Le pregunté a un alto funcionario de la subdere al final del gobierno de Bachelet cual era la política de descentralización. Sonrió enigmáticamente y me dijo –No hay, todos la consideran de alto riesgo político. En el todo comprendía a la clase política. Puede que la ubicación del riesgo haya cambiado. Ahora puede ser más riesgoso no hacer nada.
Tres años después, Chile parece más largo y estirado que nunca. Zonas, hasta hace poco sólidamente controladas por el largo brazo del centro, cuestionan su lugar en el esquema de subordinación que le impone el poder central, rompiendo el mito de un país integrado.
Las bucólicas y paisajísticas imágenes del sur, las telúricas y majestuosas del norte, la brillante vitrina patrimonial del centro, cuelgan pesadamente del cuello de las regiones que no viven de esa imagen, la padecen. Las elites vacacionan en un paisaje exclusivo, se enriquecen de la tierra y venden la vitrina, pero la mayoría contempla como se destruye su entorno y le cambian la vida sin posibilidad de elegir.
La discordia
Los conflictos ocurridos entre el gobierno central y por ahora, tres regiones del país, han sido leídas en clave de centralismo versus descentralización o centro versus regiones abandonadas. Pero no es solo una cuestión de distancia y abandono. Esto es cierto pero no es todo el libreto de lo que está pasando.
Como es que menos del 4% de la población, sin gran peso político, ha sacudido tanto el centro se preguntarán muchos. Agreguemos un dato, si es poca gente, pero asentada sin embargo en el 48,5 % de la superficie del país. Si de regi ones abandonadas pasaran a regiones “integradas” vía subsidios o con menos impuestos como se discute en el sur o fondos regionales mas grandes como se debate en Calama ¿se resolvería el problema? ¿Es esa la cuestión de fondo? No. Esa es sólo la entrada a un problema más grande, más estructural.
Cuando analizamos las demandas de Aysén sostuvimos que “Las reivindicaciones de la movilización de Aysén, como la de Magallanes y de Calama plantean demandas sectoriales pero inevitablemente hay otras que tocan la estructura del modelo económico y los intereses que pesan en las decisiones…/… Esto es así por dos razones, el alto nivel de concentración de la economía y la alta integración de los grupos empresariales y políticos en el gobierno” (Aysén ¿Lo posible de lo imposible?)
Y a modo de conclusión señalamos que “Toda reivindicación sectorial o mínima choca así rápidamente no con un obstáculo a la medida del problema que la desató, choca con todo el muro. El modelo está articulado en torno a su núcleo duro y como reparte poco y el sector público no tiene la densidad necesaria para interponerse entre los grandes intereses privados y las demandas ciudadana, esta última rápidamente los confronta no por que quiera necesariamente, es que no tiene otra posibilidad.” Es esta contradicción la que induce la sobre reacción policial del gobierno para contenerla, lo que contrasta con la baja capacidad de reacción política y de contra propuesta.
El gobierno quisiera reducir el conflicto a reivindicaciones sectoriales que puedan resolverse con ajustes al margen sin cambiar de política. Un subsidio más acá, una asignación presupuestaria mas allá. Con ello pretende romper y disminuir el vinculo de los conflictos con el cuestionamiento más de fondo sobre cómo está estructurado y funciona el país, algo que para simplificar se denomina “el modelo”.
Esta distancia entre la talla del problema y la sombra que arroja es lo que empequeñece al gobierno y a sus funcionarios. Queda en evidencia cuando dice el enviado gubernamental a Aysén Rodrigo Álvarez “Discutir al mismo tiempo temas como una zona franca, la situación del bosque nativo, subsidio a la vivienda, transporte, es prácticamente imposible para efectos de restablecer un diálogo y llegar a un acuerdo”, (El mostrador.cl) “Existen expectativas desmedidas” concluye luego en tolerancia cero. Para controlar las expectativas intentan reducirlas con el garrote como problema de orden público y en lo político como aportes focalizados. ( x número de familias beneficiadas con el subsidio tal o cual).
Ciertamente que una redistribución geográficam ente más equitativa de los recursos financieros sería un amortiguador importante. El fondo de desarrollo regional no alcanza al 3% del presupuesto en 2011, si se le agregara un 5% de los impuestos derivados de las grandes empresas mineras al fondo regional este aumentaría unas 14 veces pasando de 712 millones a 10.312 millones de pesos. Sin mencionar las asignaciones regionales de los serviu y seremis de salud y educación. Algo sobre que discutir ciertamente. Pero esto no es todo.
Otras fracturas
La presión del capital sobre el territorio
La reacción de las regiones en conflicto nace ciertamente de una toma de conciencia de la desigualdad en el reparto y del precio que pagan por su marginalidad. Esto en rigor no es nuevo, los enclaves existían ya pero las regiones, antes provincias, hacían parte de un país donde tenían un margen de sustento local con menos presión externa, lo que no evitaba todos los problemas pero los amortiguaba.
Este frágil equilibrio se quebró con el modelo económico liberal, la penetración sin control del capital externo y las extremas facilidades dadas a los grupos económicos para explotar el territorio. Triste reputación la del único país del mundo que vende sus ríos y privatiza el agua.
