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Sobre el autor

Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid
Rector Universidad de Santiago de Chile.
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

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Página de inicio >> Junio de 2014

Los altibajos del primer proyecto de educación

por  Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid

El proyecto de ley que crea al Administrador Provisional y de Cierre en Instituciones de Educación Superior viene a saldar una importante deuda del Estado: la de asumir un rol diligente en la fiscalización del sector educativo terciario y no excusarse, como fue la tónica, de no contar con facultades pertinentes para hacerse cargo de situaciones límites como la vivida por la Universidad del Mar. Es decir, pretende asegurar que los esfuerzos de miles de familias chilenas por tener hijos profesionales no sean en vano, como tampoco se esfume la legítima aspiración del salto a la movilidad social que una buena educación permite.

Garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes y la continuidad de sus estudios es, entonces, el propósito principal de este proyecto que, además, se torna emblemático puesto que representa el primer paso concreto de la actual administración en orden a cumplir con la reforma refundacional del sistema educativo prometida en su programa.

Si bien creemos que es una excelente noticia para el país, los detractores del proyecto han hecho sentir su peso para morigerar el impacto de la iniciativa, remarcando, entre otras debilidades, que algunas de sus disposiciones inicialmente previstas, serían inconstitucionales y que en conjunto se promovería una indebida intervención estatal. Al parecer, estas quejas no consideraron que la normativa actual no ofrece salidas alternativas a una institución en crisis y sólo apela a su cierre, dejando en total abandono a los estudiantes afectados y a sus familias; o que este proyecto se constituiría en el salvavidas para aquellos planteles que están en franco deterioro y dar garantías de continuidad de estudios. Además, antes de tildar de inconstitucionales artículos como el 12 y 13 de este proyecto, el primero por indicar que no podrían hacerse valer algunos actos o contratos celebrados con anterioridad; y el segundo, por otorgar la facultad de rescindir una serie de actos y contratos, otorgados en perjuicio de la continuidad del servicio educativo, ¿por qué no dejar que las instituciones encargadas de velar por la constitucionalidad de los preceptos legales hubiesen hecho su propio análisis, en vez de gestionar la supresión de estos contenidos? A lo mejor se habrían encontrado con criterios que ratifican que el derecho de propiedad garantizado férreamente en nuestra Constitución, no es impenetrable: la ley puede establecer el modo de usar, gozar y disponer de la propiedad, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su “función social” o que el derecho a desarrollar una actividad económica debe respetar las normas legales que la regulan…

La fiscalización como un proceso imprevisto
Analizando el contexto en que este proyecto se sitúa, es necesario señalar que la idea de una fiscalización a fondo es un proceso que toma por sorpresa a las entidades privadas de Educación Superior. Si bien los artículos 64, 74, 81 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009 del Mineduc, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 20.370, más conocida como Ley General de Educación, LEGE, determinan que las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, pueden perder su reconocimiento oficial, esto solo se aplica en cuatro casos: si la institución no cumple con los fines fijados en sus estatutos; si incurre en infracciones graves fijadas también en su estatuto o en su reglamento académico; si realiza actividades contrarias a la moral, al orden público, a las buenas costumbres y a la seguridad nacional; o deja de otorgar los títulos que corresponden a su naturaleza.

Por tanto, hay todo un escenario de zonas grises en que perfectamente estas instituciones podrían actuar en desmedro del fin educativo y no ser sujeto ni de control, ni de sanciones. Y decimos que es un escenario nuevo en contraste con las exhaustivas revisiones a las que, por ejemplo, están sujetas las Universidades del Estado por parte de la Contraloría General de la República y de sus propias contralorías internas. Lo que implica, a su vez, que por cada peso público o privado que ingresa a las Universidades del Estado, se gasten 0.24 céntimos en rendición de cuentas. Un dato que presentamos no como queja, sino como la evidencia de los esfuerzos que se hacen por lograr una gestión transparente y apegada a la ley.

Por ello, si la figura del interventor abarcase a todo el sistema de Educación Superior, para las Universidades del Estado no sería un problema. Si ya han logrado sobrevivir y proyectarse en el tiempo frente a un total -o casi total- abandono del Estado, sólo en base a su insistencia por entregar una educación pública de calidad, la posibilidad de un interventor sería un gesto de preocupación frente a sus problemas mucho mayor que el que han logrado hasta ahora.

La lógica imperante
Ahora bien, ¿a qué responde esta laxitud del sistema frente a las instituciones privadas no tradicionales? Podemos esbozar que ello se debe a que los planteles que nacieron a partir de la reforma del año 81 -y que hizo crecer el sistema terciario de educación, desde ocho universidades a más de 70- surgieron en el contexto de una ideología de libre mercado respaldada a ultranza por la Constitución, la del Estado Subsidiario. La confianza está centrada en la iniciativa de los particulares como primera respuesta para satisfacer las necesidades colectivas, dejando en un tercer o cuarto plano de acción al Estado, el que solo opera en subsidio de la inactividad de los particulares, cuando éstos no pueden, no deben o no quieren actuar. Paradigma extremo, que solo en el ámbito de la educación rural ha llevado al alarmante diagnóstico de una oferta estatal deficiente y escasa o nula manifestación de la iniciativa privada.

En el artículo 19 n°21, nuestra actual Constitución, asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen; y en el artículo 19 n° 11 asegura la libertad de enseñanza, lo que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

Estos dos artículos son también claves para el análisis.

Algunos entendieron que bajo la lógica del libre mercado, la educación podía ser un negocio. Y hasta ahora lo ha sido, puesto que si bien es el propio legislador quien ha establecido la prohibición del lucro para las universidades privadas, al señalar en el artículo 30 de la Ley 18.962 -Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, más conocida como LOCE-, que las universidades que no sean estatales deberán crearse bajo la forma de corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, para el efecto de tener reconocimiento oficial, no es menos cierto que la normativa nacional ha sido poco enfática y no aporta un correlato de sanciones civiles o penales, ni la tipificación de un delito que permita llevar a los tribunales a quienes especulan en este ámbito. ¿Qué significa esto? Que por muchos años no ha existido voluntad política para ver y tomar medidas respecto a los excesos que ha provocado la desregulación.

Insistimos, los planteles que actualmente están cuestionados han aprovechado un modelo económico que delineó la Constitución que nos gobierna, exacerbando el modelo. Por ello creemos que el lucro en las universidades privadas debe regularse, pues compromete, incluso, recursos aportados por el Estado.

Entendemos que tiene razón el ministro Eyzaguirre cuando indica que la libertad de enseñanza no debe asimilarse a libertad de emprendimiento con el fin de “obtener ganancias en la enseñanza”. Pero estos límites aún son difusos y habrá que demarcarlos con mayor nitidez modificando la Constitución y avanzando con paso firme en materia de fiscalización. Una señal clara en este sentido es el proyecto de ley que estamos analizando y que constituye una primera buena señal del Estado para la educación chilena.

*Rector Universidad de Santiago de Chile.
Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

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