fuente que produce los abusos.
Chile dispone de un coherente cuerpo orgánico de leyes que protegen una matriz productiva profundamente segmentada, generadora de enormes abusos expresados en desigualdad y bajos ingresos. El abuso social más grave que padece la sociedad chilena son las desigualdades, y éstas nacen de una estructura productiva donde, por un lado, unas pocas empresas controlan muchos recursos y capital, con alta productividad, vinculadas a los mejores niveles y canales del mercado y, por el otro, muchísimas unidades pobres, con escasos recursos, vinculadas a los canales más bajos del mercado. La población chilena en su inmensa mayoría trabaja en algunos de los estratos de esta matriz productiva sea produciendo mercancías o servicios. De manera que la población está atrapada por esta estructura diferenciada de las unidades de producción.
La magnitud de la desigualdad productiva se concreta en datos recientes elaborados por R. Infante y O. Sunkel de la CEPAL: las grandes empresas en Chile siendo apenas el 0.9% de las unidades de producción y servicio, disponen de la más moderna tecnología, generan el 77% del PIB, participan en el 84% de la inversión, producen el 83% del total de las exportaciones, y apenas proporcionan el 22% del empleo nacional. En cambio, las pequeñas, siendo el 80% de las “empresas”, participan sólo en el 4% de las exportaciones, reciben el 5% de la inversión y generan el 45% del empleo (la diferencia entre estos extremos corresponde a los estratos medios). Ello explica porque el 5% de los más ricos del país reciben un ingreso semejante a lo que recibe el 70% de la población (1). Esta situación tan desigual crea condiciones de ingresos, productividad, empleo, salud, educación, vivienda, seguridad social, en fin calidades de vida profundamente diferenciadas.
Sobre semejante infra estructura productiva se levanta el sistema económico e institucional que genera inevitablemente una sociedad deformada y segmentada, fuente de interminable abusos de diversa magnitud y escala. Este sistema está blindado por un cuerpo de instituciones que bloquean las posibles reformas (Congreso y Ejecutivo), y otras, para que todo siga funcionando de acuerdo al modelo establecido (Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Contraloría). Es esta enorme “desigualdad protegida” la que impide el desarrollo equitativo de la sociedad chilena.
(*) El autor es abogado, ex consultor de CEPAL, OIT y PNUD.
(1)“Heterogeneidad de la Estructura Productiva Latinoamericana: grave obstáculo al desarrollo y núcleo duro de la desigualdad. Notas preliminares. Ricardo Infante y Osvaldo Sunkel, abril, Notas preliminares, abril 2012.
