Se acaban de cumplir cuatro años desde que, el 19 de junio de 2012, el ciberactivista australiano Julian Assange, paladín de la lucha por una información libre, se vio obligado a refugiarse, en Londres, en las oficinas de la Embajada de Ecuador. Este pequeño país latinoamericano tuvo el coraje de brindarle asilo diplomático cuando el fundador de WikiLeaks se hallaba perseguido y acosado por el Gobierno de Estados Unidos y de varios de sus aliados (el Reino Unido, Suecia).
La Justicia sueca exige que Assange acuda a Estocolmo a presentar directamente su testimonio sobre las acusaciones de agresión sexual hechas por dos mujeres a las que él habría mentido sobre el uso de un preservativo.
Julian Assange rechaza estas acusaciones y sostiene que las relaciones con estas dos demandantes fueron consentidas, y afirma ser víctima de un complot organizado por Washington. El fundador de WikiLeaks se niega a ir a Suecia, a menos que la Justicia de ese país le garantice que no será extraditado a Estados Unidos, donde podría ser detenido, conducido ante un tribunal y, quizás, según sus abogados, condenado a pena de muerte por “delito de espionaje”...
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