Las regiones están siendo sometidas a una enorme presión extractiva que agota los recursos naturales como las pesca, o deja un costo ambiental desmesurado como la minería, de lo cual no se obtiene a cambio beneficio alguno. La depredación de la ciudad por el capital inmobiliario transforma, encarece y especula con viviendas, barrios y centros comerciales sin control.
La gente, en sus diferentes dimensiones de vida, se ve sometida a un cambio drástico, donde factores de sobrevivencia se destruyen y que no se compensan por los prometidos empleos locales. Algunas regiones por lo demás han acumulado tasas históricas de desempleo desde que el cambio de modelo económico destruyó el incipiente tejido industrial.
El territorio nacional está siendo fragmentado según la necesidad del capital sin que sus habitantes tengan condiciones de sobrevivir y menos de decidir. ¿De que otra manera interpretar el que ocho millones de hectáreas el 50% de la superficie del país este concesionado entre 20 nombres repartidos entre empresas y testaferros? (ver investigación de Marcela Ramos en Ciper)
¿Qué el 70% de la superficie de Tarapacá esté distribuido en concesiones mineras, 69% de Antofagasta y 70% de Atacama y que otro tanto ocurra en Aysén esta vez para asegurarle control territorial a Hydroaysen? Este problema no lo resolverá un subsidio ni una asignación presupuestaria, es un problema de sobrevivencia. ¿Qué puede un subsidio si se las condiciones de vida se degradan fragilizando a la población?
La impotencia de las mediaciones tradicionales Frente a la creciente toma de conciencia sobre la depredación del territorio, los ciudadanos se encontraron frente a una estructura política e institucional completamente vertical, casi sin participación y que reproducía los equilibrios políticos del centro hasta el nivel municipal. 145 municipios a la derecha 147 a la concertación 4 al PC y con estructuras de gobierno regional bajo control central.
A esto hay que sumarle que los cambios en la estructura laboral y asociativa debilitaron las medicaciones tradicionales, los sindicatos, las federaciones por rama, los partidos, el anclaje territorial de carreras políticas. El resultado es que de arriba nadie escuchaba y de abajo no se podía canalizar el descontento. Peor aún, los de arriba aparecen coludidos con los causantes del problema legislando exclusivamente a favor de los grupos económicos y la inversión extranjera. Eso creó un vacío político que ha comenzado a ser reemplazado por nuevas necesidades de asociación y de expresión.
Se trata de algo más vital, mas transversal y menos ideologizado de acuerdo los viejos parámetros de la política. Es la convergencia del infortunio y la necesidad la que encuentra la formula “tu problema es mi problema”. Las redes y coaliciones ciudadanas están emergiendo de esta situación.
El descontento acumulado abajo, a la distancia, frente a la creciente vulnerabilidad de las condiciones de vida encontró un canal de expresión a través de la identidad primera del ciudadano, el lugar donde se vive, donde están las redes sociales básicas, donde la confianza es más directa, dónde todos se conocen.
La ciudad y el territorio emergen como un nuevo escenario político, en el se visibilizan nuevos factores de identidad, de representación y de negociación que no se reconocen en los resortes tradicionales de la política. No importa como haya sido el último resultado electoral, ello no determina las lealtades, la disciplina ni el comportamiento en el terreno, de allí que los llamados al orden tradicional orquestado desde el centro y que las correas de transmisión institucional o partidarias dejen de funcionar.
La defensa del territorio
Este nuevo escenario no es único, otros países de América Latina lo están viviendo. La cuestión central es que los ciudadanos convergen hacia una defensa de su entorno inmediato porque las decisiones del centro gubernamental y del capital los agreden directamente, en materia de condiciones de vida.
Esto está siendo analizado como un viraje político eco-territorial en el que se rompen los tradicionales alineamientos. De un lado la izquierda desarrollista senil con sus viejas concepciones productivistas y estatistas queda junto con la derecha neoliberal extractivista y depredadora. No sólo si comparten la misma concepción sobre los recursos naturales y sobre el papel de la inversión sea privada o pública, además porque coinciden en el verticalismo y el centralismo.
El viraje no es menor, tiene un potencial devastador para los viejos modelos de empresa y estado. No es raro entonces que políticos, empresarios y burócratas tradicionales se vean tan obsoletos con sus teorías acerca del rol de uno y otro. Se podría hacer una antología de las políticas y declaraciones hechas en Chile en los últimos 30 años.
Los ejes de este viraje eco-territorial están presentes en la lucha de las regiones y en la redes ciudadanas que están emergiendo.
La preocupación por el bien común y los bienes públicos, la justicia ambiental, el vivir bien, los derechos de la naturaleza y la democratización de las decisiones, constituyen un nueva exigencia de contenidos para la política.
Es por estas razones que la clave de lectura del conflicto actual en términos de centralismo vs descentralización es insuficiente. Más aun si se la plantea sólo como una redistribución mas equilibrada geográficamente de los recursos.
Es la parte estructural del problema que asoma en las reivindicaciones lo que trae de cabeza al gobierno y a la política establecida. Pobre vocero gubernamental cuando dice “lo que único que quieren es hacerle problemas al gobierno”. Pero que otra le queda.
