En kioscos: Abril 2024
Suscripción Comprar
es | fr | en | +
Accéder au menu

Recorrido por los conflictos socioambientales en Chile

Mapa del despertar comunitario ante la somnolencia autoritaria

De norte a sur los consorcios del capitalismo global -chilenos o extranjeros- han dejado un reguero de desastres en su afán de explotar recursos naturales o desarrollar empresas que aseguren ganancias rápidas. Pero se han encontrado con la resistencia, muchas veces silenciosa, de las comunidades que han logrado articularse para hacer frente a tamaña amenaza.

En primer año de ingeniería en la Universidad de Chile, les preguntaron en una prueba a los estudiantes si para proteger a las ballenas era más aconsejable declararlas patrimonio natural o entregárselas a un privado. La respuesta de la pauta era la segunda opción, bajo el supuesto de que si hay un interés económico detrás, hay estímulo para el cuidado. Es la misma premisa, adoptada a nivel planetario como correcta desde Río 92, que significó la adopción de políticas que permitieron la privatización de la naturaleza y que ha llevado al país a un estado de conflictividad socioambiental sin precedentes, mientras cientos de localidades luchan para ser decretadas territorio protegido o zona patrimonial de modo de garantizar de algún modo su deseo de seguir viviendo, y en tanto autoridades y academias se mantienen esclavas de un modelo económico que crecientemente las comunidades ya no soportan más.

De hecho, ante Rio+20, 16 organizaciones que no tienen representación de base, (de las casi 110 mil organizaciones sin fines de lucro que existen en el país) realizaron junto al gobierno el documento “Posición país” que da cuenta del punto de vista nacional sobre cuestiones como la economía verde, la gobernanza ambiental, y la mercantilización de la naturaleza. El documento chileno suscribe cabalmente los postulados de la ONU hacia Rio+20, desconociendo de manera aberrante la disconformidad de cientos de miles de chilenos y chilenas con el modelo extractivista que han hecho sostenedor de nuestra economía.

Y es evidente, la hegemonía cultural que ha impuesto el neoliberalismo en el país, rinde frutos, o al menos, los rendía. Esta hegemonía, en nuestra mirada, comenzó con la siembra del miedo y la desconfianza en la dictadura, prosiguió con la ruptura de la asociatividad en los gobiernos de transición hacia una profundización del modelo, intencionalmente llamada democracia, para dar como resultado individuos que compensaban su frustración en el consumo; no por nada somos el país con mayor tasa de endeudamiento per cápita de la región. Esto aparejado a una cesión al mercado de los medios de comunicación, del sistema educacional, de la salud, de los bienes comunes, trajo niveles de concentración de la propiedad y del ingreso, pero también de la reproducción de conocimiento, que determina que hoy se asuma como normal, como que “siempre ha sido así”, los niveles de esclavitud conceptual, humana y de la naturaleza que rigen, o regían, los destinos de nuestro país.

Sin embargo, las pesadillas duran hasta que se despierta, y el fenómeno que se vive hoy en día en Chile, tiene mucho que ver con el despertar colectivo que poco a poco se va generando. Las comunidades se niegan a seguir transformando a sus hijos e hijas, sus territorios, sus cosechas, sus lugares sagrados, su presente y su futuro en ofrenda sacrificial al Dios dinero.

De Arica a Punta Arenas despierta la noción de ser sujetos de derecho y no sólo objetos de mercado. Frente a la embajada de Brasil, las comunidades de la región de Atacama gritaban “educación, salud y medio ambiente, son nuestros derechos no se venden, se defienden”; y es el mismo grito de los estudiantes que desfilan por todas las calles del país exigiendo fin al lucro; o de las comunidades mapuches, brutalmente criminalizadas, que exigen ser respetadas como nación con una cosmovisión otra; o de las regiones como Aysén, Magallanes o Calama que se levantan para no ser más castigados por un centralismo que invierte en la Región Metropolitana un 85% del presupuesto del Estado.

En este escenario, mientras el gobierno comunica en los medios de comunicación que en el país se invertirán 91 mil millones de dólares en nuevos proyectos mineros de aquí al 2020, es decir casi cinco veces lo invertido en los últimos 20 años en el sector, con una ola de devastación, sequía y contaminación que este país minero nunca había conocido; las comunidades dicen basta a los nuevos proyectos mineros, pero también a los proyectos energéticos para el consumo minero, y a las carreteras, puentes y obras civiles que van en beneficio de la minería y no de los vecinos. Y esto es particularmente interesante, porque jamás se visibiliza a las comunidades que las obras tienen un destino minero, pero hay cada vez más personas capaces de leer entre líneas los discursos de la autoridad y sacar conclusiones trascendiendo el cortoplacismo.

De norte a sur

Un mirada rápida a los conflictos socioambientales actuales, muestra a las comunidades de Arica y Parinacota en contra del proyecto minero Catavane al interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas, en contra del proyecto minero de manganeso Los Pumas que pretende usar aguas del río Lluta, y en contra de la desafectación del Parque nacional Lauca para beneficio de la minería canadiense. En Iquique, en tanto, se levantan los jóvenes oponiéndose a las termoeléctricas Patache y Pacífico; o logrando fallos favorables en la defensa de la Pampa del Tamarugal contra la Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Soledad (Cosayach); o presionando al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta para que no permitiera el traslado de sus aguas a la región de Iquique, presión que anuló las pretensiones de la minera Doña Inés de Collahuasi para extraer aguas del Loa.

La región de Antofagasta, epicentro del boom (qué más que nunca recuerda a la onomatopeya de explosión de las caricaturas infantiles) minero, encuentra en Antofagasta a la ciudad con más mortandad por cáncer en Chile; el seremi de salud. Doctor Carlos Madrigal, luego de haber develado los datos que permitían comprender la gravedad de la situación, fue destituido. En San Pedro de Atacama, frente a los intentos de extraer (...)

Artículo completo: 3 213 palabras.

Texto completo en la edición impresa del mes de julio 2012
en venta en quioscos y en versión digital
E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl

Adquiera los periódicos y libros digitales en:
www.editorialauncreemos.cl

Lucio Cuenca

Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos ambientales (OLCA).
www.olca.cl

Compartir este artículo