Los peces chilenos irán a unas pocas manos

Chile como país oceánico se ubica en el Pacífico suroriental, una de las cinco áreas marinas más productiva y con mayor biodiversidad del planeta. Sus 3,6 millones de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales, superan cinco veces su superficie terrestre. En sus 4.200 kilómetros de costa expuesta y otros 30.000 de costa protegida, especialmente en los archipiélagos y fiordos de Chiloé y las regiones patagónicas de Aysén y Magallanes, se asientan 436 caletas, las que albergan a 81.197 pescadores artesanales y sus familias, las que conviven con 57.571 trabajadores que laboran en la flota industrial y plantas procesadoras.

En diciembre del 2011, el gobierno de Sebastián Piñera a través de su ministro de Economía y pre candidato presidencial Pablo Longueira, ingresó a trámite legislativo el texto de ley que reemplazará la actual ley de pesca y acuicultura vigente, especialmente en lo relativo a la ley 19.713, la cual caduca el 31 de diciembre de 2012. Esta ley regula el sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Pesca (CIT), acordado transitoriamente por 10 años entre el gobierno de Ricardo Lagos y los grandes empresarios pesqueros durante el 2001, que caduca el 31 de diciembre del 2012. El proyecto de nueva ley de pesca también definirá la división de las cuotas globales de captura entre la industria y los pescadores artesanales, unida a modificaciones en la institucionalidad y la administración pesquera.

La denominada ley Longueira reconoce excluyentes privilegios monopólicos al empresariado pesquero industrial, mediante la entrega de licencias indefinidas de pesca, basada en supuestos “derechos históricos” sobre la propiedad de los peces del mar chileno, derivados de las inversiones realizadas y la entrega temporal de cuotas individuales de pesca por parte del gobierno de Ricardo Lagos el 2001. Los 4 conglomerados industriales beneficiados son Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur S.A. y FoodCorp, propiedad de las familias Angelini, Lecaros, Sarquis, (...)