El anuncio de un probable indulto a criminales directamente involucrados en violaciones de los Derechos Humanos, a crímenes de lesa humanidad, a crímenes de Estado, ha sacado a Chile del letargo informativo internacional y una vez más la conciencia crítica del mundo observa con estupor lo que ocurre en el país austral.
Uso la palabra estupor porque es la más liviana para explicar lo que suscita una extraña democracia regida por una constitución hecha y legada por una dictadura, cuyo único recuerdo posible es el asco y el deseo de que nunca más se imponga una satrapía semejante.
Y más estupor aún causa que sea la iglesia católica la que se inmiscuya en materias que son única y exclusivamente patrocinio de la sociedad civil, con consejos impregnados del característico lenguaje sibilino de la iglesia católica.
No soporto a los curas hablando de sexo porque voluntariamente y siguiendo un pseudo mandato divino que los remonta al medioevo, han renunciado voluntariamente a la sexualidad, con las consecuencias gravísimas de los miles de casos de pedofilia que han asqueado a la sociedad, o con las declaraciones inaceptables como la del obispo de Tenerife, Bernardo Álvares, el que aseguró que “hay niños de provocan y desean el abuso”, o con la ejemplar conducta del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Macel, que no sólo abusó sexualmente de casi un centenar de seminaristas, sino que además tenía una mexicanísima “casa chica”, con una supuesta esposa, hijos e hijas, de las que también abusaba sexualmente.
Tampoco soporto a los curas hablando del aborto, porque la iglesia como institución medieval que es, basa su discurso en la degradación de la mujer y propone que toda la existencia de la mujer no merece más que dos menciones: la virginidad y la maternidad.
Y al hablar de Derechos Humanos, si bien es cierto que en Chile un sector de la iglesia se puso al lado de las víctimas de la dictadura, también lo es que otro sector, el de los Hasbún, por ejemplo, no sólo aplaudían y justificaban los crímenes atroces de la dictadura sino que la alentaban espiritualmente a ir más lejos, a la aniquilación de los que sufrían, al exterminio de los que defendían un sueño democrático.
Un país dotado de normalidad institucional no precisa del indulto, esa curiosa potestad de reyezuelos, sino de normas fijas que aseguren el imperio de la justicia. Y mucho menos necesita que la iglesia se arrogue una especie de supremacía moral por encima de la voluntad ciudadana.
En Chile costó mucho, demasiado, que la justicia asumiera su responsabilidad, juzgara y condenara a los responsables de los crímenes más atroces y perversos de nuestra historia como país. Fue largo y difícil, y la sociedad tragó sapos, como por ejemplo, que la mayoría de los asesinos condenados esté en cárceles de lujo y que todavía conserven sus rangos y salarios como miembros de las fuerzas armadas. La extraña transición chilena, fundada sobre un pacto con la dictadura que debería avergonzar a todos y todas lo que lo firmaron, a espaldas de la mayoría, nos sumió en la cultura de la aceptación del mal menor, intentó despojarnos de la autoestima ciudadana, nos propuso y propone que nos conformemos con las migajas de lo que merecemos. Y eso es justamente lo que la iglesia católica hoy repite al proponer un indulto que incluye a criminales confesos que, aunque sea en sus cárceles de cinco estrellas, deben cumplir íntegramente sus condenas. Una sociedad que perdona, olvida o indulta a violadores de los Derechos Humanos, a los torturaron con entusiasmo, a los que violaron y se ufanaron de sus acciones, a los que degollaron opositores y nunca dieron muestras de arrepentimiento, a los que hicieron desaparecer a más de tres mil compatriotas y se niegan a decir dónde está sus restos, a los que robaron los escasos bienes de sus víctimas, insisto, una sociedad que perdona estas acciones es una sociedad enferma, es una sociedad que perdió su derecho a existir como tal, es una sociedad que acepta voluntariamente la impunidad y la barbarie.
La mayor parte de la sociedad chilena dijo NO a la impunidad y dijo también NO a la prevaricación. Por desgracia estos rotundos NO fueron administrados políticamente por aquellos que -y veinte años de gobierno lo demuestran- no tenían ni la intención ni la voluntad de retornar a la normalidad democrática, al imperio de la sociedad civil.
Una sociedad sana hace cumplir las leyes, respeta las disposiciones judiciales, garantiza la imparcialidad de los juicios y vela por el cumplimiento de las condenas. Una sociedad sana se asegura a sí misma sacando de la vida civil a quienes han violado todas las normas de la convivencia civilizada. Una sociedad sana sabe diferenciar entre el ladrón de gallinas y el que ha fundado una organización estatal para el exterminio de los opositores. Una sociedad sana, verdaderamente sana, les guste o no a los curas y a Piñera, se rige necesariamente por la máxima del Conde de Montecristo: Ni Olvido ni Perdón.
Don Francisco Javier Errázuriz alude a la necesidad de una “justicia con clemencia” o de una “ justicia basada en la misericordia”. ¿No le parece suficiente clemencia que los que sufrimos hayamos desechado la idea de reimplantar la pena capital en Chile? ¿No le parece suficiente misericordia que todavía esperemos un perdón dicho en voz alta y bien pronunciado, por el ejército y por el Estado chileno? ¿No le parece que somos muy justos al permitir que criminales como Manuel Contreras o Miguel Krasnof estén en cárceles de lujo y sean medicados por sus deolencias?
Hay una máxima, real o no, que dice: “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Que el gobierno de Piñera y la iglesia sepan: los chilenos, en materia de Derechos Humanos decimos NO al Indulto. No al Perdonazo. No a la Amnesia como razón de Estado. Con todas sus letras y en voz alta, la sociedad chilena grita ¡Ni Olvido ni Perdón!
Luis Sepúlveda, Gijón, 25 de julio de 2010
